Ley de usurpaciones: Tohá se enreda en explicaciones por tomas “pacíficas” y la derecha endurece tono contra el gobierno por manejo en seguridad

El viernes pasado, en al menos dos ocasiones la ministra del Interior, Carolina Tohá, ocupó el concepto de tomas “pacíficas” para referirse a aquellas usurpaciones de propiedades en las que no hubo violencia contra personas ni daños en objetos. En cinco ocasiones posteriores, al menos, la jefa de gabinete ha tenido que salir a aclarar sus palabras, que en el mismo gobierno admitieron que fueron un error.

“El término correcto es ‘no violenta’, yo nunca he querido acuñar el término pacífica, si alguna vez se me salió, fue porque se me salió nomás”, señaló la ministra en Radio Agricultura, asumiendo su equivocación. Además, admitió que en el fondo cualquier ocupación de un inmueble sin consentimiento de su propietario “es violentar el derecho de una persona, pero no es lo mismo hacerlo dañando gente, rompiendo cosas, que hacerlo sin generar ningún daño físico o humano”.

Este tema, incluso, acaparó la discusión en el Congreso, a propósito de la renovación del estado de excepción constitucional para La Araucanía y el Biobío, al punto que Tohá tuvo que responder los emplazamientos y defender la postura del gobierno respecto de las tomas “no violentas”.

El revuelo político complicó la ya delicada estrategia del Ejecutivo para sacar adelante el veto (que en realidad está fraccionado en 14 vetos separados) e intentar corregir la ley de usurpaciones que despachó el Congreso el pasado 30 de agosto.

La lectura que existe en el Ejecutivo, y que es compartida por legisladores oficialistas y de oposición, es que la propuesta de correcciones del Presidente Gabriel Boric es muy difícil que sea revertida o desarmada del punto de vista legislativo, dadas las poderosas facultades que le otorga la Constitución al Mandatario para imponer su voluntad sobre el Congreso.

Sin embargo, el problema del gobierno no es legislativo, sino el riesgo de que la oposición le propine una derrota comunicacional al gobierno, debido al apoyo mayoritario que muestran las encuestas a una iniciativa que endurezca sanciones por las tomas de propiedades, hoy penalizadas solo con multas.

Las declaraciones de Tohá sobre usurpaciones “pacíficas” inmediatamente fueron cuestionadas por los presidentes del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), y de la Cámara, Ricardo Cifuentes (DC). Ello obligó a los ministros del comité político a usar una nueva terminología: “tomas violentas y no violentas”.

El concepto tampoco es 100% exacto, según lo que señala la actual legislación, pero al menos recurre a términos que se usan en el mundo jurídico. “Tradicionalmente los académicos y jueces han distinguido entre usurpación violenta y no violenta”, dice una minuta elaborada por la Secretaría de Comunicaciones de La Moneda que comenzó a ser difundida entre parlamentarios.

De hecho, la moción del senador Felipe Kast (Evópoli), presentada junto a las exparlamentarias Ena von Baer (UDI) y Marcela Sabat (RN), que sirvió de base para la reforma en discusión, también hace alusión a las tomas “no violentas”.

No obstante, el Código Penal en realidad distingue dos tipos de usurpaciones: en las que se actúa “con violencia en las personas” (art. 457) y en las que “el hecho se llevare a efecto sin violencia en las personas” (art. 458). En ambos casos se aplica una multa dependiendo de la gravedad. Esta norma existe desde 1875.

Para efectos del debate jurídico, a juicio del gobierno, es lo mismo cuando se habla de tomas “violentas y no violentas”.

Pese a ello, Coloma insistió en que no hay tomas no violentas, mientras que el senador Kast señaló que hoy sale menos costoso robar un celular que usurpar un terreno.

En medio de los cuestionamientos hacia la ministra Tohá, senadores de Chile Vamos y del Partido Republicano -Coloma, Kast, Manuel José Ossandón y Carmen Gloria Aravena, entre otros- realizaron este martes un nuevo punto político. En una declaración, en el Congreso en Valparaíso, los legisladores criticaron nuevamente a la jefa de gabinete y endurecieron el tono con el Ejecutivo por su manejo en seguridad.

“Hoy día deberíamos estar celebrando con el gobierno la ley de usurpaciones, por eso no entendemos por qué cuando el Senado avanza, en vez de tener un Presidente y una ministra del Interior que aplaude y empuja, nos ponen el freno de mano. El gobierno eligió ponerse del lado de los usurpadores y no de las víctimas. La semana pasada nos juntamos con la ministra del Interior, había cinco temas que querían vetar y les pedimos, uno, que no crucen la línea roja, que es devolverle la multa a la usurpación. ¿Dónde está la proporcionalidad de las penas? Le decimos al gobierno, ¿hasta cuándo?”, dijo el senador Kast, quien preside la Comisión de Seguridad del Senado.

Agregó: “Ojalá cuando entrevisten a la ministra Tohá le pregunten por qué se puso del lugar de los usurpadores, y no de las víctimas”.

Coloma, por su parte, insistió en que “por naturaleza la usurpación siempre es violenta (...). De aprobarse el veto, es más grave robar un celular que usurpar una propiedad. Lamentamos profundamente el veto, con eso se desnaturaliza una institución importante”.

Aunque Ossandón también mantuvo un tono severo con el Ejecutivo, el legislador admitió que “debo reconocer, y es una opinión muy personal, que cuando ellos hablaron de la legítima defensa privilegiada, el gobierno tenía razón. Porque eso se le puede dar un mal uso y generar violencia entre privados. Pero eso era parte de un veto con sentido común. No tratando de defender ideológicamente las tomas”. Este punto, de hecho, había sido uno de los más controvertidos durante la tramitación de la normativa.

La derecha, eso sí, mantuvo en suspenso cuál será la estrategia legislativa que adoptarán para enfrentar el veto de La Moneda. En el sector indicaron que aún siguen evaluando si es que recalificarán las observaciones hechas por el Ejecutivo.

En La Moneda, en tanto, la ministra Tohá y el titular de la Segpres, Álvaro Elizalde, anunciaron que le pondrán discusión inmediata al veto, es decir, habrá un plazo de seis días para discutir y votar las observaciones.