El aumento de investigaciones, imputados y operativos, también tiene impacto en las instituciones, ya sea económico o logístico. Así lo han distinguido no sólo en las organismos policiales e investigadores, sino que también en el propio gobierno, el que ha levantado alertas respecto al número de vehículos incautados.

Más allá de tener éxito en las investigaciones o sacar de circulación automóviles, después de aquello las incautaciones o decomisos, en este caso de autos, deben quedar bajo custodia de alguien, lo que muchas veces deriva en que las policías tengan que hacerse cargo de resguardar dichos automóviles, generando un impacto logístico para los espacios de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

Según fuentes conocedoras de esta situación, el Ejecutivo ha detectado que casi seis mil vehículos se encuentran retenidos en cuarteles policiales, por lo que la acumulación masiva está generando un impacto en los espacios operativos de las policías, las que cuentan con menos lugares para estacionar vehículos propios y destinar tiempo para otros fines distintos de los operativos.

Quienes saben de esta situación comentan que del total de vehículos incautados que están acumulados en recintos policiales, la mayoría se encuentra en la Región de Biobío, seguido de Los Lagos, La Araucanía, Maule y en la zona oeste de la Región Metropolitana.

A nivel institucional, las mismas fuentes agregan que Carabineros es la institución que más vehículos mantiene retenido en sus comisarías, con un amplio número de acumulaciones en comisarías de comunas como Arica, Pedro Aguirre Cerda, San Fernando, Arauco, Pozo Almonte, Cañete, entre otras.

Desde Carabineros señalaron que “los vehículos que permanecen en dependencias policiales corresponden a distintas situaciones y procedimientos, muchos de ellos sujetos a instrucciones de la autoridad competente. La institución cumple las diligencias y mantiene su resguardo conforme a dichas instrucciones”.

El origen del problema

Para que un vehículo llegue a ser incautado, existe un origen que, a su vez, determina el destino de estos bienes. En ese sentido, las policías pueden incautar vehículos a raíz de una situación penal o bien por infracciones de tránsito.

En el caso de las incautaciones penales, ese tipo de retención de vehículos se ejecuta cuando el bien tuvo directa participación en la comisión de un delito, forma parte de una evidencia, proviene de un delito o está vinculado a una investigación en curso. En estos casos, la obligación de la custodia recae sobre el Ministerio Público.

El otro escenario, cuando un vehículo es retirado por infracciones de tránsito, la labor de resguardo recae sobre los municipios, los que deben asumir aquello. En general, los municipios cuentan con sus propios aparcaderos municipales.

Debido a diferentes falencias del sistema, existe un gran número de vehículos que finalmente no son recepcionados por los organismos responsables y terminan en los recintos policiales.

La situación, además, genera gastos presupuestarios, ya que a diferencia de las incautaciones por infracciones de tránsito, las retenciones penales no generan una tarifa que después se cobre a los involucrados, costo de que debe ser asumido por alguna de las instituciones involucradas.

Respecto a aquello, la normativa establece que cuando un vehículo requisado en delitos queda en un recinto externo, debe ser financiado por el Ministerio Público, mientras que si es destinado provisionalmente a otra institución -como las policías- esta deberá asumir dichos gastos.

Una situación sin salida

Hasta ahora, la Contraloría ya ha abordado en algunos de sus dictámenes la compleja operatividad que significa la incautación de vehículos. El 2017, por ejemplo, resolvió que los municipios están obligados a habilitar espacios para la retención de los automóviles.

Años después, el ente fiscalizador determinó que si bien los municipios deben gestionar los recintos en los que se dejarán vehículos incautados, ya sea directamente o a través de concesiones con privados, en los contratos con estos últimos sólo obligan a cumplir a las municipalidades, por lo que otras instituciones como Carabineros no están obligadas a usar de forma exclusiva los recursos de grúas de concesionarios municipales.

Por lo mismo es que ha surgido el debate sobre cómo abordar la situación que aumenta cada vez más debido al mayor número de incautaciones, lo que genera un escenario incierto por ahora debido a la falta de regulación, lo que está generando un impacto en las policías.