Vivir como interdicto

A Óscar no le costó tomar la decisión. Llevaba casi un año pololeando con Diana y sentía que había llegado el momento de concretar un compromiso más serio. Entonces le compró un anillo con el dinero ahorrado en su trabajo y le propuso matrimonio.

Se habían conocido en la universidad y se gustaron de inmediato. Los dos tenían discapacidad intelectual y se entendían a la perfección; los dos compartían el sueño de vivir juntos; los dos se querían.

Ella dijo que sí.

Las cosas se complicaron ni bien empezaron los preparativos para la ceremonia. Óscar supo en ese momento que Diana era interdicta y no tenía autonomía ante la ley. Cualquier trámite debía pasar por sus padres. Eso implicaba, entre otras cosas, que no podía trabajar con contrato, comprar propiedades y -lo más duro de todo- no podía firmar por sí sola ante el Registro Civil.

Los padres de Diana aceptaron el compromiso y, tras varios trámites, la pareja se pudo casar por el civil y por la Iglesia. Fue una celebración íntima y familiar.

"En la luna de miel viajamos fuera con permiso notarial de los papás, porque así son las cosas con la interdicción. En el fondo, la gente con interdicción es como un niño. Nosotros viajamos y nos llamaban todos los días. Los papás no entendían que se había casado y que tenían que confiar en mí", dice Óscar, quien pidió mantener las verdaderas identidades de ambos en reserva.

Los problemas siguieron en Chile. La pareja de recién casados se fue a vivir a un departamento que un familiar les facilitó. Óscar empezó a trabajar; Diana no podía. Solo postulaba a trabajos esporádicos, pagados con lo mínimo. Ese sueldo iba directo a sus padres, que controlaban los gastos del matrimonio.

"Era complicado, de repente ella compraba cosas y no tenía noción de la plata. La hacían lesa con los vueltos y tenía que estar revisando. Me pasó muchas veces que le decía 'dónde compraste esto, con cuánta plata'. 'No me acuerdo', decía ella. Yo tenía que ordenarme, porque tenía que rendirles cuentas a mis suegros. Teníamos muchas peleas por ese tema", cuenta Óscar.

A Diana la habían criado así: totalmente dependiente de otras personas. Su interdicción hacía todo más complicado.

El matrimonio duró poco menos de un año. Fueron demasiadas discusiones. Entonces se divorciaron.

Óscar, quien hoy vive solo y tiene trabajo estable, recuerda ese proceso con cierta amargura. "Al final, fue como estar casados con sus padres", dice.

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Actualmente existe un modelo de atribución directa de incapacidad que sustituye la autonomía de las personas. El Código Civil establece que son "absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente". Esta disposición ha sido fundamento para declarar como interdictas a personas con síndrome de down, espectro autista, alzhéimer o esquizofrenia, muchas veces de manera injustificada.

La interdicción no distingue los distintos grados de discapacidad ni el tipo de casos que se puedan presentar. Tampoco considera la opinión de los afectados. Si eres declarado como interdicto -en general por petición de familiares- pierdes el derecho a votar, a firmar contratos por cuenta propia y a recibir herencias, entre otros. Esta condición se mantiene para toda la vida y es prácticamente imposible de revocar.

Varios países han optado por modificar su marco legal. Entre ellos están Argentina, Uruguay, Costa Rica, Perú, Inglaterra, Suecia eIrlanda. En Chile, varias voces se han articulado para cambiar la ley.

"La legislación chilena implica que miles de mujeres y hombres en nuestro país pueden verse expuestos a ser declarados como absolutamente incapaces, con la consecuente pérdida de su estatus legal de persona y la posibilidad de que sus voluntades y preferencias sean tomadas en cuenta (...). Esta es una restricción desproporcionada que, con el objeto de proteger, anula la capacidad jurídica y con eso el ejercicio de los derechos personales y patrimoniales", comenta el abogado Nicolás Espejo, quien ha trabajado en el diseño de una nueva ley junto a otros profesores y abogados.

Actualmente hay una moción parlamentaria que busca eliminar la discriminación y respetar la autonomía de personas con discapacidad intelectual, cognitiva y psicosocial. Se plantea un cambio en el modelo que incorpore -entre otras cosas- medidas para dar capacidad jurídica a través de facilitadores y establecer protecciones para personas en situaciones de vulnerabilidad.

Los facilitadores asegurarían el respeto a la autonomía de la persona, ya que serían designados por las propias personas discapacitadas, a través de un documento notariado, para garantizar que sus deseos sean tomados en cuenta legalmente. Para ampliar el rango de personas elegibles, el facilitador no tendría que ser necesariamente un familiar, sino cualquier individuo de confianza.

"Lo importante es que se pone por delante a las personas con su discapacidad, se les genera un plan de apoyo y a partir de ese plan se establece la figura del facilitador, que trata de interpretar la voluntad. Se interpreta en vez de sustituirla del todo", afirma el diputado Luciano Cruz-Coke (Evópoli), que es autor de la moción que cuenta con el apoyo de la Comisión de DD.HH. de la Cámara de Diputados.

"Es muy necesario que el gobierno tome la posta. Los parlamentarios podemos hacer un trabajo hasta cierto punto, pero el gobierno tiene que dar una respuesta", dice Cruz-Coke.

"Consideramos que hay consenso en que un sistema de apoyos y salvaguardas, como el que plantea este proyecto, requiere de un trabajo minucioso para estar en línea con los propios estándares internacionales (...). Sin embargo, dicha transición no es un camino corto de recorrer, puesto que implica no solo la realización de reformas legales, sino la implementación de políticas públicas que permitan la asignación de recursos financieros necesarios y suficientes", dice el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel.

Para impulsar el proyecto, varios grupos de activistas con discapacidad intelectual han asistido a sesiones del Congreso para contar sus historias a los parlamentarios. Aunque no están interdictos, saben bien qué significa vivir en esa condición.

"En la luna de miel viajamos fuera con permiso notarial de los papás, porque así son las cosas con la interdicción. En el fondo, la gente con interdicción es como un niño", dice Óscar.

Ricardo Pizarro, de 42 años, es uno de ellos. Es vocero del Programa de Participación Social en Discapacidad Intelectual (PaisDi), una iniciativa de la Universidad de Los Andes que, con apoyo estatal, promueve la formación de liderazgos entre personas que presentan discapacidad intelectual con escuelas territoriales en todo Chile.

"No puedes formar familia. No puedes criar hijos, no puedes casarte. Muchas cosas. Es una plena dependencia. Si yo fuera interdicto me sentiría como un cabro chico que tengo que estar siempre con permiso de los papás. Es algo que te hace sentir súper dependiente", dice Pizarro.

Otro de sus voceros, Jaime Turull (43 años), intenta retratar lo que significa ser interdicto a partir de una experiencia cercana: "Un amigo con interdicción me dijo: 'Existo, pero no existo'. O sea, existo en la vida real, pero en todos los papeles no soy nadie. Es súper heavy".

"Hay mucha rabia, mucha frustración -replica Pizarro-, porque es un derecho que no puedo ejercer. Es como estar con las manos atadas, no se puede hacer nada".

Con sede en Quilpué, Líderes Mil Capacidades es otra de las instituciones que trabajan por una nueva legislación. "A veces la sociedad nos rechaza. No puedes tener abogados, no puedes hacer ningún papel, porque estás interdicto. Estás atado de manos", comenta Katherine Quero (37), tesorera de la agrupación.

PaisDi y Líderes Mil Capacidades han ido al Congreso para hablar con la Comisión de Derechos Humanos sobre el cambio a la ley.

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Hablar de la interdicción es complicado para quienes viven con ese estado legal. Muchas veces ignoran las restricciones y cómo estas pueden afectar sus vidas. Algunos prefieren callar para no irse en contra de sus familias.

Entre los que rechazan el silencio está Antonio. A pesar de vivir con discapacidad intelectual y física, de moverse para todos lados ayudado de bastones ortopédicos, se comunica claramente. En voz baja, con tranquilidad, cuenta qué significa vivir como interdicto. "En mi opinión, la interdicción es como que te cortan de raíz, sin explicarte lo que van a hacer contigo (...). A mí me explicaron, pero estas cosas de la ley son tan enredadas que no son tan accesibles para entender", se lamenta.

Antonio, un joven alto y flaco, ha pedido no revelar su verdadero nombre. Vive con su madre y tiene trabajo. Todos los meses recibe un sueldo y pensión por discapacidad. Siempre tiene que ir acompañado a buscar el dinero al centro de su ciudad. Un viaje que a ambos les cuesta. Teme que un día le puedan robar. Son miedos como ese los que matizan su posición respecto de su estado legal, ya que cree que la interdicción "protege toda mi plata y mis bienes".

Apesar de reconocer lo positivo, también sabe que está limitado en muchas cosas. Casarse, cobrar dinero o tener tarjetas bancarias. Sumando y restando, piensa que ha perdido autonomía. Es el costo de su condición.D