Caso Quintero: Empresas y pescadores suspenden juicio en histórica demanda por daño ambiental y buscan conciliación

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Evacuan Liceo Politécnico por nueva contaminación en Quintero Puchuncaví

Las once empresas demandadas, entre ellas Enap, Oxiquim y Gasmar, negaron haber generado daño ambiental. Coinciden en que la acción está prescrita y Puerto Ventana pidió al Tribunal Ambiental de Santiago "no terminar sancionando a justos por pecadores".


Días intensos han ocurrido durante las últimas dos semanas en Quintero y Puchuncaví. El episodio contaminante que derivó en la hospitalización de 301 personas debido a la intoxicación por inhalación de gases aún genera repercusiones, pese a que incluso el Presidente Sebastián Piñera comprometiera una batería de medidas para mejorar la calidad de vida de afectados.

En medio de la pesquisas y la guerra de declaraciones públicas por dar con un culpable, sin mayor estruendo en los medios de comunicación sigue avanzando en el Tribunal Ambiental de Santiago la demanda por reparación de daño ambiental presentada por trabajadores del mar y vecinos de la misma zona, en contra de 11 empresas y del Ministerio del Medio Ambiente, por la contaminación que ha afectado "durante décadas" las bahías de Quintero y Ventanas.

A dos años exactos de la presentación de la acción, el tribunal a fines de junio suspendió el juicio frente a la posibilidad de que las partes alcancen un acuerdo. En medio de las conversaciones pasaron tres hechos que han entrampado el cierre del juicio.

"El rol que ha tenido el ministerio de Medio Ambiente ha sido súper errático, porque en un principio dijeron: no nos vamos a meter y después cambiaron. Teníamos reuniones muy periódicas y con el cambio de gobierno se allanó a una solución, pero posteriormente sacaron al subsecretario (Rodrigo Benítez) y finalmente la actual administración desestimó seguir adelante", advirtió  Alejandra Donoso, abogada de los pescadores y quien junto a su colega Álvaro Toro patrocinan la demanda.

Sin embargo, hoy la abogada dice estar más preocupada de la contingencia. "Tengo a muchas personas representadas en este momento en el hospital. Tengo que atender la emergencia. La conciliación si bien es importante, en este momento no es la respuesta", agregó Donoso.

A través de un escrito, AES Gener, una de las empresas demandadas y titular de las unidades termoeléctricas Ventanas I, II y Campiche, advirtió que  la empresa "nunca se ha restado explícitamente de participar en negociaciones con el objeto de alcanzar una eventual conciliación siempre que se haga sobre bases razonables".

No obstante, la eléctrica en su contestación desestimó en duros términos la demanda, detallando sus esfuerzos por mejorar sus instalaciones en el complejo industrial. De hecho afirmó que desde 1994 a la fecha ha llevado adelante inversiones por US$250 millones en mejoras ambientales, conllevado una reducción importantísima de las emisiones de la Central Termoeléctrica Ventanas.

La presentación de Enap, en tanto, fue sólo de 35 páginas. Para la estatal petrolera, sindicada como la principal sospechosa de la actual emergencia, la demanda que presentaron los pescadores está prescrita y el tribunal es incompetente para conocer el litigio. Más aún, cuestiona a los demandantes por solicitar la constitución de un fondo que pueda finalmente determinar el supuesto daño ambiental.

Mientras que el Puerto Ventanas, representado por el abogado Clemente Pérez, ex presidente de Metro de Santiago, solicitó un juicio justo. "La responsabilidad por daño ambiental no constituye la mejor forma de intentar mejorar el medio ambiente amenazado por la actividad industrial del hombre, por la dificultad de probar relaciones de causalidad, y no terminar sancionando a justos por pecadores, sostiene.

Sin embargo para el Consejo de Defensa del Estado, que actuó en representación del Ministerio de Medio Ambiente, los hechos denunciados "no constituyen necesariamente daño ambiental". Lo que "puede corresponder más bien son infracciones a Resoluciones de Calificación Ambiental, en cuyo caso debería perseguirse la responsabilidad de sus titulares, o a impactos ambientales no previstos, y aplicarse en su caso la regulación contemplada en la ley".

Por su parte, según Enel Generación, que opera la Central Termoeléctrica Quintero, el tribunal no es competente dado que los daños que se demandan son anteriores a constitución del propio tribunal. A ello se suma que para la compañía la demanda está prescrita debido a que ha sido interpuesta trascurrido en exceso el plazo de cinco años contados desde la manifestación de los daños que supuestamente habría generado su central que entró en operación recién en 2009. Tres años después adoptó la decisión de funcionar únicamente con GNL y sólo ha operado a un 25% de su capacidad proyectada.

A su vez Gasmar, firma controlada por Gasco, criticó a los demandantes por actuar con "vaguedad" en la presentación de su acción, pues no identificaría cuáles son los daños que habría generado la operación de la compañía en el puerto de Quintero al limitarse al almacenamiento y distribución de gas.

La cita al contralor

Al igual que Puerto Ventanas, Gasmar optó por diferenciarse del resto de las demandadas. "No se puede ignorar que las actividades de Gasmar tienen una naturaleza distinta a las desarrolladas por el resto de las demandadas. No es posible comprender que Gasmar sea acusada en conjunto con otras empresas únicamente por desarrollar sus actividades en un complejo industrial que reúne a un conjunto de compañías".

Por su parte, Oxiquim se defendió incluso citando al hoy contralor Jorge Bermúdez en su tratado académico "Fundamentos del Derecho Ambiental". "Lo que la demandante intenta hacer en este caso es presumir la relación de causalidad de la responsabilidad ambiental, cuestión que como señala Bermúdez no está permitida", sostuvo en su contestación.

A la fecha, la compañía cuenta con un muelle mecanizado de 850 metros de largo con dos sitios de arranque, cinco islas de carga para camiones, una planta de GLP, dos piscinas con 20.000 m3 de agua para red contra incendios, además de un edificio administrativo. Las instalaciones cuentan además con 37 estanques que suman una capacidad de almacenamiento de 126.000 m3, para GLP, combustibles líquidos y químicos.

Consultado el Ministerio de Medio Ambiente sobre un cambio de estrategia y su eventual rechazo a la conciliación, respondió que "no se pronuncia sobre procesos judiciales en curso. Cualquier tipo de actuación se realizará a través de la institucionalidad".

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