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El jefe del Segundo Piso acudirá a la sede legislativa en calidad de exsubdere para responder las dudas de los parlamentarios en torno a los polémicos convenios firmados entre entidades públicas y fundaciones.

Luego de que la UAF reportara transferencias por parte de Catalina Pérez al partido, la colectividad informó a la Fiscalía que los traspasos correspondían a las cuotas que "cada autoridad representativa" debía pagar al partido. Fueron $14 millones entre 2021 y 2023, y en los registros que adjuntaron al Ministerio Público también figuran aportes hechos por Giorgio Jackson y el jefe del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi, a la colectividad. Los documentos también dan cuenta de carencias económicas que les hizo solicitar cuotas por adelantado a parlamentarios de la tienda con sede en Esmeralda 761.

El presidente de esa instancia, el diputado Rubén Oyarzo, explicó que la cita se debe a su calidad de exsubsecretario de Desarrollo Regional (Subdere).

Los presidentes de la alianza de gobierno se reunieron ayer en La Moneda con el jefe del Segundo Piso. Ahí abordaron la contingencia y comenzaron a proyectar las discusiones que vienen.

Los dichos de la exsubsecretaria ante la justicia se dieron a contrapelo de lo que han sostenido el jefe del Segundo Piso y el ministro de Vivienda.

El jefe de asesores dijo no haber obtenido mayores detalles el 7 de junio cuando se contactó con la entonces subsecretaria de Vivienda. Sin embargo, esta última -en su segunda declaración ante el Ministerio Público-, aseguró que antes de que estallara el caso se comunicó por iniciativa propia con Crispi, exponiéndole una serie de antecedentes sobre los convenios suscritos por la seremi de Antofagasta y la ONG ligada a RD. Junto con esto reiteró que notificó de todo lo que estaba pasando al ministro Montes.

Por su parte, en su interrogatorio ante el Ministerio Público, la directora de presupuestos, Javiera Martínez (RD), explicó el control y funcionamiento de asignaciones de fondos para las fundaciones. Aseguró que con el imputado Daniel Andrade, representante de la ONG investigada y quien fue su pareja, no tenía contacto hacía más de tres años y que solo se enteró del escándalo por la prensa. Tanto Jackson como Crispi desconocieron vínculos con los involucrados en el caso, más allá de la militancia.

Los abogados del ex-RD formalizado por tres delitos de fraude al Fisco apuntan en contra de Verónica Serrano, exjefa del Programa de Asentamientos Precarios, como responsable de "desprolijidades" cometidas en medio de la fijación de convenios con fundaciones. Según ellos, las presiones que la profesional supuestamente ejerció derivaron en falencias en las transferencias de dineros.

En la misiva aseguran que si se formalizan cargos "contra de sujetos tan sensibles para la función gubernamental como el jefe de asesores de la Presidencia o la Directora de Presupuesto" éstos debieran ser "despojados de sus cargos", pero que en el caso del general director de Carabineros "utilizarán todas las herramientas para exigir que se respete el estatus especial que goza".

El militante socialista puntualizó que "se sacan una serie de conclusiones respecto a lo que eventualmente podría pasar y yo creo que no hay que especular, hay que hablar sobre hechos”.

Es la primera vez que uno de los miembros del gabinete aborda esta regla más allá de los casos que han afectado a las máximas autoridades de Carabineros y la PDI, lo que se da en medio de la investigación en contra del jefe de asesores, Miguel Crispi (RD), quien a medida que avancen las diligencias, podría ser eventualmente formalizado.

El jefe de asesores del Segundo Piso había tomado en octubre del año pasado los servicios de Luis Hermosilla en el marco de los líos de platas. No obstante, un mes más tarde rescindió de la defensa del abogado, quien está siendo investigado por el Caso Audios. Hace algunos días, además, sumó una nueva polémica que involucra al exdirector de la PDI, Sergio Muñoz.

El viernes en la tarde el jefe del Segundo Piso se reunió con los principales dirigentes de los partidos, en una instancia en la que se abordó la agenda estratégica del Ejecutivo y en donde las colectividades pudieron plantear sus discrepancias.

La reunión, a la que acudieron siete presidentes de partido, fue convocada por el jefe de asesores del Segundo Piso ayer jueves. El encuentro se produjo tras semanas agitadas para el militante de RD, luego que el pasado 22 de febrero declaró como imputado por la arista de Antofagasta de los líos de platas políticas.

La declaración del exseremi de Vivienda ante los investigadores se extendió por tres días. En suma, fueron más de 18 horas en las que desmenuzó su rol en la cuestionada repartición. Según él, todas las decisiones que tomó estaban visadas por las jefaturas, por lo que de haber irregularidades apunta a las mismas como responsables.