General (R) Martínez queda detenido tras cara a cara con jueza Rutherford

En su nuevo hogar, en Vitacura, en el que recién se está instalando junto a su familia, el general (R) Ricardo Martínez estuvo el jueves 31, hasta cerca de la medianoche, junto a su abogado, Juan Carlos Manríquez, preparando el interrogatorio ante la jueza Romy Rutherford. Hace sólo unos días había dejado la residencia del Complejo Militar de Lo Curro, en Vitacura -que habitó desde 2018 cuando fue designado comandante en jefe-, lugar que él, en un inicio, pretendía fuera el escenario para concretar la diligencia de toma de declaración como inculpado en el denominado caso Fraude en el Ejército. Pero la Corte Marcial y la Suprema rechazaron dicha pretensión y este viernes a las 9:00 horas debió presentarse ante la ministra en visita, en su despacho, ubicado en la intersección de las calles Compañía con Morandé, en diagonal al Palacio de Tribunales.

“Voy a hacer uso de mi derecho a guardar silencio”, le dijo a la magistrada en su primer cara a cara como inculpado e interrogadora. Aún rondaba en la mente del exmilitar el recuerdo de que debió renunciar anticipadamente a su cargo -el 2 de marzo, a seis días del traspaso de mando-, debido a que la magistrada cursó su citación en la arista “pasajes aéreos” en que se indagan desvíos de dineros fiscales de viajes y viáticos de comisiones de servicio de los uniformados. Martínez iba pauteado. En el sistema de justicia militar, en que se tramita su causa, no se considera un derecho del inculpado el no declarar, tampoco se le permite estar acompañado por un abogado y de eso, el general (R) le pidió a la magistrada que dejara expresa constancia. También pidió que si en la sala en la que estaba con la jueza había alguien ajeno al tribunal, se retirara, pues podía ser después utilizado como testigo vulnerando así sus derechos. “Más que militar, parecía su propio abogado”, comentó una fuente de tribunales, que sostuvo que el excomandante en jefe solicitó también saber los argumentos del porqué quedaría detenido y si lo dejaban incomunicado, exigía poder hablar -al menos- con su abogado.

La magistrada lo miró y tras unos minutos procedió, junto a su actuario, a redactar la resolución que lo mantendrá privado de libertad al menos hasta el próximo martes 5, cuando se vence el plazo para resolver si lo procesa por fraude al Fisco. “Por aparecer de los antecedentes agregados a esta causa que existen elementos suficientes que justifican la detención del inculpado, dese ingreso en calidad de detenido, en libre plática, a Ricardo Marcelo Martínez Manteau, por el plazo máximo de 5 días, debiendo el encausado permanecer interno en el Regimiento de Policía Militar N°1 del Ejército de Chile”, se lee en la resolución de Rutherford.

Si bien ante la justicia, el general (R) guardó silencio, no hizo lo mismo ante los medios de comunicación que desde muy temprano lo esperaban en el frontis de tribunales. Ahí aprovechó de profundizar sus críticas a la justicia marcial, a no poder contar con su defensa al momento de ser interrogado como cualquier otro chileno que enfrenta un proceso judicial. “Siempre he estado tranquilo. Yo he dicho públicamente que nunca he estado por sobre la ley, pero tampoco por debajo de la ley y hoy he venido a comparecer al tribunal”, aseguró.

Junto con esto, sostuvo que “se ha hablado sobre mí, mi patrimonio es legítimo y les pido que cuando se dan las noticias de este calibre, por favor que se investigue bien, porque se hace un daño tremendo”.

La defensa del excomandante en jefe, encabezada por el penalista Juan Carlos Manríquez, ha sido especialmente activa en presentar una serie de recursos de amparo y requerimientos ante el Tribunal Constitucional (TC) para denunciar de que es una vulneración a sus derechos fundamentales el que se le investigue ocupando las herramientas de una justicia que mantiene piezas secretas, que le impide su derecho a no declarar y, lo que es peor, no poder contar con defensa técnica al momento de los interrogatorios.

Se ha vuelto una “bandera de lucha” de Martínez el querer torcer, a través de recursos judiciales, un Código de Justicia Militar -que data de hace más de 150 años- y que, a su juicio, mantiene todos aquellos elementos que se suprimieron en el Código Procesal Penal actual para cumplir con las obligaciones internacionales por el respeto a los derechos de quienes son sometidos a una investigación.

“Ningún justiciable puede comparecer ante un tribunal y arriesgar su libertad, que lo que diga sea usado en su contra si no conoce previamente los cargos en detalle y además sin asistencia de un abogado, por tanto mi cliente va a guardar silencio”, explicó Manríquez.

Aún está pendiente en el TC la revisión de los requerimientos en que el general (R) pide declarar inconstitucional estos aspectos de la justicia militar. Por el momento, el exalto oficial deberá aguardar lo que decida la jueza Rutherford en el Batallón Militar de Peñalolén, en la misma pieza en que han estado -también presos- sus antecesores.