Boric y el “No a Dominga”, un nuevo Barrancones

Como ha consignado el Primer Tribunal Ambiental, “salvo actividades de subsistencia, toda actividad productiva genera impacto en el medioambiente por lo que la normativa nacional e internacional ha diseñado procesos de evaluación que permiten determinar las externalidades negativas para que, en base a las mismas, el titular del proyecto adopte medidas de mitigación, compensación o reparación apropiadas”……”al no poderse prever todas las externalidades negativas de los eventuales proyectos, el legislador no ha establecido un estándar fijo de evaluación, sino que su diseño se entrega a los órganos evaluadores y a los tribunales especiales. El sistema debe tender a una estabilidad que dé certeza, en términos de permitir planificar adecuadamente los nuevos proyectos de inversión”.

El proyecto Dominga ilustra bien la importancia de una institucionalidad ambiental sólida y creíble. Este proyecto -que busca instalarse en la comuna de la Higuera en la Región de Coquimbo- considera invertir US$ 2.500 millones para extraer concentrados de hierro y cobre y construir un puerto y una planta para desalar agua de mar. Crearía 10 mil puestos de trabajo directos en su construcción, y 1.450 puestos de trabajo en operación durante 26 años. En cuanto a su impacto ambiental, el cuestionamiento surge por la cercanía del proyecto con el Archipiélago Humboldt. La zona concentra el 80% de los pingüinos de Humboldt y también hay gran presencia de ballenas azul, fin y jorobada, orcas, delfines, lobos marinos y chungungos, especies que, a juicio de los opositores al proyecto, se verían amenazadas por la intensificación de la navegación, el vertimiento de salmuera y la emisión de partículas.

Como es evidente, impedir un impacto muy significativo en el nivel de vida de los habitantes de La Higuera, si se frena el proyecto, o arriesgar la integridad de uno de los ecosistemas más ricos del mundo, si no hay la capacidad de evitar y mitigar efectos ambientales negativos, son alternativas indeseables. De ahí la importancia de evitar esos extremos cuando ello es factible, a través del análisis técnico conducido por entes calificados, con credibilidad y autonomía para definir los resguardos necesarios que compatibilicen el aumento del bienestar material de la población con el cuidado de la naturaleza.

Ignorando, sin embargo, la importancia de fortalecer la institucionalidad ambiental, el presidente electo Gabriel Boric, en su primer discurso tras la elección, comprometió su influencia para impedir el desarrollo del proyecto minero portuario Dominga: “No queremos más zonas de sacrificio, no queremos proyectos que destruyan nuestro país, que destruyan a las comunidades y lo ejemplificamos en un caso que ha sido simbólico: No a Dominga”.

Se trata de una situación que reviste especial gravedad, porque con sus dichos el futuro Mandatario pasa a llevar completamente la institucionalidad ambiental, creando con ello incertidumbre jurídica y validando prácticas discrecionales. Cabe hacer presente que en la última campaña electoral todos los candidatos se manifestaron en contra del proyecto Dominga, reivindicando un protagonismo indebido del Ejecutivo en los procesos de evaluación ambiental. Es inevitable que este episodio recuerde lo que sucedió en 2010 con el proyecto Barrancones, que contemplaba la instalación de una termoeléctrica y un puerto cerca de la zona donde se busca desarrollar Dominga. Sebastián Piñera, recién asumido como Presidente, hizo gestiones personales para mover la ubicación del proyecto, a pesar de que éste contaba con la aprobación ambiental por parte de las instancias regionales. Piñera ha reivindicado esta actuación, asegurando que no se afectó la institucionalidad, y si bien el inversor finalmente optó por no llevar a cabo el proyecto, lo cierto es que el episodio ha quedado como un precedente paradigmático de discrecionalidad, haciendo menos predecible la institucionalidad ambiental, lo que ahora nuevamente se repite con Boric.

El Sistema de Evaluación Ambiental contempla que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) dirija un proceso que considera un estudio de impacto ambiental, consulta ciudadana, aclaraciones, adendas, etc., hasta culminar en un Informe Consolidado de Evaluación que, acompañado de la recomendación del mismo SEA es sometido a una Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) donde participan los Seremis de la región y el delegado presidencial. Es esta Coeva, compuesta por funcionarios designados por el Ejecutivo, la que da o niega la autorización para el desarrollo del proyecto. De sus decisiones se reclama al Comité de Ministros de Estado o, eventualmente ante los tribunales ambientales y la Corte Suprema. Como ilustra el caso Dominga, donde en su momento la Coeva rechazó la opinión favorable del SEA respaldada en el Informe Consolidado de Evaluación, con la influencia del Ejecutivo la tramitación de autorizaciones puede exceder los siete años.

La intención de detener cualquier proyecto donde técnicamente cabían mitigaciones para compatibilizar inversión con protección ambiental es dañina: se sacrifica innecesariamente un valor económico. El debilitamiento de la institucionalidad ambiental desincentiva todos los proyectos, porque anticipan incertidumbre, arbitrariedad o trámites engorrosos. En el caso de Dominga, estando hoy en manos de la Corte Suprema, resulta aún más compleja la determinación del presidente electo de impedir su desarrollo.