El diálogo social como base para una reforma de pensiones sostenible




Por Fabio Bertranou, director de la Oficina de la OIT para el Cono Sur de América Latina

Las reformas progresivas en el tiempo de la seguridad social y en particular de las pensiones son necesarias para lograr que los sistemas alcancen la necesaria universalidad, suficiencia y sostenibilidad en contextos demográficos, económicos y laborales cambiantes. Numerosos países en el mundo y particularmente en nuestra región están buscando impulsar reformas a partir de distintas instancias técnicas y políticas. Algunas de ellas no han logrado avanzar en sus respectivos congresos, aun cuando han estado fundadas en recomendaciones de comités de expertos.

Algunas de las razones que explican sus difíciles trámites legislativos se encuentran en que los procesos no han logrado la suficiente legitimación tanto ante la ciudadanía como, en particular, para los actores del mundo del trabajo, es decir, trabajadores y empleadores, quienes son los principales financiadores de los programas que otorgan seguridad económica para la vejez.

Los sistemas de pensiones tienen como objetivo principal entregar prestaciones que permitan la seguridad de ingresos en la vejez como también ante la incapacidad y la muerte de quien genera los ingresos laborales en el hogar. Las sociedades contemporáneas acuerdan mecanismos de contribución salarial a los sistemas de seguridad social para entregar prestaciones que permitan entregar ingresos que eviten la pobreza en la vejez y reemplacen ingresos del trabajo ante las contingencias antes mencionadas. Los gobiernos también participan en el financiamiento de los sistemas para permitir prestaciones para aquellos que no tuvieron trabajo remunerado o sus ingresos laborales fueron bajos e irregulares.

Los fundamentos de los sistemas de pensiones están en el mundo del trabajo, por ello, tanto las reformas, la rectoría de política pública y gestión de los sistemas, tienen que involucrar al denominado “tripartismo”: trabajadores, empleadores y gobiernos. Luego, los procesos de gobernanza también pueden incluir en forma complementaria a otros actores como los pensionados y administradores públicos y privados.

El diálogo social tripartito ha demostrado a nivel mundial ser un eje importante para sentar definiciones comunes, diagnósticos compartidos y principios orientadores acordados para enmarcar el diseño y el debate de cualquier reforma del mundo del trabajo, incluyendo las pensiones. Ese es el espíritu que guía, no exenta de desafíos, distintas experiencias internacionales como el Comité Orientador de Pensiones para el desarrollo de un diagnóstico compartido, en Francia; el Pacto de Toledo, para orientar los grandes ejes de ajuste en España; o la reciente Comisión de Expertos en Seguridad Social en Uruguay, para definir recomendaciones con el propósito de una reforma de las jubilaciones y pensiones en ese país.

El proceso de diálogo social anunciado por el Presidente Gabriel Boric, y que cuenta con la cooperación técnica de la OIT, puede generar las necesarias definiciones comunes y principios para orientar la reforma. Así, este proceso podría tener instancias legislativas e institucionales basadas en acuerdos logrados a partir de definiciones que cuentan con legitimidad ciudadana y de los actores involucrados. Con ello se podrá generar la confianza necesaria para desarrollar, interpretar y mejorar el impostergable proyecto de reforma previsional.

Los principios de la seguridad social, frutos del diálogo social generados en el seno de la OIT y enmarcados en el Convenio 102 de la Seguridad Social y la Recomendación 202 de Pisos de Protección Social, establecen principios como la universalidad, la suficiencia, la solidaridad, la sostenibilidad, la participación social y la responsabilidad del Estado. Son conceptos amplios que orientan el diseño de sistemas de pensiones. Al dejar espacio para la definición más específica a nivel nacional, los diálogos anunciados por el gobierno de Chile y respaldados en el Consejo Superior Laboral, integrado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la CPC y la CUT, servirán para acordar estos principios a una escala nacional, orientar el diseño y debate de la reforma, como también su necesaria legitimación ante la ciudadanía y especialmente ante trabajadores y empleadores.

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