Sin Dios ni ley

Desde el 9 de febrero de este año, cuando se emitió una orden de detención en su contra, Jorge Huenchullán se encuentra prófugo de la justicia. En su casa, luego del fallido operativo que le costó la vida al subinspector Luis Morales, se habrían encontrado armas, municiones, 12 kilos de marihuana y más de 500 plantas de cannabis sativa. Pero a diferencia de otros narcotraficantes de poca monta, Huenchullán no vive en una comuna de Santiago o en la capital regional de La Araucanía: es residente de Temucuicui, un territorio que algunos denominan autónomo y donde sus gobernantes han decretado la “clandestinidad política” de su compañero en rebeldía. Ahí nadie lo toca, ni ley o fuerza divina que lo amenace.

Mientras en los mentideros de La Moneda se diseña la próxima gira presidencial para mostrar orgullosos el exitoso proceso de vacunación en Chile y en los pasillos del Congreso se articulan complejos argumentos para justificar el cuarto -ahora sí que sí- único y excepcionalísimo retiro del 10% de los fondos de pensiones, en Ercilla se desconoce flagrantemente la existencia del Estado de Chile y la autoridad de las instituciones que la encabezan.

No sabemos cuántas personas viven al interior de Temucuicui, porque unos encapuchados impidieron que entrara el censo a medirlo; los servicios públicos no funcionan para exigir el cumplimiento de deberes, solo para entregar tierras, recursos y subvenciones por miles de millones; ningún Presidente de Chile ha podido entrar a Temucuicui y, al parecer, hasta ahora, ni Carabineros ni la PDI lo pueden hacer sin ser recibidos a balazos.

Lo que pasa en Temucuicui también ocurre en otras zonas de La Araucanía y Biobío, donde se ha extendido el pretendido derecho de algunos de imponer por la fuerza y la violencia reivindicaciones políticas e ideológicas, disfrazadas de derechos ancestrales. Otro tanto ocurre en los más de 400 barrios críticos identificados por la fiscalía a lo largo del país, donde el poder del narcotráfico se impone por sobre el poder de los ciudadanos y las comunidades han sido reemplazadas por caudillos y ejércitos de productores y distribuidores de droga. En cada uno de esos territorios y barrios, lentamente el Estado de Derecho ha sido vulnerado sistemáticamente y, eventualmente, reemplazado de manera integral por monarquías locales que mantienen capturada a la población que ha renunciado a su libertad.

Mucho podemos discutir sobre los programas de gobierno y los cambios que Chile requiere para seguir progresando en libertad que promoverán los candidatos presidenciales en los próximos meses. Probablemente, si están bien alimentados y con mejores instalaciones para refrigerarse, veremos enjundiosos debates en la Convención Constituyente –otro reducto donde se cambian las normas y regulaciones a voluntad– sobre el rol de Carabineros y la promoción del Estado de Derecho en nuestra futura configuración constitucional. Pero de nada servirán las mejores leyes o la Constitución más perfecta si no hay un mínimo acuerdo común en cuanto a su implementación, donde, por ejemplo, un narcotraficante prófugo de la justicia no tenga la osadía de parapetarse en un territorio determinado de nuestro país sin que las fuerzas de orden puedan hacer nada para capturarlo y se produzca indignación en el gobierno o en sede legislativa.

Como ciudadano, que tiene acceso a esta privilegiada tribuna, no me queda más que encomendarme a Dios y a la Constitución vigente, para pedirles a nuestras autoridades que se indignen, al igual que yo, de esta flagrante vulneración del Estado de Derecho y que ocupen todas las fuerzas disponibles en capturar y encerrar al señor Huenchullán. ¿Es mucho pedir?