Activistas por la legalización del aborto en Argentina reactivan su lucha y reclaman al Presidente argentina Alberto Fernández que cumpla su promesa de presentar un proyecto, mientras las iglesias se oponen con fuerza amparándose en la pandemia que puso en emergencia el sistema de salud.

Bajo el lema “Es urgente. Aborto legal 2020”, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito llama a “saturar las redes, intervenir en las calles, mostrar nuestros pañuelos en todas partes, pintar de verde la Argentina las próximas semanas con intervenciones artísticas de impacto”.

El pañuelo verde, símbolo de la lucha a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, busca la forma de expresarse “con todas las medidas de cuidado” para evitar contagios de covid-19, supliendo las masivas marchas de la llamada “marea verde” en 2018.

Las miradas están puestas ahora en el presidente peronista de centroizquierda, quien en la apertura de las sesiones parlamentarias el 1 de marzo prometió presentar un proyecto de legalización del aborto, para cumplir un compromiso electoral.

La iniciativa quedó trunca con el confinamiento decretado el 20 de marzo por la pandemia. Se suspendieron las sesiones parlamentarias, luego reanudadas en forma remota, y se agudizaron las tensiones entre oficialismo y oposición.

“Estamos terminando de trabajar” en el proyecto, dijo Fernández este martes. “Yo quisiera que el tema no se convierta en una nueva disputa entre los argentinos. Respetemos a todos”, enfatizó.

Fernández, un aliado del papa Francisco, planea presentar simultáneamente un “Plan de los mil días” que prevé la asistencia del Estado a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad y a sus hijos, una forma de equilibrar la balanza ya que evitaría supuestas causales económicas en la decisión de abortar.

“Valoramos muy positivamente la intención política pero hasta ahora hubo una postergación continua. Estamos esperando”, dijo a la AFP la psicoanalista Martha Rosenberg, pionera en la lucha e integrante de la Campaña, como se abrevia.

La Campaña impulsa su propio proyecto que contempla la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación, pero reconoce que una ley del Ejecutivo podría arrastrar votos en el seno del oficialismo, donde aún hay legisladores reticentes.

La ley vigente, de 1921, autoriza la interrupción del embarazo cuando fue producto de una violación o está en peligro la salud de la mujer.

“Ya no podemos esperar. Es este año, es ahora, es urgente, es imprescindible (la ley). Las mujeres siguen muriendo por complicaciones del aborto clandestino”, dijo a la AFP Marta Alanis, de la organización Católicas por el Derecho a Decidir.

Según el ministerio argentino de Salud, se producen al año unas 39.000 internaciones por complicaciones de abortos clandestinos, evitables si las prácticas se realizaran en condiciones seguras.

“El aborto legal es medicamentoso y ambulatorio, mucho más barato que atender las complicaciones que sí representan un gasto oneroso. La argumentación económica (contra el aborto legal) es falaz”, afirmó Rosenberg.

En sus 15 años de historia, la Campaña presentó ocho proyectos de legalización del aborto en el Congreso, pero recién en 2018 llegó al recinto, en plena efervescencia de la movilización feminista. Las mujeres lograron una histórica aprobación en Diputados, pero la norma fue rechazada por un Senado más conservador.

El proyecto volvió a presentarse el año pasado con más de 70 firmas de diputados y debe tratarse en sesiones ordinarias (hasta el 20 de noviembre) o en extraordinarias, sino perderá estado parlamentario. El 2021, año electoral, no será propicio para un debate de este tenor en un país de fuerte influencia católica.

“La legalización del aborto es una deuda de la democracia acerca de la desigualdad que afecta a las mujeres”, sostiene Rosenberg.

Las iglesias católica y evangélicas se pusieron en alerta y justifican ahora su rechazo en la situación sanitaria por la pandemia, que en Argentina registra más de un millón de contagios y supera los 29 mil muertos por covid-19.

“La situación general de la salud pública, planteada por esta dolorosa coyuntura, hace insostenible e inoportuno cualquier intento de presentar y discutir una ley de estas características”, sostuvo la Conferencia Episcopal.

La Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas advirtió que un debate legislativo “provocará manifestaciones” de defensores y detractores. “No es el tiempo de discutir el aborto, estamos en medio de una pandemia”, agregó.

“La Iglesia está en contra, para alguien que está en contra nunca va a ser la oportunidad. Nosotros creemos que es un tema de salud pública y que el Estado debe hacerse cargo”, reaccionó la diputada oficialista Carolina Gaillard, presidenta de la comisión de Legislación Penal.