Informe calcula en más de 57 mil las Personas Expuestas Políticamente (PEP) en Chile

En los últimos años, en el país se han conocido una serie de ilícitos e irregularidades vinculados a la relación entre los negocios y la política, que obligan tanto a empresarios como a representantes de la ciudadanía a elevar sus estándares de transparencia. Cambios en la legislación nacional que apuntan a una mayor probidad en el sector público, en paralelo a modificaciones a normas sobre gobiernos corporativos, han sido resultado de ello, en línea con una opinión pública cada vez más exigente.

En ese contexto, en el ámbito empresarial ha emergido con fuerza el desarrollo del compliance, término con el que se denominan las áreas ligadas al cumplimiento normativo, concepto poco conocido en el país, pero que va tomando creciente protagonismo y que busca mejorar la prevención de fraudes, el cohecho, narcotráfico, lavado de activos, estafas piramidales y delitos tributarios, entre otros. Para ello es clave un acabado conocimiento de las contrapartes al momento de hacer un negocio y seguir de cerca el comportamiento de clientes, empleados y proveedores.

De acuerdo a la Ley 19.913, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) -entidad relacionada al Ministerio de Hacienda (ver entrevista en página 4)- es la encargada en Chile de prevenir e impedir la utilización del sistema financiero, y de otros sectores de la actividad económica chilena, para la comisión de los delitos de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT).

Como parte de ese mandato, actualmente existen 6.587 personas naturales y jurídicas, principalmente del ámbito financiero público y privado (bancos, compañías de seguros, corredores de Bolsa, entre otros), que son "sujetos obligados" a reportar a la UAF aquellas operaciones que consideren sospechosas de LA y FT. La normativa define como sospechoso en este sentido "todo acto, operación o transacción que, de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, resulte inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente". En 2016, la UAF recibió 3.366 reportes de actividades sospechosas (ROE). El incumplimiento de esta obligación implica sanciones de hasta 5.000 UF (unos $ 133 millones) por infracción.

César Poblete, director y gerente general de Gesintel, consultora que provee software y bases de datos nacionales e internacionales a personas y empresas para ayudarlas a la prevención y reporte de posibles delitos financieros, asegura que solo un puñado de estos "sujetos obligados" tendría un conocimiento profundo de sus obligaciones de prevención. La firma elabora y provee listados de "personas riesgosas" -al momento de hacer un negocio- que son hoy mayoritariamente utilizados por grandes compañías, pero que esperan sean cada vez más demandados por pequeñas y medianas empresas.

Un elemento central de este modelo de prevención lo constituyen la nómina de Personas Expuestas Políticamente (PEP), que según la circular N° 49 de la UAF corresponde a "chilenos o extranjeros que desempeñan o hayan desempeñado funciones públicas destacadas en un país, hasta a lo menos un año de finalizado el ejercicio de las mismas". Según la UAF, debido a su posición e influencia, se reconoce que muchas PEP están en posiciones que potencialmente pueden ser utilizadas indebidamente para la comisión de lavado de activos y los delitos relacionados, entre ellos la corrupción y el soborno, o actividades conducentes al financiamiento del terrorismo.

No existiendo un número oficial de Personas Expuestas Políticamente en Chile, Gesintel elaboró un informe que, utilizando principalmente información de transparencia de entidades públicas, estima en 4.300 las PEP propiamente tales, a las que se suman 33.000 parientes cercanos y 20.000 socios, alcanzando 57.300 PEP en total en el país. En la firma señalan que ello considera, por ejemplo, no solo a los cuerpos directivos de una empresa, sino también a los parientes políticos hasta el segundo nivel (como yernos o suegras). Adicionalmente, se considera PEP a quienes han sido candidatos a cargos públicos o privados de relevancia y se incluyen funcionarios públicos como fiscalizadores de entes reguladores, que alcanzan actualmente las 368.000 personas.

Por otra parte, la compañía elabora un listado de "personas de interés", correspondiente a aquellas que han sido acusadas o sancionadas por entidades como la UAF, la Superintendencia de Valores y Seguros, y a las personas investigadas por delitos económicos por la PDI. Este registro, sumado a un trabajo de investigación de personas nombradas por los medios de comunicación nacional por materias relacionadas a los delitos de cohecho, narcotráfico, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, alcanza a más de 3.600 individuos.

En tanto, apuntando al mercado que va más allá de los "sujetos obligados", se construyó un listado de "personas influyentes", que incluye a más de 11.000 personas: entre ellos figuran dirigentes gremiales y sindicales, también dirigentes universitarios, líderes religiosos y lobbistas, entre otros.

De acuerdo a Poblete, "esto lo realizamos en base a una corriente reciente usada en EE.UU. de agregar al due diligence (debida diligencia) a estos grupos".

Consultado respecto de los alcances del manejo de datos personales que realiza la compañía, el ejecutivo respondió que "nosotros cumplimos estrictamente con lo señalado por la Ley 19.628 sobre la protección de datos. Manejamos datos de personas, pero no caben en la categoría de datos 'sensibles', que exigen contar con el consentimiento expreso de estas para usarlos. Además, todos los datos que obtenemos son de fuentes de acceso público" .