Contraloría sobre el viaje de Bachelet a Brasil para apoyar a "La Roja": no hay irregularidades, pero hace advertencias

"Teniendo en cuenta las actividades realizadas por la entonces Presidenta de la República, no hay antecedentes que permitan calificar el viaje que se impugna como de carácter turístico o personal, sin que tampoco pueda observarse una conducta que conlleve una transgresión al ordenamiento jurídico por su asistencia al evento deportivo de que se trata".

Con ese argumento, la Contraloría General de la República -en un dictamen firmado por el propio contralor, Jorge Bermúdez- zanjó esta semana un tema que había causado controversia el año pasado: si el viaje de la entonces mandataria Michelle Bachelet a Sao Paulo el 10 de octubre para asistir al último partido de La Roja por las clasificatorias a Rusia 2018 contra Brasil había incurrido en alguna irregularidad.

La respuesta, emitida el pasado lunes 16 -y a la que accedió La Tercera PM-, se originó a partir de una presentación del entonces diputado y candidato presidencial José Antonio Kast, en que afirmaba que el viaje al partido -que Chile perdió 3 a 0, quedando fuera del Mundial- "no tuvo relación con una misión diplomática ni de Estado, sino que fue de carácter personal y turístico", y pedía que se restituyeran los gastos, agregando que se habría configurado una infracción al principio de probidad administrativa.

Sin embargo, un argumento central validó el periplo de la mandataria: de según informaron tanto la Segpres como la Dirección Administrativa de la Presidencia, Bachelet en el viaje "efectuó otras tareas que son parte de la representación del Estado y de la conducción de relaciones internacionales".

Más aún, la Segpres informó que, durante la visita, Bachelet se reunió con el entonces ministro de Relaciones Exteriores de Brasil y los embajadores de ambos países, en un encuentro donde "se abordaron materias relacionadas con el Mercosur y la Alianza del Pacífico", para luego juntarse con el gobernador de Sao Paulo "para tratar los alcances del Protocolo de Intenciones entre Chile y el Estado de Sao Paulo".

Y, como último punto, el Ejecutivo argumentó que el viaje "se enmarcó dentro de las facultades que la Constitución Política de la República le otorgan al Presidente" y que cuando un mandatario "asiste a un evento deportivo en el extranjero -como ocurrió en la especie, invitada formalmente por la ANFP-, actúa en representación del país en el marco del interés público en el fomento del deporte, por lo que constituye un acto oficial en el que requiere de la adecuada protección y el acompañamiento de sus colaboradores pertinentes".

La resolución también permite conocer que para el viaje se incurrió en "servicios de traslado en avión y alojamiento para cuatro funcionarios de la avanzada presidencial a la ciudad de Sao Paulo, entre el 8 y el 11 de octubre de 2017", y que se pagó por ello al proveedor Turismo I.T.A. Tour limitada por la suma de $ 7.424.872, lo que fue imputado a gastos de representación de la Presidencia. Además, la FACh aseguró que el traslado de la ex presidenta y su comitiva fue exento de cobro.

Pero fue respecto de esta línea donde el ente contralor hizo un reproche: si bien reconoce que a partir de los datos examinados "se advierte que habría acontecido una situación de urgencia que pudo hacer procedente un trato directo", afirma que "no consta que se haya emitido el acto administrativo autorizando la causal pertinente".

Por eso, el contralor Bermúdez cierra señalando que "esa repartición pública, en lo sucesivo, deberá adoptar las medidas necesarias para que contrataciones como las de la especie y los actos que las aprueben se ajusten a lo dispuesto" en la normativa legal.

Revisa acá la resolución de Contraloría por la presentación sobre el viaje de Michelle Bachelet al último partido de Chile en las eliminatorias para Rusia 2018: