Decisión en 48 horas: Las razones detrás del giro de Piñera por pacto migratorio

39 páginas y 54 puntos tiene el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular de Naciones Unidas.

Ese mismo texto, pero subrayado con lápiz pasta rojo y con notas por todos lados, fue el que levantó el Presidente Sebastián Piñera ayer en La Moneda para mostrárselo a los presidentes de los partidos oficialistas en la reunión que sostuvo con ellos, luego de la cita que los timoneles habían tenido con los ministros del comité político.

Quienes estuvieron en la reunión -convocada por el propio Presidente para explicar su postura-, sostienen que Piñera se preocupó de partir aclarando que él había tomado la decisión de no firmar el Pacto, luego de hacer consultas respectivas a Interior y a la Cancillería. Agregó que la decisión la tomó el fin de semana, en Quillota, donde se realizó el Consejo de Gabinete ampliado, y dejó entrever que se le había informado "tarde" cuáles eran los plazos que tenía Chile para tomar una decisión. De ahí el énfasis también del Presidente de salir a explicar él mismo, en su Twitter y en un punto de prensa, cuál era la postura del gobierno, toda vez que ya era de público conocimiento que algunos en la Cancillería estaba por firmar el texto, pero Interior hizo ver los riesgos y contradicciones que ello traería en la política migratoria que el gobierno ha planteado y que además está en pleno trámite legislativo. El enredo, condimentado además con que había parlamentarios justamente en la reunión de las Naciones Unidas y con que la oposición ya criticaba fuertemente la decisión, sobre todo por inconsulta.

Según cuentan en Palacio, el miércoles pasado el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, hizo llegar a su par de RR.EE.. Carolina Valdivia,  un informe sobre los puntos del pacto que parecían contraindicados para la postura del gobierno. Luego, y aunque el Canciller Ampuero ha sostenido que estuvo en permanente contacto con el Presidente, hay otras fuentes que apuntan que el Mandatario se enteró justo antes de partir a Quillota -otros dicen incluso que estando allá-, de la existencia de estos reparos de Interior y la recomendación de no hacerlo. Allí, entre las reuniones del Consejo, y conversaciones paralelas, resolvió que Chile no iba al pacto. La decisión fue tomada la tarde del sábado, de ahí que tanto a las delegaciones diplomáticas como a los parlamentarios -que, a todo esto advierten que a Piñera no se le informó que estaban en la cita de la ONU- les sorprendiera tanto la decisión.

¿Pero qué fue lo que hizo que Piñera decidiera bajarse del Pacto? El mismo que nombró en la ONU, en septiembre, cuando dijo que la política migratoria de Chile estaba en "perfecta armonía" con el Pacto.

Primero, advierten en La Moneda, en las últimas semanas la redacción del texto habría ido variando, lo que explicaría en parte el giro. Y yendo al fondo, según el Mandatario el Pacto no da claridad entre los derechos y obligaciones de los migrantes regulares y los irregulares. "El Pacto busca facilitar la transición del status de irregular al de regular. Esto incentiva la migración irregular y atenta contra la seguridad migratoria", se lee en la minuta que circuló el fin de semana desde Presidencia. De hecho hoy, el canciller Roberto Ampuero, en conversación T13 Radio, dijo que el Pacto, a la larga, tendería a igualar a personas que realizaron trámites para vivir legalmente en un país con los que no realizaron ningún tipo de gestión para regularizar su residencia.

Sin embargo, Louise Arbour, enviada especial para la migración internacional de Naciones Unidas, y quien presidió la conferencia en Marrakech, en entrevista con la página oficial de la organización aclaró la diferencia entre migrantes regulares e irregulares: "A lo que nos referimos por migración irregular es la situación de las personas que están en un país y cuyo estatus no está en conformidad con los requisitos nacionales. La mayoría de los inmigrantes indocumentados ha entrado al país de forma legal, por ejemplo, con una visa de turista, y se quedaron cuando caducó o entraron con una visa de estudiante, pero se han quedado a trabajar y ahora su situación es irregular. Pueden ser regularizados y, si no, necesitan volver a su país de origen".

El otro punto, y que Piñera se encargó de recalcar varias veces en la reunión con los timoneles de Chile Vamos, fue el que el Pacto establecería el apoyo financiero por parte de los países receptores de migrantes.

"Se establece el deber de apoyar financiera y jurídicamente a los migrantes retornados a sus países de origen. No obstante, nosotros estimamos que eso corresponde a los países de origen y no a los países de destino. Por lo demás, Chile puede voluntariamente colaborar en la reinserción de migrantes en su país de origen, para lo cual el Gobierno diseñó el Programa de Retorno Humanitario asistida. Sin embargo, la dependencia directa y la garantía corresponden al respectivo país de origen", se agrega en la misma minuta de Palacio.

Y el último punto que incomodó a Piñera fue el debate de qué tan vinculante es el Pacto. Ahí aparecieron los traumas que dejó la última demanda de Bolivia en La Haya. "¿Nos podrían demandar otro país ante alguna Corte Internacional, o un ciudadano o  un migrante?", le preguntaron hoy en la entrevista radial al Canciller. "Es un tema especulativo pero que está en la línea de lo que nosotros vemos como un peligro en el futuro bajo otros escenarios. Mire lo que nos pasó con Bolivia. Montaron toda una causa contra Chile basadas en actos de buena voluntad de Chile, frases, resoluciones de las OEA que no eran vinculantes (…) ¿Sabe cuánto nos costó esta historia?  $72 millones de dólares", respondió Ampuero, en un día cuya agenda -tres comisiones en el Congreso- está copada de explicaciones que dar.

De hecho, así partió su mañana:"Yo no me siento debilitado como canciller, mi planteamiento de ayer fue muy claro, salí el día que habíamos decidido salir a plantearlo, el Presidente después salió en la tarde respaldando y demostrando que lo que habíamos hecho era lo correcto".

Desde la oposición acusaron que la decisión del gobierno estaba motivada por las encuestas. De hecho, la última Encuesta Bicentenario de la Universidad Católica muestra que un gran porcentaje de las personas consultadas de clase baja y media creen que hoy existe "un gran conflicto" entre chilenos e inmigrantes. Sin embargo, en La Moneda, dicen que en la resolución de Piñera no hubo sobre la mesa ningún tipo de encuesta.