Gobierno sale en defensa de Crispi ante ofensiva de la oposición tras nueva ausencia a comisión por lío de platas

Gobierno sale en defensa de Crispi ante ofensiva de la oposición tras nueva ausencia a comisión por lío de platas. Foto: Juan Farías / La Tercera.

Los ministros Luis Cordero y Carolina Tohá apuntaron que al jefe de asesores del Segundo Piso no le correspondía comparecer ante las citaciones del Congreso debido a la naturaleza de sus funciones. "Quienes se encuentran en el gabinete presidencial están sujetos a ciertas obligaciones de reserva por la forma y modo en que su gabinete funciona", planteó el titular de Justicia.


A raíz de la segunda ausencia consecutiva del jefe de asesores del Segundo Piso y exdiputado, Miguel Crispi (RD), a la comisión especial de la Cámara de Diputados y Diputadas que investiga las responsabilidades políticas en el lío de platas, la oposición activó una ofensiva en contra del exdiputado RD, a través de requerimientos a Contraloría y amenazando con recortar el presupuesto de Presidencia.

La nueva ausencia de Crispi caldeó los ánimos entre los diputados, quienes aprobaron por seis votos a favor y tres en contra oficiar a la Contraloría de la República para que se pronuncie si a Crispi, quien hoy está contratado a honorarios, se le aplican las obligaciones de un funcionario público, excusa que esgrimió para no comparecer la primera vez ante la comisión.

A ese oficio se sumó este viernes un requerimiento a Contraloría ingresado por los diputados UDI Guillermo Ramírez, Juan Manuel Fuenzalida y Felipe Donoso, quienes solicitan al ente dirigido por Jorge Bermúdez que, además de pronunciarse sobre si Crispi posee o no la calidad de empleado fiscal, determine el tipo de financiamiento del abogado Luis Hermosilla, quien asumió la representación legal del jefe de asesores en el marco de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público por los cuestionados convenios entre fundaciones y reparticiones del Estado.

Además, a través de una carta advirtieron a Boric que la bancada presentará una indicación a la Ley de Presupuestos 2024 para rebajar a $1 la partida correspondiente a la Presidencia de la República, de la cual depende Crispi. “No tenemos la confianza necesaria como para transferir millonarios recursos a una dependencia que se niega a ser fiscalizada”, dice el texto.

Gobierno sale en defensa de Crispi

En respuesta a la ofensiva, los ministros de Justicia, Luis Cordero, y del Interior, Carolina Tohá (PPD), apuntaron que al jefe de asesores del Segundo Piso no le correspondía comparecer ante las citaciones del Congreso debido a la naturaleza de sus funciones.

La ministra Tohá fue consultada por si existe algún impedimento para que Crispi asista a las comisiones. Ante lo que la secretaria de Estado recalcó que “no hay ningún impedimento, él no está obligado a asistir”.

Además, la ministra aseguró que el jefe de asesores “va a responder todas las consultas que sean formuladas por escrito”, respecto a las inquietudes relacionadas con su antiguo cargo como subsecretario de Desarrollo Regional.

El jefe de Justicia, en tanto, aseguró que los funcionarios que se rigen bajo el estatuto de la Presidencia de la República no está obligados a concurrir a las citaciones del Congreso, precisamente por las funciones que desempeñan.

“Hay una cosa que es distinta y que tiene que ver con algo más institucional, que son aquellas personas que trabajan en el gabinete de la Presidencia. Históricamente, de hecho, el personal de asesoría directa del Presidente ha estado contratado bajo la figura de honorarios”, apuntó Cordero en conversación con Radio Duna.

Y remarcó: “El estatuto de la Presidencia -la Presidencia tiene un estatuto legal, de hecho el sistema legal tiende a diferenciar el resto de la administración pública del estatuto aplicable al Presidente- el Presidente no está obligado a comparecer ante una Comisión Especial Investigadora. Por lo tanto, no solo tiene que ver con la condición del contratado a honorarios, sino que también que quienes se encuentran en el gabinete presidencial (están) sujetos a ciertas obligaciones de reserva y la forma y modo en que su gabinete funciona”.

En ese sentido, Cordero argumentó que la discusión no debería centrarse en las diferencias en las obligaciones de los funcionarios a contrata y honorarios, sino que en la condición de las funciones que desempeña Crispi.

“Si uno aceptaría eso (ser citados), imagínese el día de mañana o hacia atrás, los jefes de gabinete de presidentes futuros podrían ser citados a declarar. La pregunta adecuada es si hay obligación en la condición en la que se encuentra”, señaló el ministro de Justicia.

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