Reforma laboral: "Creo que no quedan espacios para la creatividad"

La ministra del Trabajo, Ximena Rincón, confía en que el gobierno tendrá los votos para aprobar la reforma laboral el martes en el Senado. Y si en el camino hipotecó su capital político es clara: "Lo que importa es que se logre una buena legislación, más allá de mí o de cualquier otra persona".




La reforma laboral, al parecer, comienza a encauzarse en la ruta que podría finalmente llevarla a su aprobación por parte del Congreso. Mañana, la Comisión de Trabajo del Senado deberá votar el proyecto de ley con que el gobierno, según ha declarado, busca equilibrar la asimetría de fuerzas al interior de la empresa con una iniciativa legal que plantea el fortalecimiento de la sindicalización y potencia los procesos de negociación colectiva.

La apuesta del Ejecutivo es que esta semana las negociaciones con la Nueva Mayoría y la oposición permitan al proyecto pasar una valla más en esta historia legislativa, lo que no ha sido fácil. Pero las tensiones que dejaron los últimos días anticipan que la cita del martes, cuando el pleno del Senado vote el texto, no será fácil, ya que hasta ahí llegará una reforma que no gusta en el PC, tampoco a una fracción del PS-PPD y que sólo causa simpatía en algunos aspectos para la DC.

Aun con esa dificultad, desde las propias filas oficialistas, la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, confía en que el emblemático proyecto laboral de la Presidenta Michelle Bachelet pasará el filtro de las discrepancias, incluido el rechazo cerrado de la CUT, y que prontamente saldrá aprobado por parte del Congreso.

En esta entrevista por escrito, Rincón, militante DC de larga data, asegura que las “adecuaciones necesarias” en caso de huelga, la restricción a la extensión de beneficios colectivos y la titularidad sindical seguirán tal y como están en las indicaciones presentadas el jueves último, cerrando espacio a nuevos cambios.

Ad portas de que se retome la discusión la próxima semana, ¿qué llamado hace a los parlamentarios?

Hemos conversado con todos los sectores y confío en que seamos capaces de reiterar los principios que inspiran este proyecto y, por tanto, debiéramos tener su respaldo.

La Presidenta Bachelet pidió esta semana que el proyecto se tramitara lo más rápido posible, evitando la comisión mixta. ¿Cómo quedó la negociación, todavía existe posibilidad de evitar la mixta?

Siempre hemos dicho que no dramatizamos ningún camino para aprobar la reforma, lo importante es que se cierre este debate. ¡Ya lo hemos extendido en demasía!

¿En qué minuto de la negociación y por qué razones fracasó un acuerdo con la Nueva Mayoría? 

Estos son temas muy complejos técnicamente, donde hay que buscar redacciones para múltiples artículos y, claro, siempre habrá opiniones diversas. Lo importante es que los principios que inspiraron al gobierno se mantienen incólumes y de lo que se trata ahora es de lograr la aprobación del proyecto.

En su opinión, ¿se justificó el tiempo que se dio el gobierno para negociar en esta etapa un acuerdo? Para la mayoría de los parlamentarios el ítem “adecuaciones necesarias” es prácticamente el mismo que fue rechazado en diciembre...

No es la misma redacción. Nosotros estimamos que la redacción actual deja aún más claro lo que se entiende por reemplazo interno: no se puede cambiar ni de funciones ni de establecimiento a los trabajadores que no están en huelga. Cualquiera de estos cambios son considerados sustitución interna.

¿Por qué fue necesario incluir cambios en materia de huelga y permitir al empleador las “adecuaciones necesarias”? ¿Cuál era el riesgo del proyecto como estaba? 

Se trata de resguardar que el trabajador que no está en el sindicato pueda seguir trabajando durante una huelga en la que no participa. Ese trabajador puede seguir trabajando, pero sin sustituir a los trabajadores que sí están en huelga. Por tanto, puede seguir trabajando en sus funciones habituales y en su establecimiento. Y, por eso, aclaramos que si el empleador hace otro tipo de adecuaciones durante la huelga como, por ejemplo, alterar un horario, sin alterar funciones ni establecimiento, eso no es visto como reemplazo.

¿De qué manera el proyecto garantiza que no habrá reemplazo interno en huelga si, por ejemplo, en el caso de dos secretarias, una sindicalizada y la otra no, cuya empresa está en huelga, la que no está paralizada asumiría la carga laboral de su compañera? Algunos sectores consideran eso como reemplazo interno...

Ya lo dije: lo que define al reemplazo interno es que se cambie de establecimiento o cambien las funciones habituales del trabajador. Y eso lo prohibimos expresamente. En su ejemplo, la secretaria que no está en huelga seguirá en sus funciones y en su establecimiento. Es evidente que la normal producción de la empresa se verá afectada, pues hasta donde alcanzamos a entender, ella no puede desdoblarse o clonarse.

¿El gobierno sigue abierto a nuevos cambios al proyecto o con las últimas indicaciones se cierra el tema? 

La etapa procesal en el Senado ya está agotada. Ahora viene la votación y, posteriormente, habrá que ver cómo se configura el tercer trámite. Creo que no quedan espacios para la creatividad.

¿Cuándo esperan aprobarla?

¡Ayer! No, esa es una broma... Lo antes posible. Este proyecto ha sido largamente debatido y opinado.

Pero si se atrasa la tramitación, ¿están dispuestos a modificar los plazos de vacancia para que pueda entrar en vigencia este año?

Sobre eso ya hay cierto consenso en que se requiere un tiempo prudente para que podamos dictar los reglamentos y dictámenes que se necesitan, alrededor de seis meses.

Sin la venia sindical

La CUT ha declarado que no le gusta el proyecto y, principalmente, el tema de las adecuaciones necesarias. ¿Se consideró su opinión?  

Nosotros hemos dialogado con todos los sectores, es la hora del debate en el Parlamento. En materia de huelga, compartimos que debe ser huelga efectiva y sin reemplazo de ningún tipo y eso consigna nuestra indicación.

¿Está en riesgo la relación con la CUT después de esta etapa?

Nosotros siempre esperamos que la relación sea cordial y franca. Pero nunca perdemos de vista la autonomía del movimiento sindical.

La Central también argumenta que la titularidad sindical, la extensión de beneficios y el no reemplazo en huelga formaban parte del programa de gobierno y que eso no se ve completamente reflejado en las indicaciones. ¿Qué les responde?

Como dije: entendemos que se mantienen los principios del proyecto en estas materias.

¿Qué pasó con el punto que establecía la huelga pacífica incluido en el proyecto original? La DC ingresó una indicación para reponer ese artículo. ¿El gobierno la apoyará?

Como Ejecutivo no hemos presentado indicación en ese sentido. Los senadores tienen que hacer la discusión de sus propias indicaciones.

Una relación difícil

¿Cómo enfrenta el rechazo que el PC ha manifestado a las “adecuaciones necesarias”?

Algunos parlamentarios del PC y del PS han sostenido que puede haber riesgo de reemplazo interno. Nosotros creemos que no existe ese riesgo, porque la norma precisa de mejor forma lo que no se puede hacer y sienta un principio muy claro en el artículo 347: no puede haber reemplazo. Compartimos el principio, así que esperamos conversar en estos días.

Los senadores DC no están conformes con cómo quedó la negociación interempresa. ¿Cuál será la fórmula para conseguir su voto?

Insistir en que el principio de titularidad sindical se aplica respecto del sindicato interempresa también. Esos trabajadores se han organizado legítimamente en esos sindicatos y tienen derecho a negociar. Y también hay que despejar falsos temores: la norma es muy clara en señalar que el sindicato interempresa negocia en la empresa, no más allá de ella, y requiere que el número de trabajadores de esa empresa afiliados al sindicato interempresa sea en quórum suficiente como para constituir un sindicato en su empresa, y la comisión negociadora sólo puede ser integrada por trabajadores de la empresa en que se negocia.

La DC ha dicho que tiene dudas sobre la constitucionalidad de la extensión de beneficios y la oposición la incluirá en el listado de temas que llevará al Tribunal Constitucional (TC) una vez que el proyecto se apruebe. ¿Qué baraja el gobierno en esa línea?

La oposición así lo ha señalado, aunque los senadores DC han dicho que no recurrirán al TC. Nosotros confiamos en la constitucionalidad de todo el proyecto. Esto era parte expresa del programa que el presidente del partido suscribió en su minuto sin reparos.

Pero si el TC se pronuncia contra la redacción de la ley, ¿presentarían un nuevo proyecto o este es el último intento?

Insisto en que creemos que el proyecto se enmarca dentro de la Constitución y de los convenios internacionales suscritos por Chile.

¿Esperaba más unión en su partido frente a una reforma clave del programa de gobierno?

Creemos que la reforma va a ser apoyada y aprobada con los votos de la Nueva Mayoría en el Parlamento.

Usted dice que “hemos dialogado con todos los sectores, pero es el gobierno el que toma las decisiones”. ¿Qué evaluación hace del problema político que se ha generado al interior de la Nueva Mayoría?

Yo no hablaría de problema, sino más bien de un debate que es parte del juego democrático. La tarea legislativa es así: hay diversas opiniones sobre las redacciones, especialmente sobre temas complejos. Nuestra tarea es explicar muy claramente que estas últimas indicaciones de la Presidenta se enmarcan dentro de los principios fundamentales del proyecto. Lo importante es que al final del día nos alineemos, porque, la verdad, tenemos un buen proyecto de ley. Creo que todos, en especial el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés; de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre, y el subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz, hemos hecho un esfuerzo técnico, jurídico y político para sacar adelante la iniciativa y lo importante es tener el resultado de respaldo.

¿Y considera que con este proyecto está jugando su capital político?  

Lo que importa es que se logre una buena legislación, más allá de mí o de cualquier otra persona. Es lo que la Presidenta comprometió en su programa de gobierno. En el momento más duro del debate de la reforma educacional el rechazo en las encuestas era alto, pasó la discusión y la ciudadanía está reaccionando positivamente a la materialidad de una ley que los beneficia y ayuda en equidad, resultado de una política pública que impulsó la Presidenta. Apostamos a lo mismo. Nadie dijo que iba a ser fácil.

En la debilidad del ciclo

El menor crecimiento previsto para este año puede afectar el empleo. ¿El gobierno ha considerado en esta negociación el cambio de escenario económico? 

Esa crítica se viene haciendo desde hace dos años y el desempleo se ha mantenido en niveles relativamente bajos. Nosotros tenemos políticas reales de empleo, de capacitación, de formación, de incentivos a la contratación de mujeres y jóvenes. El gobierno está concentrado en políticas de productividad. Pero para que eso se materialice debemos también entender que los trabajadores son fundamentales para lograrla. Lo dijo en nuestro país hace unos meses David Kreps, académico e investigador de la Escuela de Postgrado de Negocios de la Universidad de Stanford: “Cuando se ha dado al sindicato una voz fuerte, se ha producido una relación laboral más productiva”. No es un tema que atente contra el empleo. Las relaciones laborales buenas son responsabilidad del empleador y ello impacta -cuando son buenas- positivamente en la empresa y el país.

Algunos expertos advierten que la reforma rigidizará el mercado y provocará más desempleo. ¿Pueden dar garantía de que eso no ocurrirá o es un costo que se debe asumir?

Hay buena literatura comparada que no sustenta esa visión. Países como Alemania, los países escandinavos, tienen legislaciones mucho más avanzadas que la que aquí se propone y han demostrado tener mayor crecimiento y mayor cohesión social. Desde 1990 a la fecha hemos avanzado positivamente en materia de disminución de la pobreza, pero hemos sido ineficaces en disminuir la desigualdad; somos uno de los 20 países más desiguales del mundo y el más desigual dentro de los países que integran la Ocde. La desigualdad es inmoral e injusta. Pero como siempre se debate qué es moral y qué es justo, me salgo de ese debate y entro a otro: la desigualdad, como ha señalado el economista de Berkeley,   EE.UU., Samuel Bowles, atenta contra la productividad. Steven Bainbridge, experto en Derecho Corporativo de la Ucla, publicó hace poco un artículo en The Economist afirmando que los sindicatos no necesariamente disminuyen la productividad y citaba como ejemplo a los electricistas de Nueva York (se ponen nerviosos algunos con estas cosas), cuyos trabajadores son ampliamente conocidos por la “calidad de sus servicios”. Así como existen políticas exitosas en materia inflacionaria, monetaria y cambiaria, debemos como país dar un paso más y poner en la agenda pública la relación entre productividad, ganancias y salarios. Esto implica acercarse a una nueva mirada de “buena política económica” que no podemos concebir si los objetivos de trabajo y salario son categorías residuales. El mundo del trabajo es central en la productividad de nuestras economías y ¡debemos darle la relevancia que merece! Los críticos también advierten un riesgo de judicialización en temas como las adecuaciones necesarias y los servicios mínimos al momento de aplicar la norma. ¿Han considerado ese escenario?

Creemos que la ley es clara en servicios mínimos, así como en el procedimiento para determinarlos. Evidentemente, como se trata de una institución nueva (antes no importaban los servicios mínimos, porque había reemplazo), probablemente se generará mucha discusión en un inicio, pero luego las expectativas se ajustarán a lo que dice la ley. Como ministerio estamos trabajando en este tema y lo queremos hacer transparente y participativamente con el mundo del trabajo (empleadores y trabajadores) y los expertos en los distintos sectores.

¿La Dirección del Trabajo (DT) y los tribunales laborales están en condiciones de enfrentar una mayor judicialización?

Los mismos temores se asoman cada vez que se intenta aprobar una nueva ley laboral y, al final, el sistema sigue funcionando. Estamos reforzando la DT para que esté a tono con el desafío.

¿Cuál será la prioridad de su ministerio una vez que se apruebe la reforma laboral? ¿Habrá negociación colectiva en el sector público?

Ciertamente, tenemos que abordar el tema de derecho colectivo en el sector público. Pero con la misma fuerza, mantener y reforzar el trabajo que estamos haciendo en materia de capacitación, certificación y productividad. Hemos invertido muchos recursos en ello, tenemos equipos trabajando, hay mesas tripartitas, pero, claro, muchas veces ese esfuerzo no se nota, porque los titulares se los lleva la reforma. Pero la productividad será un eje primordial del ministerio en 2016.

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