Conflicto entre Tribunal Constitucional de España y Ejecutivo tensiona al gobierno de Sánchez

Un conflicto sin precedentes está viviendo España entre el gobierno, liderado por el socialista Pedro Sánchez, y el Tribunal Constitucional, de mayoría conservadora, y que a través de sus últimas medidas ha evitado su correspondiente renovación. Esto, luego de que se aprobara un recurso presentado por el Partido Popular, de derecha, para detener la tramitación de una ley que pretendía apurar el proceso a través del cual los magistrados del TC se eligen, ya que por el momento hay cuatro de los 12 miembros del organismo cuyos mandatos están caducados.

Al respecto, el presidente Sánchez declaró: “Es un hecho grave. Por primera vez se impide a los parlamentarios que desarrollen su labor de representación de la voluntad popular. Comprendo la indignación de muchos demócratas, y la preocupación de la ciudadanía, que contempla un choque institucional tan grave e inédito en España y en Europa”. De todos modos, el líder del gobierno español señaló: “Acatamos, aunque no compartamos la decisión”.

Con eso, la coalición mayoritaria en el Parlamento español buscará otras vías para pasar las reformas necesarias para renovar, tanto al Tribunal Constitucional como al Consejo General del Poder Judicial. En la primera, cuatro de los 12 magistrados llevan seis meses con sus mandatos caducos, pero aún siguen en el tribunal manteniendo la mayoría conservadora. En el CGPJ, que normalmente debería durar cinco años y renovarse completamente, ya van cuatro años de bloqueo a este cambio, y de hecho dos de sus 20 puestos están vacantes debido a la muerte de sus miembros.

Para entender el conflicto, hay que partir con la victoria electoral de los partidos progresistas en 2019, cuando el PSOE y Unidas Podemos hicieron la coalición que hasta el día de hoy gobierna España y tiene a Pedro Sánchez en la presidencia. En los años anteriores, las mayorías legislativas que tenía la derecha se expresaron en la elección de magistrados, tanto en el TC como en el CGPJ, que hasta el día de hoy tienen mayorías conservadoras.

En primera instancia, hay un bloqueo político en el que el Partido Popular (PP) y el PSOE no han llegado a acuerdos que les permitan renovar el CGPJ. El problema se evidenció grave en junio de este año, cuando cuatro de los miembros del Tribunal Constitucional caducaron sus mandatos: dos de ellos se elegían por mayoría parlamentaria, pero los otros dos por el Consejo General del Poder Judicial.

Mientras los candidatos para los dos primeros cupos ya fueron nombrados por el gobierno, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la exalto cargo de Moncloa Laura Díez, no hay indicio de que la entidad judicial vaya a elegir los miembros que les corresponden. Y sin esos otros dos miembros, el cambio no se realizará, ya que el TC se debe renovar “tercio a tercio” (de cuatro en cuatro, cada tres años).

Por esto mismo, el 16 de diciembre el Congreso (de mayoría progresista) aprobó una reforma al Poder Judicial, donde se apuraba y forzaba la renovación del TC. El objetivo de esta reforma era que los miembros designados por el gobierno puedan tomar posesión del cargo, sin tener que esperar a los candidatos del CGPJ.

Sin embargo, faltaba la aprobación del Senado a esta reforma, y el PP se apuró en presentar un recurso al Tribunal Constitucional para evitar la tramitación faltante, alegando que la enmienda propuesta por el PSOE y Unidas Podemos no correspondía a la ley general que se estaba aprobando. Las enmiendas al Poder Judicial fueron escritas al interior de un proyecto de ley que reformaba originalmente el Código Penal, y que, entre otras cosas, eliminaba el delito de sedición.

Aceptando ese argumento, ayer lunes el Tribunal Constitucional decidió detener aquella tramitación, en lo que algunos leyeron como un ataque a la autonomía del Congreso, en una votación seis a cinco. “Esta decisión tiene su origen en que el PP, cuando perdió las elecciones, decidió no cumplir la Constitución y bloquear primero el Consejo General del Poder Judicial y ahora el Constitucional, con el único objetivo de mantener una composición más favorable a sus intereses. Distintas direcciones del PP han arrojado distintas excusas para retener un poder que los ciudadanos no han avalado en las urnas. Esto se ha ido agravando hasta desembocar en esta decisión”, señaló hoy el presidente Sánchez respecto a esta decisión.

Para más polémica, dos de los magistrados conservadores habían sido “recusados” o declarados inhábiles para participar en esta votación, por Unidas Podemos y el PSOE: Pedro González-Trevijano, y a Antonio Narváez. Esto debido a que ambos tendrían un “interés directo” en los asuntos discutidos, ya que son los magistrados con mandatos caducos que correspondería, sean reemplazados por los candidatos del gobierno.

A pesar de discutir sobre la reforma, el TC demoró la votación sobre la recusación a ambos magistrados, y se realizará en los próximos días. La decisión de apartar o no a González-Trevijano y a Narváez era crucial en la votación misma, ya que sin su presencia, los magistrados progresistas estarían en mayoría de cinco a cuatro en el tribunal. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press indicaron que ambos jueces se negaron a apartarse voluntariamente de la votación, y al final la mayoría conservadora decidió que “no era el momento procesal oportuno para analizar si debían quedar al margen del tribunal”.

Respecto a la decisión, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, criticó tanto al PP como al TC por esta decisión. “El Constitucional ha detenido la acción legislativa de los representantes legítimos del pueblo español”, indicó Bolaños, agregando respecto al tribunal que “ha paralizado su propia renovación, pendiente desde hace seis meses. Y lo han hecho algunos magistrados que, con su voto, han decidido su propio futuro”.

“Este no es un conflicto entre partidos ni entre instituciones, sino entre quienes cumplimos la Constitución y quienes la incumplen desde hace cuatro años. ¿Cuáles son las razones para este bloqueo? Lo estamos viendo. Con sus recursos, el PP quiere controlar el Parlamento cuando es mayoría y cuando no lo es. Hoy se ha abierto una puerta que no sabemos adónde conduce”, aseveró Bolaños en una conferencia de prensa.

La siguiente acción en esta polémica, que sigue bloqueando la renovación del Tribunal Constitucional y el CGPJ en España, está en manos del oficialismo. En su reacción a la decisión del TC, Sánchez comentó: “El gobierno adoptará cuantas medidas sean necesarias para poner fin al bloqueo del Constitucional y del Poder Judicial”

Por esto mismo, el siguiente camino sería el de retomar el contenido de las enmiendas pretendidas por el gobierno, y cambiar el carácter de estas: ya no serían enmiendas a una ley distinta, sino un nuevo proyecto de ley para cambiar las normas del Tribunal Constitucional.