SEÑOR DIRECTOR:
Las democracias garantizan la seguridad, los medios para el sustento de la vida y la dignidad de las personas. Eso es lo que la comunidad venezolana residente buscó y encontró en Chile desde hace algunos años. Sin embargo, hoy vemos con preocupación cómo esas garantías se están debilitando.
Es imposible que no hagamos un paralelo entre el estallido social chileno del 2019 con lo que vivimos en Venezuela el 27 de febrero de 1989, el denominado “Caracazo”, en el que grupos con objetivos distintos a los que expresaba legítimamente la población, usaron esas demandas ciudadanas para destruir, saquear e iniciar una espiral de violencia, convulsión política y social de la que nunca más hemos salido.
Evidentemente, desde entonces comenzó también un brusco declive de la seguridad en Venezuela. Con enorme preocupación tememos que esta amenaza a la integridad e incluso a la vida de las personas, se repita en Chile, a partir del debilitamiento de la institucionalidad, un auge de la impunidad y la puerta giratoria.
El secuestro y posterior asesinato del teniente Ronald Ojeda, inédito en muchísimos aspectos, es un escalón más en la caída de la seguridad en el país. Por las características del caso, similares a los secuestros y ejecuciones por razones políticas en Venezuela, se hace urgente que exista una pronta respuesta para su familia y para todos quienes habitamos en esta nación acerca de los responsables de este condenable y fatídico hecho.
Los chilenos han edificado instituciones robustas, que en varias oportunidades han resistido “sismos” de altas magnitudes. Es imperativo que en este momento se dé una respuesta concreta a tan abominable noticia. El país lo necesita.
Guarequena Gutiérrez Silva
Académica Universidad del Alba
Activista de la comunidad venezolana en Chile
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