Gobierno cede y apoya medida para castigar el lucro con cárcel

Pasado el mediodía de ayer, diputados oficialistas de la Comisión de Educación de la Cámara se reunieron con el ministro Nicolás Eyzaguirre.

En una oficina del Congreso, en Valparaíso, el titular de Educación abordó con los parlamentarios las modificaciones al proyecto que pone fin al lucro, el copago y la selección en colegios subvencionados. Esto, horas antes de que se iniciara la votación en particular de la iniciativa. En la cita estuvieron Camila Vallejo (PC), Giorgio Jackson (independiente), Yasna Provoste (DC), Fidel Espinoza (PS) y Cristina Girardi (PPD), quienes presentaron una serie de indicaciones.

Pero fue una propuesta la que concentró la conversación. Pese a que el gobierno era crítico de la idea de tipificar el lucro -postura que fue comunicada a los partidos oficialistas en las últimas reuniones en La Moneda-, finalmente Eyzaguirre apoyó una fórmula intermedia que castiga el lucro a nivel escolar, estableciendo, en ciertos casos, sanciones de cárcel efectiva.

El hecho sorprendió a algunos presidentes de partidos de la Nueva Mayoría, quienes el lunes pasado, en sintonía con la postura que hasta ese instante tenía el Ejecutivo, exteriorizaron su inquietud por esa propuesta tras participar de la reunión de comité político en La Moneda. A juicio de los jefes partidarios, la medida escapaba al programa de gobierno.

Pero desde hace algunos días se venían realizando reuniones entre diputados de la Comisión de Educación y representantes del Ejecutivo, conversaciones de las que no estuvieron enterados los máximos dirigentes del bloque oficialista. En esa línea, algunos explican que los jefes partidarios opinaron sin saber lo que se estaba negociando.

En la apertura del Ejecutivo también fue clave la presión de diputados de la Comisión de Educación, cuyos votos pueden hacer fracasar algún artículo de la reforma.

Así, en una de las reuniones realizadas la semana pasada, el Ejecutivo ya había transmitido señales favorables. No obstante, los representantes del gobierno evitaron entregar un patrocinio formal. Este resguardo se mantuvo tras la reunión de ayer, por lo que la medida sólo aparecerá con la firma de parlamentarios. En subsidio, Eyzaguirre dio su venia en público a la medida.

No hubo éxito, sin embargo, con otras propuestas, como la que limitaba aranceles de colegios privados, por lo cual los diputados no insistirán.

LUCRO Y CASTIGO

La disposición que penaliza el lucro establece que si un dueño de un colegio retira utilidades, se le ordenará la restitución de ese dinero. También se podrán aplicar multas sobre el 50% de ese monto. En el caso de que se niegue o de que reincida en el retiro de utilidades, se abrirá una investigación para determinar si hubo dolo, es decir, una intención deliberada por lucrar. Ahí se establecería un delito similar al de malversación. Si es así, se seguirá un proceso en el Ministerio Público para buscar sanciones, que podrían llegar hasta un año de presidio efectivo.

"En la medida que haya lucro, se establece un delito que constituye una figura similar a lo que es malversación, lo que es un delito inicialmente administrativo. Y si después puede haber pruebas suficientes, esto puede llegar al Ministerio Público y, eventualmente, a un juzgado, tal como ocurre en cualquier entidad que administra fondos de terceros", explicó Eyzaguirre.

El tema no alcanzó a ser votado ayer y quedará pendiente para las siguientes sesiones. Uno de los objetivos del gobierno es acelerar la tramitación, por lo que se decidió reducir el número de indicaciones. La fórmula implicó fundir algunas materias que cumplían con objetivos similares.