San Miguel: abogado de la Fiscalía Sur imputado por infracción sanitaria se querella por sabotaje y denuncia destrucción de correos clave para su defensa

El abogado asesor de la Fiscalía Metropolitana Sur, Roberto Contreras Puelles, está a menos de un mes de que sea formalizado por el delito contra la salud pública contemplado en el artículo 318 del Código Penal. Su formalización será junto con el exfiscal regional y actual secretario del Senado, Raúl Guzmán, el fiscal de la zona sur Patricio Rosas y otros tres imputados más.

A todos ellos la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, los está investigando por una presunta reunión que habría ocurrido el 25 de junio en un local de mariscos de la comuna de San Miguel, en plena pandemia, cuando ya había cuarentena y prohibición de funcionamientos de restaurantes en todo Chile.

Sin embargo, en la antesala a esa formalización, Contreras sorprendió el martes cuando ingresó en el 11º Juzgado de Garantía una querella por el delito contemplado en el artículo 3 de la ley 19.223, más conocido como sabotaje informático.

Este ilícito castiga con 541 días a tres años de presidio al que “maliciosamente altere, dañe o destruya los datos contenidos en un sistema de tratamiento de información”.

En su querella —que ya fue declarada admisible y dio origen a una nueva causa penal— Contreras, quien se desempeña como asesor jurídico de la fiscalía regional Metropolitana Sur, relata que “el día 11 de agosto de 2020, intenté acceder a mi casilla de correo institucional puesto que en esta dirección de correo mantengo una serie de emails y documentos que resultan de suma relevancia para mi defensa en las causas referidas y adicionalmente, es por dicha vía que me debían informar y remitir las notificaciones en los mencionados procesos”.

El abogado agrega que “al intentar acceder a la casilla referida, me percaté que me arrojaba un mensaje en el sistema, indicando que no se puede acceder ni al programa Microsoft Outlook, ni a mis carpetas, impidiéndome ingresar a mis correos electrónicos, la cual mantengo desde el año 2007, sin inconveniente alguno”.

Contreras dio aviso al Centro de Soporte y Servicios del Ministerio Público el cual al día siguiente le informó que “no fue posible recuperar PST, se escanea y no se obtiene recuperación de la data”.

Luego el abogado fue contactado, dice su presentación, por la Unidad informática de la fiscalía Sur la cual le informó que “se habrían eliminado los archivos de correos contenidos en mi casilla de correo institucional, desde el año 2018 en adelante.

Asimismo, ante mi consulta si pudo haber intervención de terceras personas, se indicó que la única forma de acceder y eliminar dichos archivos, es mediante la utilización de la clave de acceso personal del titular de la casilla de correo en comento, situación que no descartaron”.

Por estos hechos, tanto personal de la Fiscalía Nacional y la Fiscalía Sur “han intentado recuperar mis correos con varios programas, intentos que han sido infructuosos”.

En esa misma línea, cuenta Contreras, le han “recomendando utilizar otras fuentes para obtener la información que urgentemente necesito, y que es vital para justificar mis planteamientos en el ejercicio de mis derechos, y obviamente se trata de también de datos sensibles en mi calidad de abogado asesor”.

Los hechos relatados en su querella terminan dando cuenta que “constándole a este querellante que dicha operación no fue efectuada por mi persona, cuestión que además resultaría abiertamente perjudicial a mis propios intereses conforme ya se expuso, entonces resulta que conforme a los antecedentes entregados por la Unidad de Informática Regional, correspondería que alguien haya obtenido de manera fraudulenta o clandestina mi clave de acceso personal, para posteriormente alterar, dañar y/o destruir los archivos donde se alojan todos mis correos electrónicos desde el año 2018 a la fecha, lo que incide grave y directamente en mi derecho a defensa en la investigación penal antes señalada, como en otras sedes”.

Conocedores de los hechos comentan que producto de la pandemia y el teletrabajo, casi todos los funcionarios de la fiscalía Sur han estado trabajando a través de una conexión VPN.

Así, durante todo estos meses han podido acceder a sus correos e información institucional de manera remota desde sus casas sin necesidad de ir a sus oficinas.

Según la versión de Contreras, dentro de los correos eliminados existirían antecedentes para su defensa tanto en la investigación que lleva en su contra la fiscal Cartagena como el sumario que se abrió por estos hechos.

Esta última investigación administrativa disciplinaria la instruye el fiscal Christian Toledo, está en calidad de secreto, sigue abierto y ya se le habrían formulado cargos a los sumariados. Durante todo este tiempo, Contreras ha estado suspendido de su cargo.