Jefe del equipo de abogados de Lula da Silva: "Los mensajes de Moro refuerzan lo que hemos dicho: No tuvo un juicio justo"

Los efectos de la bomba que hizo estallar el portal The Intercept Brasil al filtrar supuestos mensajes entre el entonces juez Sérgio Moro con fiscales de la operación Lava Jato aún se dejan sentir en ese país. Las sospechas surgidas sobre la actuación del ahora ministro de Justicia del gobierno de Jair Bolsonaro en el proceso que llevó a la cárcel a Luiz Inácio Lula da Silva, han llevado al jefe del equipo de abogados del expresidente, Cristiano Zanin Martins, a subrayar que esos mensajes serán utilizados para "reforzar" ante la Justicia sus solicitudes de "nulidad del proceso" y de "declaración de inocencia" e inmediata liberación del líder del Partido de los Trabajadores (PT), en la cárcel desde abril de 2018.

En esta entrevista con La Tercera, Zanin Martins afirma que los mensajes filtrados por The Intercept refuerzan la tesis de que el exmandatario "no tuvo derecho a un juicio justo, imparcial e independiente". A su juicio, Moro y los fiscales promovieron una "verdadera cruzada contra Lula con el objetivo de alejarlo de la vida pública".

¿Los mensajes revelados por The Intercept son suficientes para solicitar la nulidad del juicio contra Lula?

Estas revelaciones refuerzan lo que siempre hemos dicho: el expresidente Lula no tuvo derecho a un juicio justo, imparcial e independiente. A partir de esas revelaciones es posible verificar, además, que Sérgio Moro, en la condición de juez del caso, coordinó la actuación de los promotores de la acusación con el objetivo de construir artificialmente y con fines políticos una condena preestablecida, aun sabiendo que Lula no cometió ningún delito.

La Orden de Abogados de Brasil recomendó el alejamiento temporal de Moro y del fiscal Deltan Dallagnol. ¿Está usted de acuerdo con esta sugerencia? ¿Por qué?

Estoy de acuerdo, la Orden de Abogados de Brasil fue muy criteriosa al hacer esta recomendación, que busca una investigación plena e imparcial.

El Presidente Jair Bolsonaro mantuvo silencio sobre la situación de Moro en los primeros días tras las revelaciones de The Intercept. ¿Usted cree que el ministro de Justicia arriesga su cargo por esta controversia?

Prefiero no responder a esta pregunta porque ella solo implica aspectos políticos.

¿Cómo ve el futuro del caso Lava Jato después de las revelaciones de The Intercept?

Estas revelaciones refuerzan que Lula es víctima de lawfare, que consiste en el uso perverso de las leyes y los procedimientos jurídicos con fines políticos. Desde 2016 apuntamos en Brasil y en el Comité de DD.HH. de la ONU, que el exjuez Moro y los fiscales dirigidos por Dallagnol estaban promoviendo una verdadera cruzada contra Lula con el objetivo de alejarlo de la vida pública. Es un momento de reflexión sobre el sistema judicial de Brasil. No se puede considerar natural un proceso criminal en el que los abogados del acusado son interceptados y monitoreados en tiempo real; en el que el mismo juez que participó en la fase de investigación es el juez que juzga el mérito de la acción; en el que el juez que instruyó el proceso y condenó al reo asume, en la secuencia, uno de los principales cargos en el gobierno que él ayudó a elegir a partir de esa condena.

¿Entonces confirma que Moro ordenó intervenir la central telefónica de la oficina de Teixeira, Martins & Abogados?

Lamentablemente el exjuez Moro intervino la principal extensión de nuestra oficina y agentes de la Policía Federal pasaron a monitorear en tiempo real las conversaciones y, consecuentemente, la estrategia de defensa del expresidente Lula. Moro tenía miedo de que nuestro recurso fuera aceptado y él perdiese la competencia para juzgar a Lula. En mi opinión el caso revela una de las más groseras violaciones al derecho de defensa ya vista y estudiada por la comunidad jurídica.

¿Considera entonces que los mensajes atribuidos a Moro muestran una persecución a Lula?

Nadie puede estar contra la lucha contra la corrupción. Pero lo que se verifica es que la Lava Jato no es, en realidad, una operación de combate a la corrupción, sino un sistema de persecución contra blancos predeterminados. Es una etiqueta que se coloca en procesos en los que el debido proceso legal puede ser alejado o mitigado. Es un instrumento de erosión del Estado de Derecho. Lamentablemente, el mismo lawfare practicado contra Lula también está siendo practicado en otros países, con fines políticos, geopolíticos y comerciales.