La promesa rota de Mejor Niñez

Todo cambió después de que llegó el Justin. Acababa de cumplir 15 años, su padre estaba preso y su madre tenía antecedentes. Venía de un hogar en Limache donde había agredido a una funcionaria que lo cuidaba. Yenny Cruz tuvo que recibirlo en la residencia de la Fundación María de la Luz, que dirigía en San Felipe, pero no quería hacerlo. De hecho, se opuso, porque pensó que era imposible trabajar con un adolescente que tenía a su familia a más de 90 km. Pero, como aprendió, no podía negarse, porque nadie más podía recibirlo. Era marzo de 2022: Mejor Niñez, el sistema que venía a reformular los programas de protección masivos y colapsados del antiguo Sename, llevaba cinco meses funcionando desde su lanzamiento y ya estaba quebrando una de las promesas más básicas que debía mantener.

–Pensamos que, a lo mejor, tenía desajustes conductuales –recuerda Cruz–. Pero cuando ingresó nos contó que delinquía desde los ocho años.

A pesar de ser un sistema pensado como el último recurso para acoger a niños vulnerados, sin parientes en su red de apoyo capaz de acogerlos, las residencias de cuidados alternativos terminaron convirtiéndose en hogares que también podían alojar a adolescentes sancionados con penas que no significaban perder su libertad o que cumplían medidas cautelares, como arresto domiciliario, antes de recibir una condena o que la investigación los absolviera.

El Justin era uno de esos.

–Empezó a influir en los otros niños más pequeños. Se escapaba de la residencia, que es abierta, y se los llevaba para que salieran a robar. Antes de él, nunca habíamos tenido un chico con alguna actividad previa.

Cruz pensó que poniéndole límites cambiaría. Pero eso tampoco funcionó.

–Una vez se desajustó y empezó a romper vidrios y puertas de la residencia. Recibí el llamado de una educadora que estaba desesperada, casi llorando, porque los niños pequeños de la casa pensaban que él los iba a golpear. Yo sentía la quebrazón de vidrios en mi teléfono, escuchaba a otra tía decirles a los niños que no les iba a pasar nada, pero la tía que me llamó me contaba que estaban encerradas en la oficina, que necesitaban ayuda.

Los carabineros llegaron y terminaron llevándose al Justin detenido. En el tribunal, dice Lisette Allende, la directora ejecutiva de María de la Luz, decidieron que esa noche el adolescente regresara a la residencia. Así que hicieron algo que nunca antes habían hecho. Los abogados de la fundación ingresaron un recurso de protección para evitarlo.

Afuera de la residencia había una patrulla.

–Me decían que era vulnerador no recibir a un chico –cuenta Cruz–. Pero nosotros estábamos pensando en proteger a los otros 34 que teníamos, donde la mayoría eran menores de siete años.

El Tribunal de Familia terminó destinando al Justin a otra residencia para adolescentes.

–Efectivamente, era un menor de edad que también fue vulnerado en sus derechos, que las conductas que tenía eran producto de la falta de papás responsables, si se puede llamarlo de alguna manera –explica Allende–. Pero es el servicio el que tiene que dar respuesta. Nosotros no podemos asumir lo que el Estado no está haciendo.

La idea de cerrar los Cread, que eran los antiguos centros masivos del Sename, requería que se abrieran muchas más residencias de cuidados alternativos para igualar la oferta. Pero eso no pasó. Una explicación es que había ciertos segmentos -como los adolescentes- que, por su complejidad, nadie quería atender. Entonces los hogares que debían recibirlos nunca se licitaron.

–Mirando hacia atrás, quizás lo primero debió haber sido tener bien establecidos los mecanismos de priorización en la oferta –admite Blanquita Honorato, subsecretaria de la Niñez en el segundo gobierno de Sebastián Piñera–. Que existiera oferta adicional suficiente para estos jóvenes y recién entonces empezar con el cambio.

De las 248 residencias que existen actualmente en el país, el 90% pertenece a privados –en su mayoría fundaciones– que participan de las licitaciones de programas para niños vulnerados. Es decir, la mayoría de ellos son atendidos por una oferta tercerizada, que concursa por los cupos que se abren y que responden a perfiles específicos, como madres adolescentes o varones menores de 14 años, por ejemplo. Ante la falta de cupo, estas residencias pensadas como espacios familiares no sólo comenzaron a llenarse más allá de los cupos adjudicados, sino que, también, a mezclar a niños con distintas trayectorias vitales.

–Estamos enfrentando problemas graves de poder responder a las necesidades que hoy día está teniendo el sistema –dice Victoria Becerra, directora (S) del servicio Mejor Niñez–. Tenemos la obligación de hacernos cargo de las medidas de protección que los jueces dictaminan en cada una de las causas. Entonces, uno no puede decir, oiga, ¿no sabe que no tenemos cupo? Tenemos el deber de ingresar a esos niños a la residencia que pueda presentar el mejor servicio de protección especializado.

Ese estrés terminó, en muchos casos, con la decisión de cerrar residencias. En 2023 dejaron de funcionar 23 de esos proyectos. En lo que va de este año ya han cerrado cinco y otros 15 están en proceso de cerrar sus puertas.

Las que seguían operando, como la que la Fundación María de la Luz tenía en San Felipe, debían hacerse cargo de esos menores.

–Empezó a pasar esto de que llegaban niños sin ningún informe, sin ninguna indicación técnica y absolutamente descompensados –cuenta Allende.

Yenny Cruz recuerda otro caso. Era de Valparaíso, venía de una internación psiquiátrica. Llegó con personal del hospital que lo trasladaba sedado sobre una camilla a las 2.00 am.

–Esto fue en la madrugada de un fin de semana. No estaba el equipo técnico en la residencia para recibirlo, sólo las educadoras. El chico despertó el domingo y no sabía dónde estaba. Obviamente se desajustó, porque nadie le había explicado nada y tampoco a nosotros. No sabíamos qué pasaba con su familia, qué pasaba con él. Ni siquiera llegó con sus medicamentos.

Después de contenerlo; de explicarle que, al igual que todos los residentes de ese centro, tendría que vivir ahí al menos nueve meses mientras la fundación trabajaba con su familia para que pudieran volver a recibirlo, Lisette Allende pensó en cómo iba a poder hacerlo:

–Meter a los niños donde haya cupo, como si fuesen cajas, no está respondiendo a la necesidad de trabajo con la familia. Porque ¿cómo voy a conseguirlo si para hacerlo tengo que trasladarme afuera de la provincia? Eso te quita todo un día. Hacerlo significa dejar de trabajar en todos los otros casos que tenemos.

No mucho después, recuerda Cruz, llego el Luciano.

Golpeó a los psicólogos con un palo y también incendió parte de la residencia, prendiéndoles fuego a unos bidones de parafina que guardaban en una bodega. La única sanción que le dio el tribunal, explican en María de la Luz, fue mandarlo dos días a otro hogar.

–Cuando cumplió el castigo, ¿sabes a dónde lo mandaron? –pregunta Cruz–. Donde nosotros.

El 2 de diciembre de 2021, el Presidente Sebastián Piñera quiso dar un anuncio importante.

“Hoy, después de un proceso de instalación que se realizó sin mayores inconvenientes, estamos haciendo el lanzamiento de Mejor Niñez”.

El servicio había sido inaugurado dos meses antes por la ministra Karla Rubilar y la entonces directora nacional del servicio, María José Castro.

“Sólo cuando no quede ninguna otra alternativa –dijo Piñera– recurriremos a las residencias familiares, las que, a diferencia de los tristemente célebres Cread, que hemos ido cerrando, serán residencias en que estamos intentando reproducir lo más fielmente posible un ambiente familiar, con espacios más acogedores, más integrados a la comunidad donde exista y se cultiven esos lazos de afecto, de amor, que son tan propios de la familia”.

En una vocería en el Parque Mahuida de La Reina, el exmandatario aseguró que “estoy convencido de que hemos dado pasos importantes hacia la meta de poner a los niños primeros en la fila, y espero que sea parte de nuestro legado”.

El nuevo servicio había nacido al alero de las recomendaciones de un consejo de expertos. La psiquiatra Carmen Lagos estuvo en el comienzo.

–Yo sentía que nosotros decíamos cosas, pero que al final no se tomaban tanto en cuenta en el servicio. No porque no las quisieran tomar en cuenta, sino porque el servicio iba como a otra velocidad.

Había algo de premura, recuerda Blanquita Honorato.

–Obviamente, uno en el último año de gobierno apura las cosas para que salgan. Porque si no, no tienes cómo controlar que luego el siguiente gobierno lo priorice. En ese sentido nos pareció que era mejor apurar la política pública, de modo de generar conciencia y urgencia al Estado respecto de su rol garante.

Esas diferencias hicieron que, luego de seis meses, Lagos renunciara al consejo.

No fue la única que mostró dudas.

–Una de las cosas que nosotros advertimos es que este servicio se implementó de un día para otro. No hubo un periodo de implementación progresivo. A diferencia, por ejemplo, de lo que pasó con el servicio de reinserción social juvenil, donde hubo un plazo de proyección de al menos tres años. Además, cuando Mejor Niñez se instala, todavía no teníamos la ley de garantías que establecía que los niños no son de un servicio, sino que del Estado. Por lo tanto, Salud, Educación y Vivienda también tenían que intervenir –indica Giannina Mondino, directora de la Unidad de Protección de la Defensoría de la Niñez.

Sin esa coordinación, el sistema de residencias, que en octubre de 2021 atendía a 4.346 menores, empezó a fallar un caso a la vez, mientras las instituciones del Estado no eran capaces de decidir de qué tareas eran responsables.

–A veces los equipos de una residencia solicitaban hospitalización psiquiátrica por un problema que no era de riesgo vital psiquiátrico –cuenta Carmen Lagos–. Por ejemplo, una chica que estaba en una dinámica de explotación sexual y se escapaba todos los fines de semana y se ponía en riesgo de que la abusaran. Eso no se mejora con una hospitalización psiquiátrica. Entonces, el psiquiatra que estaba dice ‘no voy a hospitalizarla, porque no le va a servir’. Pero, por otro lado, el equipo de la residencia lo único que quiere es que alguien agarre a esa niña y la encierre para que no salga y no se meta en problemas.

Victoria Becerra lo ve todos los días dirigiendo Mejor Niñez:

–Esa coordinación es algo que el Estado no ha logrado hacer. De verdad, no sé si conozco algún espacio dentro de política pública en el que se tengan que coordinar tantas instituciones para que las cosas funcionen.

La falta de psiquiatras infanto-juveniles al momento de relanzar el nuevo servicio tampoco hizo el trabajo más fácil. Por ejemplo, Ignacio Concha, director ejecutivo de María Ayuda, tuvo que encontrar de forma particular un especialista en salud mental en Iquique para atender a una niña de una residencia de Ovalle.

–Es que no había ningún psiquiatra en la Región de Coquimbo –admite Concha.

Todos esos costos esos extras, explica el director ejecutivo de María Ayuda, le añadían peso a una mochila económica que, de por sí, ya era pesada.

–Tú recibes alrededor de $ 1.400.000 de subvención por niño –agrega Lisette Allende– y el gasto es de casi dos millones por cada uno. Entonces tú ya partes poniendo plata.

La situación de las otras fundaciones no es tan distinta. Un estudio que el Proyecto Juntos por la Infancia -que reúne a cerca de 80 fundaciones y organizaciones que trabajan en niñez- encargó a la consultora Focus en 2022 concluyó que, pese al aumento de los montos de las subvenciones estatales -en 2018 eran $ 237.600 mensuales por niño-, el costo real de las residencias ha aumentado alrededor de un 40% desde la pandemia. Eso está dejando a las fundaciones encargadas de esos hogares con un déficit promedio de 26%.

Entonces, además de las 43 residencias que han cerrado desde 2023, o que están en proceso de cerrar, hay que sumar los hogares que funcionan con sobrecupo. Es decir, acogiendo a más niños de los que deberían. Según Mejor Niñez, son 118: el 48% de los que existen actualmente en la red.

–La verdad es que es mucho, mucho –reconoce Victoria Becerra–. Estamos teniendo más niños de los que las residencias fueron pensadas para tener.

Becerra agrega otra cosa: hoy, por primera vez, hay alrededor de 100 niños en lista de espera para entrar a una residencia. Sobre todo, en las regiones más críticas, como Tarapacá, la Metropolitana, Antofagasta y Valparaíso.

Algunos ven en el origen de esto un problema en el diseño. Otros, como Giannina Mondino, también lo identifican en el rol de los privados.

–¿Por qué estamos teniendo sobrecupos? Porque los organismos colaboradores ya no están dispuestos a recibir niños que tengan determinadas necesidades.

Por ejemplo, participando en licitaciones por cupos para atender a adolescentes hombres con trauma complejo. Niños como el Justin, el Luciano o el Benjamín, que fue el que Yenny Cruz recibió en San Felipe después.

Él, cuenta la entonces directora de la residencia, amenazó con un cortaplumas a una educadora y al terapeuta ocupacional.

También pasaba en Ovalle. Erica Ponce, directora ejecutiva de Niño y Patria, lo vio en uno de sus centros.

–Nos ha pasado que cuando los equipos de trabajo se dan cuenta de que los niños vienen con droga o con algún tipo de arma blanca, les han pedido que la entreguen. Pero los niños los amenazan de muerte. Les dicen “yo sé dónde vive”.

A veces, cuenta la directora de otra residencia de la Región de Coquimbo, el riesgo viene desde afuera. Porque esos adolescentes internados, con adicciones y violentos, salen a conseguir droga en las poblaciones aledañas. No siempre pagando por ella.

–Eso genera que los busquen para cobrarles. Hay narcotraficantes que deambulan afuera de la residencia, porque estamos muy cerca de donde se trafica.

Actualmente hay 102 menores que reciben atención simultánea en el servicio de protección y en el de reinserción juvenil. Niños y adolescentes que, sobre todo, rotan por centros de El Maule, La Araucanía y Valparaíso, y que, por lo mismo, a veces terminaban en San Felipe, dice Yenny Cruz.

–El año pasado llegaron adolescentes con consumo problemático que empezaron a arrastrar a los más pequeños. Tuve un niño de ocho años, el Giovanni, que empezó a consumir así. Terminó con abstinencia y, por lo mismo, a desajustarse y a impactar al resto.

Luego de pedir reuniones a la dirección regional del servicio, enviarles ocho oficios y de, incluso mandarle una carta al Presidente Boric en noviembre del año pasado, Lisette Allende sintió que ya no había más que hacer.

Ese mismo mes informó que cerrarían la residencia de San Felipe en un proceso que duraría seis meses. A esa altura ya estaba funcionando con un déficit de $ 100 millones al año.

Un mes después, siete niños entraron a la oficina de la residencia y destrozaron todo, a pesar de que, como apunta Yenny Cruz, había cámaras grabándolos.

–Se jactaban de lo que estaban haciendo. Se ponían frente a las cámaras y se mostraban.

A fines del año pasado ya quedaban pocos defensores del nuevo sistema de residencias. En junio, Gabriela Muñoz, la entonces directora de Mejor Niñez, expuso en el Congreso sobre la “ausencia de planificación estratégica operativa” con la que heredó el servicio y, además, en abril el informe anual de Derechos Humanos de la UDP concluyó que “el legislador no supo prever la complejidad que supone establecer una nueva institucionalidad con una renovada perspectiva frente a los NNA sujetos de protección”. Otro documento de la Contraloría de octubre evidenció lo que toda la red ya tenía asumido: que el nuevo sistema adoleció de un procedimiento formal para estimar la demanda y oferta de cupos que los menores a cargo del Estado requerían.

El problema es que, con los años, ese número sólo fue creciendo. A abril de este año ya no eran 4.346 los niños en el sistema de residencias, sino que 4.691: un 7,9% más. Las mismas dificultades que atravesaba el país también llegaron a los hogares.

–El fenómeno de la migración está generando medidas de protección para chicos y chicas que están solos, sin adultos a cargo –dice Victoria Becerra–. Cada vez es más frecuente que los jueces determinen que tienen que ingresar a residencias.

Ignacio Concha lo confirma cada mes en los centros de María Ayuda. En Iquique, el 76% de los menores es extranjero. En 2019 eran el 10%. En Antofagasta pasa igual. Hace cuatro años, el 5% de quienes acogían era migrante. Ahora es el 64%.

–Nos llegan niñas derivadas desde tribunales por WhatsApp –asegura–. El juez de turno llama al director de la residencia y dice, ‘oye, va en camino una niña de tales características: recíbanla’. Hemos tenido casos donde una niña nos dice un nombre y una edad que no son los suyos.

Giannina Mondino añade que en la Defensoría de la Niñez supieron de un caso peor en el norte.

–Un niño agredió sexualmente a otro este año. Creo que tenían 12 y 13. El contexto que permitió esta agresión fue la falta de supervisión, porque los profesionales a cargo estaban sobrecargados.

La tragedia pareciera ser esa. El Estado intervino con la intención de ayudar a esos 4.700 niños de residencias. Pero por problemas de diseño, gestión y burocracia que trascendieron a los gobiernos de turno, ese mismo Estado terminó empeorando sus vidas.

–El año pasado hicimos un estudio respecto de la opinión de los mismos niños que están bajo el cuidado del Estado –cuenta Mondino–. Preguntamos respecto al ejercicio de sus derechos. ¿Me vas a creer que hay reflexiones de algunos niños que dicen que valoraban más las residencias masivas que las familiares? Precisamente porque tenían mayores espacios de recreación y más vinculación con la comunidad.

Victoria Becerra entiende el diagnóstico. Dice que está trabajando en un modelo nuevo, con hogares más pequeños, más personalizados y con mayor flexibilidad de financiamiento:

–Podemos mejorar muchas cosas: los incentivos, mejorar la gestión, apoyarlo en ella. Pero en términos de solución, de encontrarles un espacio seguro para la reparación a esos niños, hoy día es muy difícil, porque los colaboradores están apremiados igual que nosotros. Esta crisis residencial es compartida entre el servicio y los organismos.

La ex subsecretaria Honorato duda de un cambio así.

–No hay evidencia que diga que una residencia de seis personas sea mejor que una de 12. Tampoco creo que el nivel de gasto lo resista. No estoy de acuerdo con que el modelo de residencias ha fracasado. Creo que no se ha implementado en verdad ese modelo.

A comienzos de abril, antes de que renunciara, Lisette Allende consiguió una reunión con la antigua directora de Mejor Niñez. Quedaron en que el hogar de San Felipe participaría en una licitación de 20 plazas para niños menores de 13 años.

A fines de ese mismo mes, Yenny Cruz pidió que las trasladaran a la residencia que la fundación tiene en Lo Barnechea. Ya no quería ni podía seguir donde estaba.

Hasta ahora, la licitación que le prometieron a Allende aún no se abre. Hubo otras en Valparaíso: una, por ejemplo, era para abrir 15 nuevas residencias en la región. Nadie quiso participar.

Al mismo tiempo, varias otras comenzaron procesos de cierre: la Arturo Prat, en Valparaíso; la de Aldeas SOS en Quilpué, y la Cumbre, de Marga Marga, de la misma comuna. Esa última, dice Allende, sólo duró un par de meses funcionando:

–¿A dónde crees que van a enviar a esos niños?

Después, Lisette Allende repite la pregunta. Nadie en la oficina contesta.