Nueva Mayoría zanja medidas de probidad y evita incluir partidos a Ley de Lobby

Hasta La Moneda se trasladaron ayer, al mediodía, los presidentes y secretarios generales de las colectividades de la Nueva Mayoría.

Los dirigentes se habían reunido en la mañana en la sede del Partido Radical, con el objetivo de afinar las medidas elaboradas por la comisión sobre probidad y transparencia que constituyó el conglomerado hace dos semanas y que en Palacio le entregarían, a modo de propuesta, al consejo asesor presidencial anticorrupción que lidera el economista Eduardo Engel.

En el texto -que minutos después fue entregado a los ministros Rodrigo Peñailillo (Interior) y Ximena Rincón (Segpres)- se incluyen 33 propuestas.

En el oficialismo admiten que es una de ellas la que podría encontrar mayor resistencia de parlamentarios oficialistas y opositores en caso de que se tramite en el Congreso: sancionar a los partidos políticos con una reducción del financiamiento estatal permanente que recibirán cada año, aporte que está incluido en el proyecto ad hoc que se tramita en el Congreso.

Para eso, la comisión de la Nueva Mayoría plantea incluir a los partidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, tal como se estipula en uno de los puntos del texto. Y en otro párrafo se señala: "Aumentar el número de sujetos obligados en materia de transparencia (legislativa y judicial), incluyendo a los partidos políticos. Esto implica que el incumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia se sancione con el retiro del aporte estatal permanente a los partidos de manera proporcional a la falta cometida". 

Sin embargo, el bloque evitó plantear la opción de incluir a los partidos políticos en la Ley que regula el lobby y la gestión de intereses particulares. Eso implicaría que los dirigentes de las colectividades deban transparentar sus reuniones e informar sobre su agenda y audiencias, tal como lo deben hacer los parlamentarios y otras autoridades públicas.

Esa medida era esperada por parlamentarios del sector, ya que fue planteada en el documento que presentaron varios días atrás los senadores Patricio Walker (DC), Hernán Larraín (UDI), Isabel Allende (PS), Felipe Harboe (PPD) y Alberto Espina (RN). Incluso, había sido promovida por algunos dirigentes al interior de la comisión de la Nueva Mayoría, quienes admiten que fue conversado en algunas ocasiones. Otros líderes de la Nueva Mayoría, no obstante, desestiman esa versión y sostienen que el tema no fue tratado.

LAS PROPUESTAS

En el texto también se propone, entre otras cosas, sancionar con la pérdida del cargo a una autoridad elegida democráticamente que haya vulnerado las normas de financiamiento y gasto electoral; establecer la inhabilidad obligatoria para todo cargo de elección popular de discutir y votar un proyecto cuando existe un conflicto de interés; prohibir, por un lapso de hasta dos años, que una persona que tuvo un cargo ejecutivo en el sector privado asuma un rol directivo en un área del sector público de la misma materia; y aumentar a penas de reclusión efectiva, en algunos casos, los delitos de cohecho y soborno (ver detalle en recuadro).

Además, se plantea la creación de un registro "obligatorio" de empresas lobbistas, ya que en la ley actual sobre esta materia sólo se estipula un catastro indirecto. Es decir, los organismos privados que desarrollan esa actividad o gestionan intereses particulares sólo quedan anotados en un listado público una vez que hayan solicitado una audiencia con alguna autoridad, y no con anterioridad.

En el documento de la Nueva Mayoría también se realiza una autocrítica por el rol de los partidos frente a la crisis derivada del caso Penta-SQM. "Reconocemos autocríticamente la responsabilidad que nos corresponde y, con humildad y sobre la base de lo ya avanzado, nos proponemos enfrentar los graves problemas que afrontamos comprometiendo nuestro apoyo a las medidas aquí enunciadas", se lee en uno de los párrafos.