Casos de probidad ponen bajo la lupa funcionamiento de la Comisión de Ética del Senado

Desde 2014, la instancia sólo ha resuelto en dos casos de legisladores: ambos terminaron sin sanciones. Una moción busca crear una nueva dirección de ética bicameral con miembros independientes.

“Espero que la Comisión de Ética eventualmente tenga que pronunciarse”, dijo el martes pasado el presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber (PPD), tras conocer el intercambio de correos electrónicos entre la senadora UDI Jacqueline van Rysselberghe y el ex presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros del Biobío (Asipes) Luis Felipe Moncada, mientras se discutía la Ley de Pesca en 2014.

Su petición, sin embargo, fue rechazada minutos más tarde por Hernán Larraín (UDI), presidente de la Comisión de Ética y Transparencia del Senado. “No actuamos cada vez que sale una noticia de un senador o senadora en la prensa”, comentó Larraín.

Esta negativa a abrir una causa generó un debate en torno a la labor de la Comisión de Ética de la Cámara Alta. ¿Cómo funciona, quiénes la componen y qué resoluciones ha tomado en los últimos años, en medio de la crisis de confianza que enfrenta el mundo político? Esas son parte de las interrogantes.

Además de Larraín, integran la Comisión de Ética, desde marzo de 2014, el senador independiente y candidato presidencial del PR Alejandro Guillier, Alfonso de Urresti (PS), José García (RN) y Andrés Zaldívar (DC).

Durante estos tres años, el grupo sólo ha emitido dos pronunciamientos respecto de parlamentarios denunciados por presuntas faltas a la probidad. Se trata de Alejandro Navarro y Carlos Bianchi. Y en ambos casos, en resoluciones dictadas en noviembre de 2016, de manera unánime, los senadores no fueron sancionados ni amonestados.

La causa que vincula a Navarro se originó luego que el comité de Auditoría Parlamentaria del Senado hiciera un reparo respecto de los pagos a la asesora externa del senador, Damaris Hernández, quien ayudaba en causas legales en la sede distrital del legislador y no en el Congreso. La comisión respaldó al senador.

El desafuero de Bianchi también motivó el inicio de una causa, tras ser acusado por la fiscalía de fraude al Fisco y negociación incompatible por arrendar para su sede parlamentaria una propiedad que estaba a nombre de su suegra. El legislador, sin embargo, fue absuelto por la justicia en 2016, hecho que también impulsó a que la Comisión de Ética cerrara su caso sin sanción.

Las investigaciones de la fiscalía contra parlamentarios por presuntas faltas a la probidad o financiamiento irregular de campañas llevaron a que la comisión pidiera a los senadores Iván Moreira (UDI), Jaime Orpis (ex UDI) y Eugenio Tuma (PPD) -en junio de 2015- antecedentes de sus casos y que realizaran sus descargos. Fuentes de la comisión aseguran que en los próximos días se conocerá la primera sanción del año contra un senador por estos casos.

Una comisión opaca

Lo que ocurre dentro de la Comisión de Ética y Transparencia es desconocido para terceros, ya que no autorizan el ingreso de periodistas o público a sus sesiones y no realizan actas. Por eso no se conoce el contenido de los debates, los argumentos que da cada senador para desestimar los cargos contra uno de sus pares o la tabla de las materias que abordan.

Todos los acuerdos adoptados por esta instancia son unánimes. Según el senador García, “el hecho de que sean unánimes les da a las resoluciones una enorme fuerza, muestra una transversalidad política importante que evita alegatos del tipo: ‘ciertos sectores me quieren perjudicar’ o ‘es una revancha política’”.

Otro senador que integra la comisión asegura que su rol “no es la de un tribunal de justicia”, más aún cuando los parlamentarios no cuentan con un código de ética. Y enfatiza que su principal tarea es “zanjar las diferencias entre senadores”.

En la comisión señalan que son partidarios de esperar los fallos de tribunales antes de pronunciarse, para no intervenir en los procesos. “Hay que ser prudentes, porque cuando la comisión empieza a investigar a alguien, obviamente, eso tiene cierto peso, y no queremos influir, sea en beneficio del parlamentario o en su perjuicio, con nuestras actuaciones o decisiones”, señala Larraín. Y ejemplifica con el caso de Patricio Walker (DC), quien recientemente fue sobreseído en la indagatoria por gestionar aportes de una pesquera en favor de Iván Fuentes. “Si lo hubiésemos llamado a la comisión, podríamos haber hecho el ridículo o causarle un daño a su imagen y a su honra”, afirma Larraín.

Uno de los temas que ha analizado la comisión es el proyecto para endurecer las sanciones por faltas a la probidad parlamentaria. La moción, presentada en 2015 por la propia comisión, propone crear una nueva Dirección de Ética y Transparencia Parlamentaria bicameral para revisar temas de probidad, conflictos de interés y lobby. Los miembros de la entidad serían profesionales independientes seleccionados por el sistema de Alta Dirección Pública.

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