Líos de platas: PDI apunta a rol y abultado sueldo de concejala Paz Fuica (RD), exjefa territorial de diputada Catalina Pérez

En el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía Regional de Antofagasta por los convenios suscritos por la seremi de Vivienda de dicha ciudad con fundaciones, hay dos exmilitantes de Revolución Democrática que aparecen como sujetos clave: el exseremi Carlos Contreras y Daniel Andrade. Sin embargo, recientemente la PDI emitió un informe -dado a conocer por La Tercera- donde se revela que la diputada Catalina Pérez también estaría vinculada al delito de tráfico de influencias que se intenta dilucidar.

Pero además de ello, producto de las declaraciones de testigos, hay una cuarta persona que asoma como personaje de interés: la concejala Paz Fuica (RD). Ella había ejercido como encargada territorial de la diputada Pérez y ahora es identificada como mano derecha del otrora seremi y como quien participó directamente en la selección de las ONG que se vieron beneficiadas con contratos con el servicio.

Fue el 4 de julio pasado que Alonso Legunda Satas, jefe del Departamento Planes y Programas de la Seremi de Vivienda de Antofagasta, entregó detalles de aquello, pues fue a él a quien inicialmente Contreras le solicitó formalmente contactar, a mediados de julio de 2022, a las fundaciones Democracia Viva, Fundación Tomarte, Procultura y Fibra, para invitarlas a participar de los programas asociados a Asentamientos Precarios. Luego, sin embargo, aseguró que se le relegó de la toma de decisiones y que Fuica tuvo un rol determinante.

“Me llamó la atención en ese entonces que Contreras se abocara tanto y casi toda su atención se enfocara a que estas fundaciones que se estaban incorporando al proyecto de Asentamiento Precario firmaran los convenios de transferencia, incluso por sobre otras prioridades rectoras del quehacer institucional, como lo es el presupuesto para disminuir el déficit habitacional”, declaró.

Y más adelante, sumó: “A mediados de septiembre del 2022, de nivel central me consultaron el motivo de porque aún no se encontraban firmados los convenios con las fundaciones, ya que habían proyectos aún sin asignar, por lo que le consulté a Paz Fuica, cual era la situación de los proyectos, por lo que ella a través de su correo institucional con copia a Contreras, el 15 de septiembre del 2022 me responde: ‘hemos terminado las conversaciones con las fundaciones nuevas y ya hemos llegado a acuerdo para la asignación de convenios faltantes’”.

Eso le dio a entender, de acuerdo con lo que precisó Legunda en su declaración, que “Fuica junto a Contreras, fueron los que establecieron qué fundación invitadas a participar se harían cargo de cada convenio, ignorando el criterio utilizado para la asignación de cada convenio”.

Misma postura esgrimió Yasna Contreras Solar, quien se desempeña directamente en el Programa Asentamientos Precarios y que el 7 de julio declaró ante los detectives: “nadie de mi equipo del programa Asentamiento Precario participó en la designación de cada programa a la fundación que debía realizarlo y tampoco nos dieron la oportunidad de revisar o hacer reparos en las designaciones”.

Y agregó: “A su consulta, cuando Paz se refiere en el mail que ‘Hemos terminado las conversaciones con las fundaciones nuevas y ya hemos llegado a acuerdo para la asignación de convenios faltantes...’ A mí parecer eso lo definió Paz Fuica y Carlos Contreras”.

De acuerdo con la declaración de los testigos, Paz Fuica llegó a prestar labores a la Seremi en agosto de 2022 y según indicó Marietta Méndez, jefa del Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura del servicio, ella misma se presentó como “una profesional que trabajaría para el programa de campamentos a través de fundaciones, ahora tengo claro que quien pagaba sus servicios era la Fundación Para la Superación de la Pobreza.

En en el mismo sentido, la jefa de Jurídica, Aleksandra Vrsalovic, declaró que la profesional, apenas llegó, comenzó “a realizar funciones de coordinación de las temáticas de campamento, copiaba los correos que estaban dirigidos desde Seremi a campamentos y desde Serviu hacia nosotros. Es decir, era el nexo en materias de campamento entre ambos Servicios. Ella incluso solicitó estar en conocimiento del estado de tramitación de los convenios y las solicitudes de ingreso por parte de Serviu, es por ello que su nombre aparece en la distribución de los convenios de Asentamientos Precarios”.

Si bien su permanencia en la Seremi no se extendió por muchos meses, de acuerdo con declaraciones de testigos, porque “tuvo problemas con personas del Serviu” y porque se le cuestionaba internamente que siendo concejal estuviera prestando este tipo de labores, la misma Vrasalovic hizo presente que a varios les llamó la atención el sueldo que ella percibía.

“Recientemente nos percatamos, a propósito del requerimiento de la Contraloría, que su contrato con fundación Superación de la Pobreza (FUSUPO), fue suscrito el 17 de octubre, en circunstancias que ella comenzó a prestar servicios desde agosto de ese año, y su contrato señala en su clausula tercera que su monto total a pagar sería dividido en 6 cuotas distribuidas en distintos montos bastantes altos y no coinciden con los datos consignados con la planilla oficial que mantiene la Sección Administración y Finanzas de la Seremi”, sostuvo en su declaración.

Y agregó: “Se consigna el mismo monto total de $19.200.000, prorrateados en 12 meses, pero no coincide con el tiempo en que Fuica prestó servicios ya que sólo trabajo desde agosto del 2022 a enero 2023, y en desglose del contrato indica que se pagarían los montos brutos” hasta agosto de 2023.

Conforme al detalle que entregó, Fuica recibiría: $2.000.000 en octubre de 2022, $4.000.000 en noviembre de 2022, $4.000.000 en enero 2023, $3.000.000 en marzo 2023, $2.500.000 en mayo 2023 y $3.700.000 en agosto 2023.

En otro de los pasajes de la carpeta, además, la concejal también es cuestionada por su postura ante observaciones respecto de eventuales irregularidades por parte de fundaciones, lo quedó de manifiesto en la declaración de Diego Barrera, analista financiero de la Seremi.

Ante los investigadores, indicó: “Respecto a las observaciones que presentaban los convenio, quiero indicar que tenían muchas, algunas fáciles de subsanar y otras que no fueron subsanadas a pesar de haber realizado los descargos a mis superiores por los exorbitantes montos. En este sentido me refiero a que respecto a una fundación parece que Procultura, me llamó la atención el contrato de arrendamiento de un inmueble por más de $75.000.000 (...) Le comenté la suma exorbitante a Jennifer Hidalgo, quien coincidió que era un monto elevado y posteriormente, le consulté a Paz Fuica, a lo que respondió que no me debía preocupar ya que ello era un acuerdo entre el entonces seremi y el presidente de la fundación, y que no hiciera más consultas al respecto ya que estaba todo zanjado y no había nada que hacer”.

Por todas estas consideraciones y otros detalles, en el informe emanado por efectivos de la PDI se indicó que hay serias sospechas de que la citada concejal estaría involucrada en los delitos indagados en medio del caso.

Junto con Fuica, en el periodo en que Contreras se desempeñó como seremi había una serie de otros funcionarios que llegaron a trabajar al servicio pero que sus sueldos eran pagados por fundaciones, como el de Constanza Vilches Gaete, y quien además fue recomendada por Pablo Herrera, macro zonal norte de Convergencia Social y jefe de gabinete de la delegada presidencia de Antofagasta, Karen Behrens Navarrete.

Según Vilches, en abril de 2022 Herrera la contactó para solicitarle su currículum, “ya que el partido al que pertenece andaba en busca de personas de confianza para ingresar en distintos cargos políticos (...) La última semana de junio del año 2022, me contacta el seremi Contreras, y me dice que Pablo Herrera le había dado mi teléfono y si podía ir a una entrevista de trabajo”.

“A los días después, acudí a la entrevista y allí Carlos Contreras me indica que habían recursos que se estaban ejecutando a través de fundaciones relacionados a campamentos en que no existía control técnico y de ejecución por parte la Seremi. Por lo que él quería tener la certeza que se estaban cumpliendo los proyectos, por que mi función era el seguimiento técnico de los convenios inicialmente”, complementó.

En los mismos términos, detalló que el sueldo se lo pagaban bajo dicha modalidad porque se había fijado que las fundaciones aportarían un monto de los convenios, “para robustecer los equipos de Seremi y Serviu”, ya que estos no tenían capacidad de personal para hacer el seguimiento de los convenios.

En su caso, se le indicó que recibiría lo mismo que el resto de las personas contradas con fondos de las fundaciones: $ 1.300.000 bruto.