Fernando Atria, abogado constitucionalista (PS): "Si la acusación tiene éxito, afectará los equilibrios en el tribunal"

El abogado constitucionalista Fernando Atria (PS) defiende el derecho de los diputados de oposición a presentar una acusación constitucional contra tres ministros de la Corte Suprema, que en julio pasado decidieron otorgar libertad condicional a siete condenados por violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, subraya la necesidad de no reducir exclusivamente el debate de los hechos ocurridos en el régimen militar a las decisiones que emanan de la justicia.

"Se ha dicho mucho que esta es una acusación que pone en riesgo la independencia judicial, la institucionalidad, etc. Yo creo que este es el ejercicio de una facultad que tienen los diputados. En ese aspecto no hay mucho más que decir", sentencia de entrada el fundador del colectivo político de oposición "Casa Común".

"Este es un punto que se discutió mucho en la acusación que terminó con la destitución del ministro Cereceda a principios de los 90, en la cual el voto decisivo fue el del ahora Presidente Piñera. La acusación constitucional contra los jueces no tiene el sentido de revisar las decisiones, sino de castigar o cobrar responsabilidades por el abuso de poder que los jueces detentan. Los jueces tienen un poder público y ese poder se ejerce sujeto a reglas de posibles responsabilidades", asegura Atria.

¿Qué efectos políticos debería tener esta acusación?

Una de las cosas que es más notoria respecto a la manera en que se ha enfrentado el asunto de las violaciones a los derechos humanos desde el año 90 en adelante -quizás con la única excepción de la comisión Rettig- es que siempre ha sido a través de casos judiciales. No ha habido nunca en el Congreso discusión y decisión sobre estas cuestiones. Nunca se ha discutido, por ejemplo, si la ley de amnistía es una ley que debe ser derogada o no. Eso ha hecho que quienes tienen responsabilidad política -en el sentido de que sin haber sido los autores de estos hechos dieron apoyo político al gobierno que hizo eso- han zafado completamente. Y con esto de las condiciones para la libertad condicional pasa más o menos lo mismo. Evidentemente estas son cuestiones que en algún momento deben discutirse legislativamente, de modo que los ciudadanos podamos saber quiénes están en una posición y quiénes están en otra.

Qué responsabilidad le cabe a la oposición en que nunca se haya concretado esa discusión en el Congreso?

Ahí hay una cuestión más profunda que discutir. En los programas de Aylwin y de Frei estaba la derogación de la ley de amnistía, pero nunca se presentó un proyecto en tal sentido. Entonces uno puede preguntarse: ¿es esto parte de la justicia en la medida de lo posible? Pero lo que es importante enfatizar es que, independiente del resultado de esta acusación, esto muestra una característica de la transición que dura hasta hoy en materia de derechos humanos, que ha sido ignorarlos políticamente. Y no deja de ser extraño, porque es probablemente el tema más importante que ha estado en el centro del problema de convivencia política que tenemos los chilenos en los últimos 40 años. Que ese tema haya sido ignorado y esperar que sea resuelto mediante interpretaciones más o menos sensibles al derecho internacional, esperar que sea resuelto por los jueces, en definitiva, es una expectativa respetable en el sentido de que los jueces tienen que atender a eso, por cierto, pero es esquivar el bulto.

Esta semana usted planteaba que un mejor camino para abordar este debate era seguir el planteamiento de algunos sectores de la oposición de llevar el tema a la Comisión Interamericana de DD.HH.

Es que creo que la discusión en la CIDH permitiría justamente enfatizar este punto. Podría discutirse ahí cuánta responsabilidad en la situación actual la tienen decisiones judiciales erradas y cuánta la tiene el hecho de que esta cuestión ha sido enteramente dejada a decisiones judiciales en casos particulares. El contexto que da un procedimiento ante la CIDH es más adecuado para tener un efecto más amplio políticamente, que el que da una decisión sobre si destituir o no a tres jueces en particular.

Se puede inferir de sus palabras que al apostar por una acusación constitucional, los parlamentarios siguen sin abordar el tema de fondo.

Yo no estoy diciendo esto como un reproche a quienes empujan la acusación constitucional, porque ellos tienen que funcionar en el contexto de lo que ha sido la transición, tienen que actuar hoy. Una cuestión es el destino de la acusación constitucional, pero otra cuestión es que no es sano seguir ignorando ciertos hechos. Las libertades condicionales tienen que ser discutidas en la sede adecuada, que es el Parlamento. Aun cuando judicialmente se ha decidido que la ley de amnistía no es aplicable a estos delitos, la ley de amnistía sigue siendo válida en el sistema jurídico chileno, y tiene que ser derogada. Y eso también es una discusión legislativa.

¿Qué reflexión le merece que parlamentarios de la UDI puedan apoyar la acusación, bajo el objetivo de remover a jueces de "izquierda", como señalan ellos?

No sé cuánto de eso es genuino y cuánto de eso es un intento de torpedear la acusación. Puede ser una mera maniobra política. Es un hecho que si la acusación tiene éxito le correspondería a este gobierno nombrar tres ministros de la Corte Suprema. Y eso por supuesto afectará los equilibrios en el tribunal. Eso es parte del cálculo que habrá que tomar en cuenta al momento de decidir sobre ella.

Este es un factor que ha sido debatido al interior de la oposición. ¿Hasta qué punto debe incidir ese análisis en el curso que tomará la acusación?

Dado que si la acusación es exitosa termina en la destitución de tres jueces y en la necesidad de nombrar tres nuevos jueces, creo que es una consideración que quienes participan en este procedimiento tienen que tomar en cuenta.