Contraloría desestima solicitud del PPD para establecer inhabilidad de ministros en proyecto Isla Riesco

La petición apuntaba al beneficio que podría obtener el Presidente Sebastián Piñera con la aprobación de la iniciativa. Esto, por las acciones que el Mandatario posee en Copec, empresa que participa como socio.




La Contraloría respondió hoy una solicitud -presentada hace aproximadamente dos meses- de la presidenta del PPD, Carolina Tohá, y del diputado Enrique Accorsi, en la que consultan si los miembros del comité de ministros que deberá resolver la aprobación del proyecto Mina Invierno debe inhabilitarse.

Según la petición, la eventual aprobación del proyecto -que se pretende instalar en Isla Riesco, Región de Magallanes- podría aumentar el valor de las acciones de Copec, empresa que participa como socio de la iniciativa y de la cual es accionista el Presidente Sebastián Piñera.

En el dictamen del ente contralor, sin embargo, se plantea que "la integración del referido órgano decisorio no es consecuencia de la calidad de exclusiva confianza que dichas autoridades tienen respecto del Presidente de la República, motivo por el cual las opiniones que ellos manifiesten y las decisiones que el comité adopte no dicen, en principio, relación con los intereses personales del Primer Mandatario".

En todo caso, el documento establece que el organismo dirigido por Ramiro Mendoza "velará por el respeto al principio de probidad e instará por el cumplimiento del deber de abstención, cuando corresponda, al que se encuentran sujetas las autoridades mencionadas".

Ese punto es destacado por Tohá, quien comentó que "la Contraloría dejó una ventana abierta".

La timonel del PPD, no obstante, cuestionó otra de las respuestas entregadas por Mendoza en el dictamen. En referencia a la solicitud de que el Mandatario actualice su declaración de patrimonio, luego de que se desprendiera de su participación en Chilevisión y Blanco y Negro, en el documento de Contraloría se explica que la renovación de los datos debe realizarse, entre otras consideraciones, cada cuatro años.

"Hay una norma legal, muy superior a la norma reglamentaria, que dice que la declaración deberá actualizarse cada cuatro años y 'cada vez que ocurra un hecho relevante'", sostuvo Tohá.

"El contralor no citó esta norma. Fue omitida, y lo encuentro muy preocupante", dijo la presidenta del PPD a La Tercera.

En la misma línea, señaló que el día de mañana o a más tardar el viernes presentarán una reconsideración a Mendoza, para que "revise" el dictamen dado a conocer hoy.

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