Sobre US$300 millones pagarán eléctricas a comunas por nueva ley




El gobierno le puso números al aporte que deberán realizar las generadoras eléctricas a los municipios del país cuando instalen una generadora en los terrenos de la comuna.
 El Ejecutivo definió que las

empresas que conecten unidades de generación a un sistema eléctrico con una capacidad instalada igual o superior a 200 MW (megawatts), que actualmente corresponde al SIC y al Sing, paguen un impuesto específico de beneficio municipal, de 270 UTM (unos US$ 17.900) por cada megawatts de potencia. Esto implica que los mayores proyectos del país deberán aportar unos US$ 300 millones.

De este monto, casi US$ 50 millones recibirán las comunas de Cochrane y Villa O´Higgins, de la XI Región, como consecuencia de la instalación de las cinco centrales hidroeléctricas del proyecto HidroAysén que implican 2.750 MW. Si se suma la población de ambas se llega a un aporte per cápita de US$ 14.829. En total, unas veinte comunas recibirían estos pagos de las eléctricas. Las más beneficiadas corresponderán a las municipalidas de la XI Región donde se instalarán las cinco centrales HydroAysén.

El proyecto de ley de compensaciones fue anunciado por la presidenta Bachelet durante la primera comida anual de la Energía y tiene como objetivo compensar económicamente a las zonas donde se emplazarán centrales eléctricas a iniciativa está próxima a ser enviada al Congreso para su tramitación. Para disminuir el rechazo que provoca en algunas comunidades la instalación de generadoras, el gobierno anunció en enero pasado dos iniciativas: una modificación reglamentaria para que el pago de patentes al cual están sujetas las centrales de generación, se pague en los municipios donde estarán ubicadas las plantas de generación y un proyecto de ley que obliga a las generadoras a dar un aporte a las comunas.

La iniciativa fue elaborada por el Ministerio de Energía, que encabeza Marcelo Tokman, y no tuvo participación el Ministerio de Medio Ambiente. De hecho, consultada la ministra de esa cartera Ana Lya Uriarte, señaló no conocer los detalles de este proyecto de ley, ni tampoco su contenido.

El proyecto recibió ayer un fuerte rechazo por parte del mundo mediambientalista. Juan Pablo Orrego, coordinador internacional del Consejo de la Defensa de la Patagonia, dijo que los recursos que se podrían entregar, en el caso de HidroAysén, y en términos macro no compensan el daño que producirán las centrales a la zona. De hecho, indicó que hay estudios que cuantifican que la industria del turismo perderá unos US$ 40 millones anuales. No obstante reconoció que son dineros que pueden "nublar" los criterios en las comunas favorecidas.

Sara Larraín, directora del Programa Chile Sustentable, consideró que esta medida es un subsidio del gobierno a las centrales eléctricas, porque las empresas descontarán sus pagos desde los impuestos.

Un alto ejecutivo de una generadora dijo desconocer el contenido del proyecto y señaló que les hubiera gustado participar de la discusión con la autoridad. No obstante, indica que la idea general de la iniciativa es buena, por cuanto permitirá que las comunidades perciban un beneficio directo por parte de los inversionistas y que estos puedan contribuir de manera más significativa al desarrollo de las comunas donde se emplazarán las plantas.

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