Las trabas del caso que indaga la filtración de la PSU de Historia

El 7 de enero fue suspendida la PSU de Historia. Foto: Agenciauno

A 10 meses del hecho se desconoce quiénes fotografiaron y divulgaron los facsímiles en redes sociales. Entre las dificultades investigativas destaca la falta de un registro de quiénes ingresaron con celulares a rendir el examen y los perfiles falsos que difundieron el material.


El 7 de enero pasado se filtró la Prueba de Selección Universitaria (PSU) de Historia, lo que obligó a suspenderla y dejar a 202.461 alumnos sin la evaluación, en una jornada marcada por manifestaciones en las afueras de distintos establecimientos.

La Fiscalía Oriente y el OS-9 iniciaron una indagatoria para dar con él o los autores, mientras que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella contra quienes resulten responsables del delito de revelación de secretos con grave daño a la causa pública.

Pero a 10 meses de estos hechos, la investigación del fiscal de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, no ha logrado establecer quién divulgó la prueba.

Según fuentes ligadas al caso, solo se ha determinado que la filtración no ocurrió en el proceso de entrega de las cajas. Tampoco se ha establecido la autoría de las fotos a los facsímiles, porque, de acuerdo a las mismas fuentes, no se hizo un registro de quiénes entraron con celulares a los sitios de rendición, a diferencia de la segunda fecha, el 27 de enero, cuando se estableció un protocolo que dejó estos equipos afuera de cada sala.

Además, indican que ha sido complejo llegar a los autores, porque la divulgación se hizo a través de redes sociales con perfiles falsos y de “corto plazo”, es decir, cuentas falsas que luego fueron borradas.

Al respecto, desde la Fiscalía Oriente explicaron que aún realizan diligencias para ubicar a los responsables.

Para José Joaquín Brunner, académico de la Universidad Diego Portales, “es lamentable esta enorme demora en determinar el caso, aunque entiendo que es una investigación en extremo complicada, porque están involucradas las nuevas tecnologías de una manera tal que resulta muy difícil”.

“El daño a los estudiantes y al prestigio de la prueba ya está hecho. La PSU dejó de funcionar, se terminó, y empezamos este año con una nueva prueba de admisión que, es de esperar, sea aplicada con todos los resguardos del caso, a partir de la lección que tuvimos (que aprender) de la vez anterior”.

José Joaquín Brunner

Según la acción legal del CDE, ese día, cerca de las 13.30, el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) fue informado que a través de Twitter “se publicaron imágenes de la prueba de Historia -forma 124, el cual enumera el modelo de prueba- proveniente de la cuenta de Twitter @Vanessa Scar, la que fue posteriormente eliminada del portal, como asimismo de la cuenta @Redimido23 y @Isipgh16, aún vigentes”.

Sin embargo, de acuerdo al CDE, las páginas publicadas no contenían el folio de la respectiva forma 124, lo que hubiese permitido identificar el local donde se reveló el contenido de la prueba y hacerle seguimiento. También se advierte que las características de la filtración muestran que quien facilitó la revelación de estos documentos conocía la mecánica de construcción de la prueba, “existiendo una clara intencionalidad en la develación de la misma para afectar en su conjunto la admisión universitaria”.

El subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, sostuvo que “la filtración de la PSU fue un acto de máxima gravedad” y que, por tanto “esperamos que las diligencias que se están haciendo permitan dar con los responsables de este hecho”.

Vargas añadió que a la luz de la nueva Prueba de Transición -que se realizará el 4 y 5 de enero y que reemplazará a la PSU- se está trabajando desde julio “con una Mesa de Seguridad integrada por los ministerios de Educación, Salud e Interior, y el Demre de la U. de Chile, para tomar todos los resguardos sanitarios, pero también las medidas de seguridad que permitan que los postulantes puedan rendir la prueba en las mejores condiciones”.

En tanto, desde el Demre detallaron que han aportado “todos los antecedentes requeridos por la PDI y Carabineros, con el fin de identificar a el o los responsables”.

Asimismo, desde el CDE comentaron que, junto con el perjuicio patrimonial, la filtración de la prueba “implicó graves afectaciones a la credibilidad de los procesos de selección universitaria y a la igualdad en el acceso para todos los postulantes, razón por la cual este servicio solicitó una serie de diligencias”. Además, agregaron que la investigación sigue vigente y con pesquisas pendientes “debido a la emergencia sanitaria”.

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