Juzgados registran 18 mil casos de niños inimputables detenidos por delitos desde 2014

Jueves 30 de junio. El reloj marca las 18.40 horas cuando E.S.G.E. sale de su oficina, ubicada en calle Condell, comuna de Ñuñoa, para subir a su camioneta. De improviso, uno de los tres desconocidos que camina a su lado se abalanza con violencia para quitarle las llaves y robar su vehículo.

El presunto victimario, que no supera 1,50 metros de estatura, inicia un forcejeo que se interrumpe de golpe  cuando peatones corren a ayudar a la mujer asaltada. Tras reducir al agresor, y con la llegada de la SIP de Carabineros al lugar, un nuevo antecedente sale a la luz: el presunto atacante, de iniciales M.E.S.A., sólo tiene 13 años y, pese a tener dos detenciones anteriores, por hurto y receptación, es inimputable ante la justicia penal, por lo que será entregado a un adulto responsable.

Casos de menores infractores con edades inferiores a 14 años -rango exigido para ser juzgado bajo la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente- superan los 18 mil desde 2014 a la fecha, según estadísticas del Poder Judicial.

De acuerdo al análisis judicial, en 2014 hubo un total de 8.494 infractores de ley a nivel nacional. En 2015, en tanto, los casos llegaron a 7.000 y, hasta mayo de este año, se han registrado otros 2.774  (ver infografía). En cuanto a los menores con edades de 14 a 17 años, quienes sí pueden enfrentar a la justicia, la fiscalía formalizó a 44.619 adolescentes en 2015 y, durante el primer trimestre de este año, 9.005 llegaron a la justicia por cometer ilícitos.

Gloria Negroni es magistrada del Tercer juzgado de Familia de Santiago, donde casos de este tipo son vistos de manera frecuente.

Según la jueza, "en primer término, si se trata de un niño o niña menor de 14 años que infringe la ley es inimputable,  es decir,  no se le puede atribuir responsabilidad penal. Por tanto, es absuelto por la infracción  o delito, pero es posible que sea necesario  determinar si existe un derecho gravemente amenazado o vulnerado. En ese caso es posible iniciar una causa de medida de protección, lo que se hace una vez que se ha evaluado el riesgo y determinado que el niño no cuenta con un adulto responsable que vele por la garantía del ejercicio de sus derechos y que requiere intervención por un programa que apoye un cambio de conducta,  fortalecer o reinsertar al sistema escolar o fortalecer a los padres en su tarea de crianza. O reparar el daño que haya ocasionado la grave vulneración o amenaza".

Agregó que "si se trata de una manifestación estudiantil se considera el ejercicio de un derecho siempre que no haya otra infracción de ley asociada. En casos de reiteración de conductas delictivas, generalmente se inicia una causa proteccional".

Rolando Melo, ex director del Servicio Nacional de Menores (Sename) y actual director de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente de la Fiscalía Nacional, explicó que "en el caso de que a un niño menor de 14 años de edad se le sorprendiere cometiendo un delito, la policía deberá poner al niño a disposición del tribunal de familia, a menos que se trate de infracciones menores, caso en el cual la policía podrá entregar al niño a sus padres o personas que lo tengan a su cuidado".

En Carabineros, por ejemplo, respecto del tema del robo de vehículos, el mayor Diego Rojas, de la Dirección de Investigación Criminal, indicó que "los análisis criminológicos y sicológicos de nuestros expertos coinciden en que estos menores son altamente cortoplacistas; no miden las consecuencias de sus acciones delictuales, siendo  indolentes respecto del miedo que causan a sus víctimas y a veces altamente violentos. No miden el daño que pueden causar tras un volante cuando huyen".

Deuda país

Para el subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey, las cifras del Poder Judicial y la fiscalía son "extremadamente preocupantes y hablan de la deuda país que tenemos. Todo lo que invirtamos en prevención es mucho más rentable que hacerlo en reacción, cuando ya el niño está dañado y tiene una conducta delictiva".

El diputado PPD Daniel Farcas expresó que se debe "sancionar a los adultos que utilicen a menores para delinquir". Aseguró que "estamos frente a un problema dramático y complejo".

Gonzalo Fuenzalida, diputado de RN, dijo que "es una cifra alarmante y preocupante. El Sename ha fracasado respecto de medidas de protección de los menores imputables que están en los centros cerrados y semiabiertos o sistemas de acompañamiento".

Rafael Rodríguez, jefe de Programas Sociales de Fundación San Carlos de Maipo, sostuvo que "la gran mayoría de los programas sociales implementados por el Estado no son evaluados en resultados (...). Los niños inimputables que cometen delitos muchas veces se mezclan con aquellos que están en el Sename, porque se han vulnerado sus derechos, con todos los efectos negativos que eso tiene".