Francia y la impunidad de Palma Salamanca

El rechazo a la solicitud de extradición del exfrentista Ricardo Palma Salamanca por parte de la Corte de Apelaciones de París, marca el epílogo de un largo proceso que se inició a fines de 1996, cuando Palma -condenado entre otros graves delitos por el asesinato terrorista del senador Jaime Guzmán- se fugó de la Cárcel de Alta Seguridad y permaneció prófugo de la justicia chilena hasta fines de 2017, cuando fue detectado en México con identidad falsa. Logró huir a Francia -previo paso por Cuba-, donde finalmente obtuvo la concesión de asilo político, lo que fue determinante para que los tribunales franceses denegaran ayer su retorno a Chile, consiguiendo así su libertad.

Francia cargará ahora con la afrenta de haber consagrado la impunidad de un terrorista, traicionando los valores más fundamentales de una democracia, al haber denegado el elemental derecho a justicia respecto de un crimen cometido a sangre fría y cuya autoría no podría estar en duda, porque además de la evidencia judicial incontrarrestable, ha sido ampliamente reivindicado por Palma y su propio entorno. Esta impunidad envía una peligrosa señal respecto de que la violencia criminal puede llegar a ser justificada por un determinado contexto político, lo que contraviene la doctrina de que la defensa de los derechos humanos no puede reconocer, tiempos, lugares ni contextos.

La decisión francesa supone también un total desprecio por la imparcialidad del sistema judicial chileno, en particular porque el tribunal acogió -sin fundamento alguno- la tesis de que los derechos fundamentales de Palma fueron violados, pues la confesión se habría conseguido bajo tortura, dejando entrever que si volviera a Chile, podría sucederle lo mismo, "por lo que su vida hoy seguiría estando en peligro". Esto contrasta con la visión expresada por el Presidente de Francia, según el cual Chile goza de un estado derecho y democracia ejemplar, lo que parece ratificar que el proceso en Francia ha estado permeado desde un inicio por consideraciones ajenas a lo jurídico.

Aun cuando la indignación es justificable, el país no debe desviarse de su compromiso de luchar contra toda forma de terrorismo en el contexto de los acuerdos internacionales que ha suscrito, entre otros con la propia Francia, sin perjuicio de que la petición para que Palma responda por sus crímenes en Chile debe mantenerse inquebrantable.

El apoyo que la causa de Palma encontró en un sector de la izquierda chilena e incluso en algunos parlamentarios que se reunieron con él en París -poniendo en duda que hubiese tenido un juicio justo en Chile- o que abogaron por la concesión de asilo, constituyó una grave imprudencia, cuyas consecuencias han quedado a la vista, causando un daño irreparable que debe motivar una profunda reflexión.

Algo positivo, sin embargo, es posible rescatar de todo este lamentable epílogo, pues si bien se ha consagrado la impunidad, el reproche moral parece en cambio haberse asentado con fuerza, y la gran mayoría de los sectores políticos ha concordado en que el asesinato de Jaime Guzmán es injustificable y sus responsables deben pagar sus culpas. Este nuevo estándar permite mirar con más optimismo el compromiso con la defensa de los derechos humanos.