¿Qué pasó con el gasto en programas mal evaluados?

Del total de programas que la Dipres ha evaluado en la última década, seis de cada diez han mostrado un desempeño insuficiente. Los que suman del orden de US$ 10.000 millones, cifra que en todo caso representa apenas una pequeña muestra de los recursos públicos que anualmente se malgastan, pues el porcentaje del gasto que se somete a evaluación no supera el 5% del total. Así, en el especial contexto que vive el país, el Ministerio de Hacienda se comprometió a examinar críticamente el gasto y a romper la inercia en la elaboración del presupuesto 2021.

Para ello examinó los programas mal evaluados, los subejecutados, aquellos cuyo monitoreo durante el año había mostrado problemas y los que los mismos servicios públicos a cargo de su realización indicaron como menos prioritarios, y propuso reasignar recursos desde éstos hacia otros con mejor desempeño o que dada la contingencia hubiesen cobrado relevancia. Este ejercicio permitió liberar US$ 742 millones que, sumados a los US$ 1.528 obtenidos de ajustes administrativos (como reducción en viáticos y en dotaciones máximas de personal), irán a financiar iniciativas como el nuevo ingreso mínimo garantizado, mayor gasto en programas de mejoramiento de vivienda y barrios, más subsidios de empleo, el aporte previsional solidario e incluso compromisos asumidos con anterioridad, como la extensión de la gratuidad en educación superior y de la carrera docente. Estas reasignaciones representan un inédito 15% del gasto público variable, es decir, de aquel que puede modificarse por la vía presupuestaria, sin necesidad de recurrir a otras leyes.

¿Se podría haber hecho más? Sin duda. Primero, porque aún hay espacio para mejorar la gestión de programas mal evaluados y racionalizar la oferta de beneficios del Estado. Segundo, porque se puede avanzar en dar mayor flexibilidad al gasto público, exigiendo mayor eficiencia no solo al 20% del gasto que es variable sino también a los compromisos de largo plazo. Pero quizás lo más importante es que el Congreso demostró que, más allá de ofensivas puntuales para defender materias que cuentan con el apoyo ruidoso de grupos de presión -como los fondos a universidades o a la cultura-, al final del día existió la voluntad necesaria para aprobar la reasignación de recursos desde ámbitos menos emblemáticos. A diferencia de años anteriores, en que los acuerdos durante la tramitación llevaron a aumentar el gasto total, en esta oportunidad se respetó el marco fiscal previamente acordado y todos los cambios realizados se hicieron sobre la premisa de que el alza en un área necesariamente requería de la reducción en otra. Esperemos que esta experiencia trace el inicio de un esfuerzo político permanente por mejorar la eficiencia del gasto público. Se vienen años duros en materia fiscal y si queremos mejorar la labor estatal para beneficiar a la ciudadanía, este es un camino en que debemos perseverar.