Peligrosa naturalización de la violencia

Dos hechos recientes han causado impacto a nivel de opinión pública, por los alcances que cada uno de ellos implica. Uno de ellos es el vandalismo de que fue objeto el barrio Lastarria, en la comuna de Santiago, donde otra vez quedó de manifiesto la existencia de grupos dedicados a la destrucción de la propiedad pública y privada, escudándose en la protesta social. Las escenas de fachadas y restaurantes completamente vandalizados -con el público huyendo despavorido- quedarán como una triste postal, difícil de olvidar.

También se ha conocido que Jorge Huenchullán, werkén de la comunidad autónoma de Temucuicui, sobre quien pesa una orden de detención para que cumpla prisión preventiva a raíz de indagaciones por narcotráfico e infracción a la Ley de Armas, se encuentra prófugo, lo que fue facilitado por discutibles resoluciones de la Corte de Apelaciones de Temuco. Desde la comunidad de Temucuicui se aseguró que el comunero no se entregaría, y que entró en la condición de “clandestinidad política”. La PDI y Carabineros intentaron llevar a cabo un operativo de allanamiento al interior de dicha comunidad, pero finalmente tuvieron que replegarse, debido a la fuerte resistencia con armas de grueso calibre.

Aunque estos dos hechos aparentan no tener conexión, ambos están cruzados por un elemento que les resulta común, cual es la peligrosa naturalización de la violencia identificada con causas políticas. Estos acontecimientos tendrían que haber generado una masiva condena y reacciones de indignación, lo que claramente no ha sucedido, dando cuenta de un peligroso umbral de tolerancia, particularmente con lo sucedido en La Araucanía.

En el caso del barrio Lastarria, no es primera vez que ocurren destrozos, pero hasta ahora no habían alcanzado esta magnitud. La autoridad asegura que tomó medidas, y según explicó el Ministerio del Interior, un plan de seguridad impidió que manifestantes que participaron en protestas durante el viernes pasado se desplazaran hasta este barrio. Aun cuando es valioso que se estén tomando medidas, estos hechos no pueden limitarse a su mera condena pública. Ahora que la región cuenta con un gobernador y un delegado presidencial, se esperaría que ambas autoridades actuaran conjuntamente para impedir que continúe campeando el vandalismo, sobre todo en el centro de Santiago, pero también en otras zonas de la capital.

Lo propio cabría esperar en la zona de La Araucanía, sobre todo cuando cunde la evidencia de que allí están operando grupos con técnicas propias de la guerrilla rural y vínculos con el narcotráfico. En estas mismas páginas se ha hecho ver reiteradamente el perjuicio que genera la indiferencia social y política con la violencia que tiene lugar en esta zona. El que ni los tribunales, los fiscales ni las policías puedan ejercer con normalidad sus funciones, y que grupos se permitan desafiar abiertamente a las instituciones del Estado, confirma el desvanecimiento del estado de derecho, con todas las implicancias que ello tiene.

Cabe por lo mismo alertar nuevamente sobre la contradictoria señal que se está enviando al promover indultos para los “presos de la revuelta” y los “presos políticos mapuche”, pues con ello en la práctica se están validando ciertas formas de violencia, lo que una sociedad democrática no puede consentir.