Agua y medioambiente: conflicto entre la Convención y la realidad

Por Patricio Crespo Ureta, ex presidente de la SNA, presidente de la Federación de Juntas de Vigilancia de la región de O´Higgins

El Pleno de la Convención acordó extinguir derechos adquiridos por los ciudadanos, asegurados internacionalmente, comprometiendo el futuro de los sectores productivos, sus puestos de trabajo y la provisión de bienes esenciales relacionados con las aguas y otros bienes comunes naturales. Algunos lo justifican dando argumentos sin sustento en la realidad, logrando desinformar. Una convencional aseveró que los derechos de aprovechamiento de aguas se otorgaron en forma gratuita, ignorando la contraprestación histórica a la sociedad que realizan los beneficiados mediante la construcción de obras de captación, la enorme red de canales y su mantenimiento, que permite la conducción del agua para terminar realizando la gestión de distribución, todo sin costo fiscal. A ello debemos agregar el pago de contribuciones de bienes raíces con alto recargo para suelos regados.

Ahora pretenden involucrar al Estado, el mismo que ante la expansión de la demanda por agua y su progresiva disminución por la sequía, no alteró su lento ritmo de construcción de nuevos embalses, privilegiando paliar la situación recurriendo al aporte privado para cofinanciar la tecnificación del riego, quedando los pequeños y medianos propietarios al margen, situación que hoy se lamenta.

Sin pudor se busca endosar a los ciudadanos la responsabilidad por aquella parte de las falencias de un Estado incompetente, y se preparan para repartir migajas, condenando al país y a su mundo rural al subdesarrollo. Así confunden a los ciudadanos difundiendo que “no es sequía, sino saqueo”.

La legislación chilena a lo largo de la historia reconoció el dominio pleno del derecho de aprovechamiento asociado a la tierra. Luego se los expropió sin pago y se los separó de la tierra para distribuirlos entre las parcelas de la Reforma Agraria. Tras la reforma, frente a la urgencia de restablecer la confianza ciudadana, se los restituyó y reconoció explícitamente como propiedad para dar certeza jurídica y así poder garantizar créditos e impulsar inversiones para recuperar la producción y las fuentes laborales para el mundo rural, objetivo logrado con creces.

En valiosos aportes, Pablo Jaeger, abogado especialista, nos alerta sobre las enormes incertidumbres que ahora se abren al legislar las normas que deberán dictarse de aprobarse la propuesta constitucional, y Rodrigo Callejas, agrónomo y académico de la U. quien señala que del agua que utiliza la agricultura, el 98,8 % es devuelto al medio ambiente (infiltración, evaporación y flora y fauna silvestres), quedando retenido en los tejidos vegetales solo el 1,2%, desvirtuando expresiones destempladas que buscan demonizar a los actores rurales, con el encubierto propósito de asumir el control estatal tanto de la disposición como de la gestión del recurso. Cabe advertir que, por mandato legal, la gestión ha sido bien realizada por los ciudadanos con derechos, con un costo anual de su cargo, cercano a US$ 80 millones, en tanto, el Estado ha estimado en US$ 2.480 millones el costo de asumirlo. Habría además que capacitar a miles de profesionales para reemplazar a los más de 5.000 ciudadanos comprometidos voluntariamente en ello.

Ahora corresponderá a la opinión pública discernir la propuesta de la Convención y esperemos que se la informe sin sesgos ni engaños, propósito que anima esta columna.