Transantiago: licitación pública y certeza jurídica

La licitación del nuevo sistema de transporte urbano para Santiago no ha estado exenta de polémicas, retrasos e imprevisiones. Al asumir el presente gobierno, era reconocido por las autoridades la necesidad de llamar a un nuevo procedimiento de licitación, puesto que las actuales concesiones estaban próximas a su vencimiento y se hacía imprescindible introducir mejoras para elevar la calidad del servicio.

Es así como a mediados de 2015, el Gobierno creó la Secretaría Ejecutiva del Transantiago, bajo la dirección del actual Subsecretario de Transportes. Al alero de esta nueva institucionalidad, en febrero de 2016, se realizó un proceso de consulta ciudadana para recoger propuestas de los usuarios y mejorar el sistema de transporte urbano. En diciembre de 2016, si bien el Gobierno publicó el contenido esencial de las bases de licitación para adjudicar los nuevos recorridos, tres meses después, marzo de 2017, se posterga su ingreso hasta mayo del mismo año. Producto de los elevados índices de evasión y el cambio del titular de la cartera de transporte, se enviaron en junio las bases a la Contraloría, y en agosto el ente contralor le propuso al Ministerio de Transporte retirar y revisar el contenido regulatorio de las bases de licitación. Aparentemente, éstas tendrían problemas con la expropiación de los terrenos necesarios para la instalación de los terminales y de los recintos para dejar y retirar buses por parte de las empresas operadoras.

Finalmente, el 5 de septiembre, el Ministerio de Transporte reingresa las bases de licitación a la Contraloría, incorporando cambios relevantes en cuanto al régimen sancionatorio. Sobre las multas, no se incorporó una limitación específica en cuanto al monto aplicable.

Asimismo, las bases incorporan causales de caducidad de los contratos, asociadas a la prestación deficiente del servicio de transporte. Ello implica un duro atentado a la seguridad jurídica, puesto que la caducidad debe configurarse para los incumplimientos más graves de las obligaciones del concesionario, y siempre sometidas a fuertes exigencia de un debido procedimiento, racional y justo, en el cual el concesionario pueda exponer las debidas defensas de sus intereses.

La proximidad del término del Gobierno aumenta la incertidumbre sobre el éxito en la correcta y adecuada selección de los nuevos operadores del sistema de transporte capitalino. La ausencia de un resorte legal específico que lo regule ha permitido que sean las bases de licitación el mecanismo para introducir nuevas condiciones, cargas y requisitos configuradores del ejercicio del mercado del transporte urbano.

La legítima demanda de un nuevo modelo de transporte público para Santiago, exige un alto estándar en su diseño e implementación. En este sentido, una política pública cuyos efectos repercuten profundamente en la calidad de vida de gran parte de la comunidad, exige que el Estado genere condiciones de estabilidad y certeza jurídica que trasciendan al Gobierno de turno, y se transforme en una política del Estado con independencia de las orientaciones políticas.

Las repentinas modificaciones de las bases de licitación, no solo aumentan el grado de desconfianza en una política pública cuestionada constantemente por la ciudadanía, sino que también condicionan el real interés de los futuros operadores en participar en un proceso licitatorio sujeto a constantes vaivenes regulatorios.