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Gabriel Osorio

Gabriel Osorio

Abogado

La Tercera PM

En pabellón el aborto en 3 causales

Según Fernanda, luego de ser trasladada a pabellón con "riesgo vital", parte del equipo médico todavía discutía si correspondía o no proceder. Foto: Getty Images.

En el caso del aborto en tres causales, el Gobierno omite que el bien jurídico protegido es el derecho de las mujeres, y no el desarrollo de actividades lucrativas relacionadas con la salud de la comunidad.


El Gobierno continúa en su postura de precarizar los derechos fundamentales vía decreto. Hoy, con la publicación del nuevo reglamento que la regula la objeción de conciencia, se ha ampliado la objeción de conciencia institucional, al punto que el aborto en tres causales pasa a ser un artefacto decorativo en las políticas públicas de igualdad e inclusión de género, al preferir los intereses de los establecimientos privados que suscriben convenios de salud con el Estado y limitar la atención médica solo al pabellón, en el aborto en tres causales.

La historia de la precarización del derecho a mujeres comienza a diez días de la llegada del nuevo Ministro de Salud, Emilio Santelices. Sin que mediara un plazo razonable de evaluación e instalación, el nuevo Ministro optó por dejar sin efecto el Protocolo de Objeción de Conciencia de la Presidenta Michelle Bachelet. La principal modificación del referido protocolo fue haber eliminado la alusión a los Establecimientos Privados que se encuentren adscritos al Sistema Nacional de Servicios de Salud mediante la celebración de convenios, como sujetos que no pueden invocar objeción de conciencia. Es decir, el Gobierno quería financiar actividades privadas de obstetricia y ginecología, sin fijarles el cumplimiento de las normas y planes de protección de la salud que rigen a los establecimientos públicos. En resumen, quería transformarse en el financista de la actividad privada de salud.

Dicho protocolo, como es de conocimiento público, fue dejado sin efecto por la Contraloría General de la República, que a través del dictamen N° 11781 de 2018, fue enfática en indicar que los establecimientos de salud privados que suscribieran convenios de salud con el Estado, toman el lugar del respectivo servicio, es decir, la entidad contratante desarrolla una función pública y por tanto, no puede acogerse al régimen de objeción de conciencia.

De ahí en más, el Gobierno ha buscado todos los mecanismos para eludir la dictación de una nueva normativa que asegure el derecho de las mujeres para ejercer el aborto en tres causales. Incluso, ha sido capaz de orquestar una campaña de desprestigio en contra del Contralor sin precedentes en la historia republicana de Chile. Así, luego de cinco meses de la decisión de la Contraloría, fue incapaz en varias ocasiones de sortear los controles formales ejercidos por el organismo contralor sobre los reglamentos, solo con el objeto de dilatar y mostrar con transparencia el fondo de su decisión.

Hoy se publicó el nuevo Reglamento de Objeción de Conciencia, y todos los pronósticos de la oposición y de las organizaciones civiles que buscan el fortalecimiento del derecho de las mujeres sobre el nuevo contenido del reglamento se han cumplido. En efecto, el Gobierno mantiene su postura de financista de la actividad privada de salud con la imposición de la menor cantidad de requisitos y condiciones, para evitar incomodar a los privados. Así, el nuevo reglamento establece que los establecimientos privados con convenios con el Estado solo no podrán objetar conciencia, cuando contemplen prestaciones de obstetricia y ginecología que por su naturaleza comprendan atenciones en pabellón.

De esta manera, se omite que en las primeras semanas de gestación es posible interrumpir el embarazo fuera de pabellón (AMEU aspiración manual endouterina y el aborto médico por fármacos) o que la atención del pabellón es una atención de última ratio, que requiere de una serie de atenciones preliminares.

Asimismo, se cumple el segundo pronóstico, el foco en la actividad económica de salud y no en el derecho de las mujeres. En efecto, el Gobierno busca todo mecanismo para aliviar la carga de los establecimientos de salud privados que reciben financiamiento público. Usa artimañas para limitar el cumplimiento de la función pública que envuelve la entrega del servicio de salud. En el caso del aborto en tres causales, el Gobierno omite que el bien jurídico protegido es el derecho de las mujeres, y no el desarrollo de actividades lucrativas relacionadas con la salud de la comunidad.

En la lógica “derecho y obligaciones” que es la retórica de Chile Vamos, se omite que el derecho a desarrollar actividades económicas relacionadas con la salud, envuelve la obligación, sí, la obligación de asegurar la salud de las personas como fin primordial y único.

Sin embargo, el pabellón donde se encuentra el aborto en tres causales, puede ser un traslado a la misma UCI. En efecto, aún es posible que el conglomerado de Chile Vamos en su afán de romper todo el legado de derechos fundamentales del Gobierno anterior, puede llevar este reglamento al Tribunal Constitucional, que ha sido la casa acogida de los intereses de este conglomerado.

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