Milei y Bullrich se preparan para la primera marcha piquetera en su contra

Javier Milei y Patricia Bullrich durante el acto de cierre de campaña del primero, el 16 de noviembre de 2023. Foto: REUTERS.

Los planes de ajuste económico, el protocolo antipiquetero y la amenaza de eliminación de planes sociales a los que corten calles, todas medidas anunciadas por el gobierno de Javier Milei, tendrán su respuesta en la primera marcha convocada para este miércoles 20. En tanto, el gobierno de la provincia de Buenos Aires de Axel Kicillof anunció que no adherirá al protocolo porque “criminaliza la protesta”.


A un día de que se registre la primera marcha piquetera contra el gobierno de Javier Milei en Argentina, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se alistan para enfrentar la llegada de manifestantes, y estos se preparan para hacer frente al flamante nuevo protocolo ideado por la ministra de Seguridad y excandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.

La marcha piquetera, programada para la tarde de este miércoles, se enmarca en el duro plan de ajuste económico impulsado por el gobierno libertario de Milei, que enfrenta una inflación interanual que llegó al 160%, pero que, según sus detractores, golpeará principalmente a la clase media y baja en vez de a la “casta política”, como prometió en campaña.

La amenaza fue clara y directa de parte de Bullrich y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. La primera, que ya había intentado –sin éxito– aplicar un protocolo contra los piqueteros durante su gestión en la misma cartera, pero bajo el gobierno del expresidente Mauricio Macri, detalló esta vez que su nueva estrategia viene a derogar el “protocolo garantista de Nilda Garré”, publicado en 2011 y que, en sus primeros párrafos, detalla que busca “incorporar los estándares de derechos humanos como guía y, a la vez, como límite infranqueable para las intervenciones del Estado”.

Como respuesta, y en caso de detenciones, Bullrich aseveró que “los datos de los autores, partícipes, cómplices o instigadores serán remitidos a las autoridades competentes. Se dará aviso al juez competente en caso de daño ambiental, algo que sucede en la quema de cubiertas que genera una situación dañina para el ambiente y para la gente”. Intentará que se cobren los servicios de seguridad a los organizadores, y la policía actuará apenas se corte una calle, sea cual sea, detalló la semana pasada.

Manifestantes, miembros de organizaciones sociales, marchan hacia el Ministerio de Desarrollo Social para protestar, previo a la llegada de Javier Milei al gobierno, el 28 de noviembre 2023. Foto: REUTERS.

Su par del “superministerio” creado durante esta gestión, Sandra Pettovello, agregó este lunes que les quitará los planes a quienes corten las calles, además de denegar potenciales reuniones entre los líderes de las movilizaciones y Capital Humano.

Nada de eso importó a Eduardo Belliboni, uno de los referentes del Polo Obrero y voz de peso en la Unidad Piquetera, dos entes que llamaron a protestar este miércoles. Y, tal como dijo el sábado a La Tercera, reafirmó que saldrán a las calles a pesar de las “amenazas” de la ministra Pettovello, aseguró. Se movilizarán “más que nunca”, dijo a Infobae.

Desde los movimientos piqueteros adelantan que su llegada desde la provincia se realizará en trenes y colectivos (buses de transporte público), y contarán con la presencia de abogados que contrarresten el “plan antipiquetes” de Bullrich. No es la única preocupación oficialista, porque tal como advirtieron medios locales tras el anuncio de la ministra de Seguridad, gran parte del control del orden público recae en la provincia de Buenos Aires, actualmente en control de la oposición y el peronista Axel Kicillof.

Manifestantes, miembros de organizaciones sociales portan una bandera que dice "El hambre no espera" mientras marchan hacia el Ministerio de Desarrollo Social para protestar contra el acuerdo del Fondo Monetario Internacional (FMI), en demanda de empleos y recursos para comedores sociales, el 28 de noviembre de 2023. Foto: Reuters

Se espera que los manifestantes lleguen a la ciudad a mediodía, concentrándose en los alrededores del Congreso de la Nación, consignó Infobae. Luego, cerca de las 16:00, iniciarán su desplazamiento hacia la Casa Rosada y la Plaza de Mayo. Mientras un grupo lo hará bajando por Avenida Rivadavia y Avenida de Mayo, otros dos se moverán por Diagonal Norte y Diagonal Sur. Según el medio Ámbito, la idea de Bullrich y de su par de CABA, Waldo Wolff, quienes trabajan en un operativo conjunto, es instalar a las fuerzas de seguridad en los accesos a la ciudad, puesto que esperan que la mayoría de ellos lleguen desde el conurbano.

Pero los asistentes a la manifestación están preparados, y arribarán con medidas preventivas. Para ello contarán con “un equipo multidisciplinario de organismos, dirigentes de derechos humanos y políticos; abogados laboralistas, la Gremial de Abogados y otras organizaciones de abogados”, detalló el líder piquetero, para “garantizar que Patricia Bullrich no pueda actuar sobre los ciudadanos comunes en las estaciones de trenes para defender el derecho de poder ingresar a la capital”.

Demonstrators march towards the National Congress during a protest against the level of inflation and to demand a joint action to solve the economic crisis, in Buenos Aires, Argentina August 17, 2022. REUTERS/Miguel Lo Bianco

¿Por qué en los trenes? Porque parte de la estrategia consiste en ingresar a CABA –cuyo jefe de gobierno es el oficialista Jorge Macri, primo del expresidente– mediante el subterráneo y los trenes desde las principales estaciones de la capital transandina. La decisión de llegar en transporte público, explicó Infobae, se debió a que Bullrich advirtió que fiscalizarían los buses escolares para certificar la ausencia de piqueteros. “Haremos bajar a los manifestantes, está prohibido que un micro escolar lleve mayores”, dijo.

“El que vaya con un ómnibus y lleve mayores, se lo detendrá y se les hará bajar, así como también al que estacione ilegalmente, al que se tape la cara o vaya con palos”. Y añadió: “Ahora basta con todo eso, no pueden manifestarse en donde quieran”.

En algunas estaciones, como Constitución, Pompeya, Once, y también en las tres líneas de Retiro del ferrocarril (Mitre, San Martín y Belgrano), apostarán a los mencionados equipos técnicos para lograr la realización de la marcha, detalló Belliboni.

Bullrich ya había anunciado un cuidado control en dichos puntos. “Habrá vigilancia preventiva para evitar que los grupos logren reunirse. En estaciones de trenes, aquellas personas que vayan con materiales serán incautadas: palos, caras tapadas o formas para no ser reconocidos”, adelantó. De ahí surge la jugada piquetera.

Según la ministra, las protestas serán intervenidas de las cuatro fuerzas federales: PSA, Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, quienes “emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente y será graduada en proporción a la resistencia”, y actuarán “hasta dejar totalmente liberado el espacio de circulación”.

También redobló la amenaza durante una entrevista con el canal TN, asegurando que se procederá a identificar a quienes participen en piquetes a través de “fotos, drones y pidiendo documentos”. “Si están en el parque, al lado del puente Pueryrredón (uno de los principales puntos de acceso desde el sur de CABA, el que los manifestantes izquierdistas ya dijeron no ocuparían para evitar incidentes innecesarios), y no acceden al puente no están cometiendo un delito, cometen el delito en el momento que bajan al cordón y cortan la calle”, planteó al medio local.

“Se pueden movilizar, lo que no pueden es cortar la calle, una ruta, pueden ir por la vereda, si son 50.000 personas irán por la vereda, irán en fila india”, agregó.

La respuesta llegó tanto de parte de Eduardo Belliboni como de la política tradicional. Mientras el líder de Polo Obrero aseguró que es imposible que 50.000 personas marchen por las veredas, número de posibles asistentes replicados por el piquetero y por la ministra de Seguridad, la legisladora porteña María Celeste Fierro y la abogada Mariana Chiacchio presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el Poder Ejecutivo Nacional y el Ministerio de Seguridad.

Un manifestante sostiene un cartel que hace referencia al número de personas desaparecidas durante la dictadura argentina de 1976-1983 con el nombre del presidente electo de Argentina, Javier Milei, tachado, afuera del Palacio Presidencial de la Casa Rosada, en Buenos Aires, Argentina, el 23 de noviembre de 2023. Foto: Reuters

“Si quieren poner la ‘supervalla’ ahí, que lo hagan, pero nosotros no vamos a ir por ese lugar”, señaló Belliboni, en una suerte de desafío a la estrategia oficialista. “Vamos a ir en tren y en subte”, agregó. La medida político-judicial, en tanto, asegura que el protocolo “lesiona derechos y garantías de carácter constitucional. Se requiere el dictado de una medida cautelar urgente para que, hasta que se resuelva el fondo de la cuestión, el PEN se abstenga de aplicar en las protestas callejeras tal protocolo”, se lee en el documento.

Desligue opositor

Sin embargo, uno de los temas que más se repitieron en la prensa local tras el anuncio de Bullrich era que necesariamente requeriría de la colaboración de los gobernadores para aplicar su estrategia antipiquetes, debido a la naturaleza federal de Argentina. Ya había fracasado en el pasado en sacar adelante una idea similar –aun más estricta, aseguró Clarín –, y hoy surgieron las primeras pruebas de que se podría repetir la situación.

La mala noticia para la excandidata presidencial llegó desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, de Axel Kicillof y, puntualmente, del ministro de gobierno bonaerense, Carlos Bianco, uno de los funcionarios más cercanos a la prominente figura del peronismo, aseguró Clarín.

“No nos han solicitado el uso del protocolo, no lo vamos a aplicar porque no estamos de acuerdo con las disposiciones”, aseguró este martes. La política “criminaliza la protesta”, por lo que no van a adherir a su ejecución.

Si bien la seguridad de la Plaza de Mayo y el microcentro porteño estará a cargo de la Policía de la Ciudad –a cargo de Macri–, la cual pedirá refuerzos “en caso de ser necesario”, dijeron a Ámbito, desde el gobierno de Kicillof criticaron el protocolo a pesar de haberse puesto en contacto para reuniones de “carácter operativo”.

“Lo que se ha hecho sobrepasa un límite que hemos tenido durante estos años de democracia, cuestiones de reconocimiento facial que hay que ver si están validadas desde la normativa legal”, cuestionó Bianco. “La gente tiene que cobrar los programas que vinculan trabajos que se realizan en la provincia y tienen que pagar en cuanto cumplan con sus obligaciones, esto es una cuestión persecutoria”, añadió. De todos modos, también habló de la necesidad de mantener “cierto orden” y que no se produzcan grandes “desmanes” durante el miércoles.

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