La propuesta constitucional de los alcaldes oficialistas

Las largas filas durante el plebiscito del 25 de octubre.

Joaquín Lavín, Rodrigo Delgado, Mario Olavarría, Eduardo Soto y José Miguel Arellano, entre otros, están detrás de un documento que busca influir en el proceso constituyente. Estas son sus medidas.




Un trabajo junto a un grupo de profesionales, como abogados constitucionalistas, expertos en políticas públicas y directores de algunas áreas de distintas comunas, realizaron un grupo de alcaldes de la centroderecha.

La síntesis está contenida en un documento de 14 páginas en el que se plantean una serie de propuestas en materia constitucional. Esto, pensando en el proceso constituyente que se abrió a partir del plebiscito del domingo 25 de octubre.

El texto es liderado por Joaquín Lavín y Rodrigo Delgado, pero también es suscrito por Mario Olavarría, Eduardo Soto y José Miguel Arellano. Ellos cinco, además, forman parte del directorio de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), que agrupa a alcaldías de la centroderecha. Y el documento -que también es respaldado por otros ediles, como José Vilugrón, Iván Campos y Carlos Schwalm, entre otros- apunta principalmente a fortalecer las capacidades de los municipios y a establecer una serie de principios en la Constitución.

“En Chile, las municipalidades son órganos descentralizados administrativamente, dotados de autonomía, pero no de poder para gobernarse a sí mismas, por ser este un país unitario. De ahí que la mayoría de las atribuciones que tienen vienen dadas por una cesión que el gobierno central ha especificado en la Constitución o en las leyes fundamentales. El municipio, entonces, es, por definición, una instancia subnacional de gobierno, por lo que no puede competir con este o atribuirse las mismas funciones”, comienza el escrito. Y se agrega: “Surge así la necesidad de establecer una nueva institucionalidad municipal, para lo cual, evidentemente, se debe partir por una reforma constitucional que siente las bases de este proceso de transformación de un nuevo municipio para Chile”.

El texto también alude a la situación que enfrenta al país y al estallido social, aunque sin mencionarlo explícitamente. Así, señala que “la indignación de las personas no es ideológica, surge, en gran parte, de los efectos de la desigual prestación de los servicios del Estado, aburridas de las largas filas para recibir algún servicio del Estado, de no obtener el beneficio a tiempo, debido a la falta de capacidad de gestión, entre otros aspectos”. En ese sentido, mencionan como uno de los objetivos de esta propuesta lograr que las municipalidades puedan ofrecer un buen servicio, “independiente de cualquier diferencia y territorio en el que se encuentren”.

Así, uno de los elementos que buscan instalar en el proceso constituyente es la “garantía de aporte presupuestario a las municipalidades”, punto en el que se pide que “a lo menos un 30% del presupuesto de la nación debe distribuirse a través de las municipalidades”, señalándose que “los recursos municipales no han crecido en la misma proporción que las nuevas atribuciones y necesidades que deben satisfacer la municipalidades”.

Otro aspecto del documento es lo que denominan como “principio de equidad territorial”. Al respecto, en el documento se lee que “uno de los problemas actuales más trascendentes de las municipalidades en Chile son las desigualdades comunales que se busca mitigar con el principio de equidad territorial, que parte estableciendo soluciones jurídicas, consagrando constitucionalmente el elemento territorio como esencial dentro de la definición de municipalidades”.

Asimismo, se incluye el “principio de competencia preferente”, es decir, “colocar al centro y como principal prestador de servicios a los municipios y no el Estado central”. El escrito señala que actualmente los municipios “son meros colaboradores del gobierno central”.

Estas propuestas, además, serán lanzadas formalmente en los próximos días, junto con realizar convocatorias a instancias ciudadanas, como consultas y cabildos. La idea es complementar las medidas y darles una especie de “legitimidad”.

En ese contexto, el documento incluye otro elemento: consagrar el “principio constitucional de participación ciudadana con carácter obligatorio para las autoridades comunales”, para lo que proponen establecer temas en los que la opinión de las personas sea vinculante para las autoridades de la comuna respectiva.

“Los próximos meses serán los tiempos de proyectos nacionales, emblemáticos y que apunten a resolver los problemas cotidianos de los ciudadanos. Serán los tiempos de unir a Chile”, finaliza el escrito, el primer trabajo concreto en materia constitucional en el que participa -además de los otros ediles- Lavín, una de las cartas presidenciales de la centroderecha y que se manifestó a favor del Apruebo para el plebiscito.

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