Hablan por sus fallos: La doctrina del Contralor que tiene en sus manos el nombramiento de Piñera

"Hay sólo una persona que le puede decir que 'no' al Presidente de la República, ya que el Presidente gobierna mediante decretos, por lo que esta persona tiene tanto poder en ese aspecto como el Presidente. ¡Imagínese!".

Así presentaba Tomás Moschiatti al contralor Jorge Bermúdez en una entrevista que concedió la autoridad a Radio Bío-Bío hace algunos días. Ante esa introducción, el jefe del ente fiscalizador sonrió, saludó y el conductor sentenció: "Usted tiene mucho poder, le puede decir al Presidente que no". Ante ello, Bermúdez asintió y aclaró: "Podemos controlar los actos del Presidente, eso sí es verdad".

Eso es lo que está a punto de suceder luego de que diputados de oposición le pidieran a la Contraloría intervenir para establecer si en la designación que hizo Sebastián Piñera de su hermano Pablo como embajador en Argentina se configura algún conflicto de interés prohibido en el principio de probidad que rige a los actos administrativos del Estado.

Al interior del ente fiscalizador aseguran que no hay un plazo estipulado para responder la presentación de los parlamentarios, aunque en general, por deferencia al legislador, estos siempre tienen prioridad. Y admiten -además- que esperan resolver pronto esta disyuntiva ante la suspensión de la nominación anunciada ayer por La Moneda.

El decreto de nombramiento no había ingresado a Contraloría, por lo que antes de dictaminar y decidir sobre las normas invocadas por los diputados, Bermúdez deberá pedir un informe al Presidente sobre la cuestionada designación. Esto, porque según las reglas de tramitación de Contraloría, se debe pedir un informe con un plazo de respuesta de 10 días para saber la opinión del Gobierno respecto de la materia que se está pidiendo que sea revisada.

Conocido es el alto estándar que ha aplicado el contralor Jorge Bermúdez ante actos de la administración pública. Ya en una entrevista en La Tercera generó molestia en funcionarios del sector público cuando aseguró que cuando entidades se van a huelga, hay un germen de corrupción en tales actos.

"Cuando el funcionario público se va a huelga porque sí, no por una negociación colectiva. Piensa en el último paro del Registro Civil, todo el daño que causaron, porque no hay otro Registro Civil. ¿Qué obtuvieron? Nada. ¿Y el daño a las personas que provocaron? ¿Cuántas personas perdieron una oportunidad laboral porque no tenían el certificado que sólo puede darles el Registro Civil? Yo no tengo nada en contra de los funcionarios de la DGAC, pero el paro en los aeropuertos, ¿cuál fue el impacto? Entonces ahí uno se vuelve rehén de ese funcionario como sociedad y eso es corrupción claramente", dijo en esa oportunidad.

A eso se suma la inédita denuncia de la Contraloría a Codelco respecto de contratos que realizó la empresa estatal con sociedades vinculadas por parentesco a miembros de su directorio, cuestionando que la cuprífera no haya informado de esto al ente fiscalizador y la Cámara de Diputados como correspondía por ley, situación que abrió una causa penal en el Ministerio Público por supuesta negociación incompatible.

Tras asistir el 5 de octubre de 2017 a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, Bermúdez se refería directamente a actuaciones de "nepotismo", lo que se ha convertido en una de las consignas de la máxima autoridad de la Contraloría: "La corrupción no es sólo el pago de un soborno o de una coima, la corrupción también se ve en los casos de nepotismo".

En marzo de 2017 también denunció a la Fiscalía a cinco jefes de finanzas de ministerios que o tenían patrimonios abultados sin origen aparente o que en sus servicios algún familiar o cónyuge aparecía participando de licitaciones. "Lo peor que detectamos es que sociedades familiares de esos jefes son contratadas por el mismo servicio público en que estos trabajan. Esa es una situación que por lo menos merece investigación. Esa una situación que tiene visos de eventual delito de negociación incompatible, lo mínimo que podemos hacer es darle esos antecedentes al Ministerio Público para que a través de sus facultades intrusivas ellos puedan investigar", dijo a Reportajes de La Tercera en esa oportunidad.

El tema de los conflictos que puede provocar en la administración pública las relaciones con parientes está también plasmado en "instrucciones cumplimiento principio probidad contratación pública suministro bienes muebles servicios", dictado por Bermúdez el 22 de enero de este año.

En el instructivo el contralor destaca las leyes que rigen el comportamiento de funcionarios públicos y sus decisiones. "La ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en el inciso segundo de su artículo 52 señala que 'el principio de la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular".

Asimismo, cita, el artículo 53 de ese mismo cuerpo legal que señala que "el interés general exige el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, para concretar, dentro del orden jurídico, una gestión eficiente y eficaz. Se expresa en el recto y correcto ejercicio del poder público por parte de las autoridades administrativas; en lo razonable e imparcial de sus decisiones; en la rectitud de ejecución de las normas, planes, programas y acciones; en la integridad ética y profesional de la administración de los recursos públicos que se gestionan; en la expedición en el cumplimiento de sus funciones legales, y en el acceso ciudadano a la información administrativa, en conformidad a la ley".

Por primera vez en la administración Piñera se verá si el contralor Bermúdez dirá "no" al Presidente o, quizás, visa el cuestionado nombramiento. Poco antes de asumir los ministros y subsecretarios del actual Gobierno, confidenció Bermúdez en la entrevista radial, se reunió con ellos y les advirtió: "Les dije que en Chile el problema de la corrupción probablemente no eran las coimas o el soborno, sino que probablemente eran los conflictos de intereses y nosotros íbamos a tener mucho ojo ahí".