Incendio en la cárcel de San Miguel: el expediente del documental sobre la tragedia

¿Cómo filmar un documental sobre aquello que parece imposible de filmar? Todavía inmersa en un extenso proceso de investigación que inició en 2016, la realizadora Francina Carbonell (28) meditaba opciones sobre a qué imágenes recurriría para crear una película de no ficción sobre el incendio que dejó 81 muertos en la Torre 5 de la cárcel de San Miguel, el 8 de diciembre de 2010. Reconoce que en medio del torbellino creativo, y ante la aparente ausencia de alternativas más a la mano, incluso una de las ideas que barajó fue emplear alguna técnica de animación para representar el horror.

Tras un par de años de cabeza en el proyecto junto a un grupo de compañeros de universidad, la directora halló el material audiovisual que constituiría el grueso de su ópera prima, El cielo está rojo. “Los siguientes archivos fueron obtenidos de la carpeta judicial del caso”, se explicita en los primeros minutos de su pieza.

“Son archivos públicos y pueden ser utilizados, pero el proceso de conseguirlos fue arduo”, señala Carbonell sobre esa gestión, respaldada por el contacto que estableció con la ONG 81 Razones, que conforman padres, parejas e hijos de las víctimas de la tragedia.

Tanto la obtención de ese material como su vínculo con los familiares definieron lo que se puede ver en su cinta (estreno este jueves en salas de cine): una reconstrucción cuidadosa y estremecedora sobre lo que sucedió durante esa madrugada hace 11 años, a la que da forma mediante las imágenes de las cámaras de vigilancia de la prisión, el registro audiovisual de la reconstitución de escena en el lugar y los audios del juicio que terminó con los gendarmes acusados finalmente absueltos.

“Ante este tipo de tragedias la gran problemática es que es complejo sostener la mirada, nos dan ganas de cerrar los ojos. Y siempre es muy difícil tratar el dolor ajeno, da mucho miedo no estar a la altura, no poder entenderlo del todo”, explica sobre su largometraje, premiado como Mejor documental en el último Festival de Guadalajara y estrenado mundialmente en 2020 en IDFA, una de las mayores cumbres del cine de no ficción.

Tempranamente, la directora –egresada de la Escuela de Cine y TV de la Universidad de Chile– descartó pulir el material al que accedió con corrección de color o un trabajo más sofisticado. “Las fallas de los archivos históricos en realidad nos están aportando mucha información. Que la imagen esté pixeleada o que la cámara no muestre lo que está ocurriendo nos hablan de quién está filmando, cómo está filmando y para qué está filmando”, sostiene. “Es una actitud algo detectivesca, pero no para encontrar un culpable, sino que para poder leer otras cosas en la misma imagen”.

Debido a que esa apuesta visual por sí sola le parecía algo fría y mecánica (es un trabajo desnudo de entrevistas realizadas desde el presente, por cierto), buscó que la cinta ganara en cercanía con la composición de su diseño sonoro, una inmersión en los hechos de ese 8 de diciembre y en las declaraciones de jueces y acusados, así como también en algunos elementos propios de la intimidad de los reos. “No me interesaba hacer un documental meramente informativo, sino que quería ingresar en las emociones de ese momento, pero sin caer en algo hiper emotivo, porque había cosas reales y concretas. Fue un trabajo de artesanía hasta encontrar esa distancia justa”.

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La fatalidad de 2010 encontró a Carbonell en una sala de clases en el colegio. A través de un televisor, se enteró cómo los noticiarios brindaban las primeras informaciones sobre los internos y la desesperación de las familias ante la tragedia y las respuestas tardías. “Hubo algo de eso que me atravesó, no solamente por lo fuerte de la imagen, sino que también por entender que era algo que estaba ocurriendo de parte del Estado”, dice.

La película que decidió hacer como respuesta a esa inquietud estuvo lista a meses de que se cumpliera una década desde el incendio. El cielo está rojo quedó seleccionada en festivales internacionales, pero antes de cualquier proyección en el extranjero, durante el verano de 2020, agendó en Matucana 100 una función especial con familiares y cercanos a las víctimas, agrupados en 81 Razones.

La cineasta recuerda especialmente una respuesta de los asistentes: “Una de las madres se me acercó y me dijo: ‘Qué alivio ver el relato, nunca había visto cómo habían sucedido las cosas’. Para mí, eso fue todo. Ahí está el sentido de lo hicimos y todo lo que venga a continuación es un regalo”.

“Desde un comienzo realizamos un trabajo muy estrecho con la organización de los familiares”, puntualiza. “Nos hicimos amigos y compartimos, y yo aprendí mucho de su lucha, que consiste en acciones concretas y también en enfrentar colectivamente ese dolor que es insoportable, es el peor de los dolores. Eso me transformó y también transformó el punto de vista del documental”.

Si bien la directora afirma que “no hice la película articulándola para que pudiese servir en una causal judicial”, lo concreto es que el filme es revelador en cuanto a las responsabilidades de esa madrugada y lo que vino posteriormente. “El documental logra mostrar ciertas vicisitudes del juicio, lo que a ellos les sirve. Ellos como organización están discutiendo si efectivamente puede ser algo que los ayude o no”.

En sus funciones en encuentros en el extranjero, “impactó el nivel de negligencia institucional, su tardanza y desorden”, pero sobre todo, especifica, asombró que el caso se cerrara sin condena a individuos. De hecho, en noviembre de 2020, el Séptimo Juzgado Civil de Santiago dictó un fallo en que se ordenó al Estado pagar una indemnización total de cerca de $ 3.800 millones por el concepto de daño moral a las familias de los convictos que murieron en el incendio.

Carbonell comparte la insatisfacción de los cercanos a los fallecidos con esa conclusión. “En este caso no se investigó hacia la Dirección Regional ni hacia la Dirección Nacional de Gendarmería. Aquí hubo responsabilidades específicas, pero también hubo muchas otras cosas estructurales, como el hacinamiento o que los reos contaran con elementos inflamables”, apunta. “La indemnización llegó después de diez años y en ese tiempo no recibieron ningún tipo de apoyo. En mi relación con los familiares también pude corroborar el total abandono del Estado”.