Exministro de Energía apunta a que el gobierno habría estado “de manos atadas” para frenar sobreprecios de Metrogas

Luego de que se diese a conocer que la empresa Metrogas cobró excesivamente por sus servicios a sus clientes, según una investigación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados encargada de reunir antecedentes del caso citó este martes a Máximo Pacheco Matte. El exministro de Energía durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet y actual presidente del directorio de Codelco, indicó que durante su mandato habrían estado “de manos atadas” por vacíos legales para frenar el sobreprecio.

En la sesión, Pacheco expuso las deficiencias de la Ley de Servicios de Gas vigente. Esto, mientras él era titular de la cartera de Energía entre marzo de 2014 y octubre de 2016. En primer lugar, mencionó que para dicho periodo no existía “una metodología y procedimiento para la fijación de las tarifas del servicio de gas cuando esta planificación debía aplicar de manera permanente, en el caso de la distribuidora que opere en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, y eventualmente para las empresas concesionarias que operen en el resto de las regiones del país”.

A esto, el exministro sumó que la regulación del chequeo de rentabilidad requería de mejoras y que la norma que regulaba para entonces la tasa anual de capital era insuficiente. A su vez, Pacheco mencionó que tampoco “se contemplaba una instancia de resolución de controversias en materias tarifarias ante un órgano técnico e independiente”.

De esta forma, el presidente de Codelco señaló que “la industria del gas de concesiones tenía una tarifa regulada por ley, pero que en la práctica no era ejecutable. La autoridad no podía forzarla a cumplir con este mandato legal”.

En esta línea, el exsecretario de Estado indicó que aunque los procesos de chequeo anual de rentabilidad realizados durante el primer gobierno de Sebastián Piñera arrojaron que la principal abastecedora de gas del país, Metrogas, había excedido el límite máximo permitido por la norma, y que estos resultados no fueron publicados.

En vista de lo anterior, Pacheco planteó que durante su gestión se intentó llenar el vacío legal para la fijación tarifaria y defender a los consumidores. Según mencionó, se convocó a una mesa paritaria experta en libre competencia y se solicitó apoyo en Washington y al Banco Mundial para la formulación del proyecto de ley.

Además, aseguró que cuando ya estaba en posesión del cargo de ministro y en 2014 la Comisión Nacional de Energía (CNE) volvió a informar que Metrogas excedió sus límites de rentabilidad, se interpeló a la empresa. Sin embargo, todavía no existía una norma en curso.

Pacheco sumó a los antecedentes que el 2015 Metrogas cambió sus principales dueños, pasando de la Compañía General de Electricidad Distribución (CGE) a Fenosa. El exministro aclaró que, en la cuestionada audiencia de lobby, que el CEO de la nueva controladora a cargo solicitó con la autoridad, “la petición que hice a los nuevos controladores fue directa y tajante: la empresa debía disciplinar sus tarifas a la restricción legal y la señal que el gobierno esperaba de los nuevos inversionistas tenía que ser una reducción de tarifas de tal manera que la compañía entrara al margen autorizado por la ley”.

Luego de que la CNE comunicara públicamente el exceso de rentabilidad, el exministro indicó que en dicha oportunidad se dio un plazo de tres semanas para decidir un curso de acción sobre el incumplimiento de Metrogas. Ante el vacío legal, el gobierno tomó la decisión de no ir al Tribunal de Libre Competencia (TDLC), sino resolverlo vía Congreso.

Presentado el mensaje para la modificación de la Ley N° 20.999 en 2015, Pacheco Matte enfatizó que su tramitación recién terminó en 2017. Además, hizo hincapié en que el artículo transitorio incorporado permitió que Metrogas, mediante su empresa relacionada Agesa, aumentara el costo de sus servicios.

En esta línea, el exministro cerró su exposición celebrando que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) haya pedido la intervención del Congreso nuevamente en esta materia, afirmando que ha existido una “interpretación abusiva de la ley”.