Los cobros del tag: un conflicto sobre ruedas

El ministro de Obras Púbicas, Alfredo Moreno, cerró este miércoles la puerta para una eventual rebaja de la tarifa del peajes en autopistas urbanas. "No es posible rebajarla y les hemos explicado el porqué. Yo creo que cualquier persona entiende perfectamente. Estas autopistas tienen contratos, fueron construidas por personas que pusieron los recursos (...), no sería posible tener las carreteras que tenemos si pagáramos el 20%", dijo la autoridad. Incluso, durante su viaje a Valparaíso, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se detuvo a hablar con camioneros.

En cuatro de las autopistas urbanas de Santiago, cerca de 800 automovilistas y camioneros, según los organizadores, participaron de la movilización en la que pedían cuatro ejes centrales, entre ellos, la reducción del 80% del valor del peaje y un "perdonazo" para los deudores.

Aunque la discusión sobre rebajar el precio de las autopistas con tag es de larga data, las reuniones entre el gobierno y la agrupación "No + Tag" se han intensificado en las últimas semanas.

Andrés Alarcón, vocero y coordinador general del movimiento, detalló que el martes "nos reunimos cinco horas con el ministro Moreno. Nos dijo un no rotundo en los primeros dos puntos (bajar un 80% el valor del servicio y quitar la obligatoriedad de mantener la cuenta al día para obtener el permiso de circulación)".

En el gobierno dicen que uno de los compromisos cumplidos fue eliminar el reajuste anual de 3,5% y solo dejarlo en base a la variación del IPC. Según el ministro Moreno, de no haber aplicado esta medida, "la tarifa habría crecido, en los 15 años que les quedan a estas autopistas, en promedio, casi 70% real".

El petitorio de la organización de automovilistas y camioneros es vista con atención por expertos en materia vial, quienes coinciden en que la solicitud de disminuir el valor del tag causaría un daño al Estado. Ariel López, ingeniero en transportes y miembro del Núcleo Milenio Movyt y del Instituto Ferroviario, asegura que la medida "es regresiva, porque es un subsidio adicional a camioneros y automovilistas". Para Franco Basso, director de Citylog, de la UDP, "gastar más de US$ 500 millones en limitar solamente el alza del IPC es ocho veces lo que costó bajar el Metro de Santiago, que fue lo que desencadenó este movimiento social".