La pugna judicial tras la venta de acciones del Country Club de Temuco

El destino de uno de los pulmones verdes de Temuco está en disputa. La venta del Frontera Country Club, ubicado en la provincia de Cautín, dividió a los accionistas del recinto, quienes llevaron el caso a la justicia para zanjar el futuro de las 50 hectáreas que comprende el lugar.

Sólo el sector de las canchas de golf tiene 20 hectáreas de áreas verdes, que oxigenan a una ciudad declarada saturada de contaminación por material particulado fino.

El conflicto se remonta al 21 de noviembre de 2012. Ese día, la inmobiliaria Pocuro Sur Ltda. inició una oferta pública de adquisición (OPA) de acciones para lograr el control de la inmobiliaria Frontera Country Club.

Su objetivo, según la querella interpuesta el año pasado, era tomar el control y "modificar la sociedad y enajenar su terreno". En medio de ese proceso -asegura el texto- se detectó que títulos accionarios estaban extraviados o habían sido robados.

Este hecho, según la querella, generó que 54 de estos documentos, representativos de 106 acciones, fueran vendidos a la inmobiliaria, lo cual se avaluó en $ 225 millones.

En total, la sociedad cuenta con 2.400 acciones y los controladores actuales, Pocuro Sur, poseen el 56% del total.

Según asegura la querella, los documentos "se vendieron reconstituidos antes de poderse haber generado o emitido, lo que constituye una adulteración de instrumentos privados mercantiles".

Por estos hechos, además, socios del Country Club se querellaron por los delitos de falsificación de instrumentos privados y uso de información privilegiada, bajo la Ley de Mercado de Valores.

Con ello buscan que la Fiscalía de Temuco aclare la forma en que la firma tuvo "a través de su intervención directa o por terceros (...) información societaria que legalmente no debieron haber tenido", dice el libelo.

En el Ministerio Público, a través de la unidad de comunicaciones, afirmaron que el fiscal Luis Arroyo instruye una indagatoria desformalizada, derivada de una denuncia hecha por accionistas que no están de acuerdo con la venta del predio. Por esto, sostuvieron, se investiga un posible delito de infracción a la Ley de Mercado de Valores.

PRESUNTA IRREGULARIDAD
Las sospechas de los accionistas surgieron tras detectar supuestos contactos entre los gerentes de Pocuro con los antiguos directores del club, los que "cooperaron" con esta sociedad para llevar a efecto este negocio, asegura el abogado querellante, Fuad Halabí.

El profesional representa a tres afectados y afirma que la inmobiliaria "se ha dedicado este año solamente a que el country no funcione, para seguir destruyéndolo. No han hecho una gestión para continuar con el country como lo que es: un club de deportes y recreación".

Angélica Tepper, hija de uno de los fundadores y actual accionista del recinto, dice que "vender es una pérdida para Temuco, porque nuestros padres crearon el lugar para que Temuco tuviera un pulmón verde, centro de eventos y un lugar de recreación e incluso de atractivo turístico".

Añade que "el valor de los terrenos es muy alto y ellos (la inmobiliaria) compraron acciones que no reflejan lo que vale el terreno. Entonces, aquí estamos frente a una compra que a todas luces puede ser legal, pero éticamente no es honesta".

Por otra parte, Carlos Bugmann, quien fue accionista mayoritario pero vendió su participación, asegura que "no hubo irregularidades. Hubo una oferta por la venta de acciones y las vendí (...). Algunos accionistas del golf no están de acuerdo, pero entiendo que no hay nada que esté mal en esta venta".

Carlos Kohler, otro de los accionistas mayoritarios que vendió su parte, recalca que "no existe información privilegiada, eran de uso público los balances y estados financieros (...). No ha habido enajenación de terreno ni venta de ningún bien; es sólo una venta de acciones". Añade que "fueron los mismos denunciantes quienes tuvieron contactos y reuniones previas con la inmobiliaria Pocuro antes de la OPA".

INFORME DE LA PDI
Un informe del 14 de junio de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI afirma que "existen antecedentes que hacen presumir que directores del Country Club manejaban información privilegiada propia de su calidad de directores y la habrían, presuntamente, ofrecido directamente o por medio de un corredor a Pocuro".

El informe añade que "Pocuro lanzó la OPA actuando sobre seguro, manejando información privilegiada que los haría incurrir en el tipo penal indicado".

El 3 de diciembre de 2012, en un medio de comunicación local de Temuco, la empresa publicó un aviso que, a juicio de los querellantes, induciría a engaños a los accionistas que dudaban sobre la venta de sus papeles: "Los amantes de la naturaleza pueden estar tranquilos, ya que este importante pulmón verde de Temuco se conservará gracias a un diseño inmobiliario que respetará la cancha de golf, sus árboles, su fauna nativa y el trazado natural de sus áreas verdes".

Consta en un informe elaborado por la PDI que el 14 y 17 de diciembre de 2012 se publicó un nuevo aviso, que decía que "una vez aprobado el proyecto se dará la primera opción de compra a los actuales accionistas (...) de los lotes que, en conjunto, tendrán 22 hectáreas como máximo, que comprenderán la actual cancha de gol, Club House y piscina, a un valor de 0,30 UF por metro cuadrado".

Consultados por la causa que indaga la fiscalía de Temuco, los abogados de Pocuro Limitada declinaron ayer realizar declaraciones.