Fraude al Fisco, cohecho y tráfico de influencias son algunos de los posibles delitos que la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente investiga en el denominado caso Junaeb, indagatoria que alcanzó a dos senadores -Miguel Ángel Calisto (IND.) y Sergio Gahona (UDI)-, y a un exdiputado, Hugo Gutiérrez (PC).

En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el director de la institución, Fernando Peña, entrevistado por Rodrigo Álvarez y Roberto Gálvez, sostuvo que las irregularidades -que denunció en mayo en el marco de las auditorías impulsadas por el gobierno- van a ser “muy difícil de explicar para la antigua administración y para quienes hoy día están siendo investigados”.

¿Qué saca de su participación el miércoles en la Comisión Investigadora de la Cámara sobre el caso Junaeb?

Dediqué la primera parte a explicar los montos de adjudicación del 2019 al 2024, que bordean los 3,8 billones de pesos; cuál es la cantidad de certificación asociada a ese monto por año y el mecanismo por el cual licitamos, evaluamos y adjudicamos (...). Luego, hice la descripción de los hechos que nosotros denunciamos al Ministerio Público y a Contraloría, con lo sucedido en la Región de O’Higgins, con estas onces que entre el año 2021 y 2023 le significaron a Junaeb pagar más de $ 14 mil millones sin ninguna contraprestación.

¿Quién autorizó eso?

Yo exhibí modificaciones de contrato que se hicieron durante la administración anterior firmados por la exdirectora en donde se aumenta el “maestro” -la proyección de raciones que se determina para cada licitación- y para mí ahí está la razón de por qué se van aumentando las raciones sin ninguna necesidad, sin ningún requerimiento objetivo. Las once, además, son un servicio que entregamos esporádicamente, el grueso del servicio son desayunos y almuerzos. (...) Programar toda esa cantidad de onces no tiene ninguna justificación. Eso va a ser muy difícil de explicar para la antigua administración y para quienes hoy día están siendo investigados, para mí ahí está el origen de lo que estamos denunciando: en el aumento y en la proyección de las raciones y en el pago a todo evento que se generó con los cambios en la licitación 18-20, en donde se le paga efectivamente el 60% de lo proyectado a la empresa (Soser) y que genera este desembolso de los $ 14.000 millones.

¿A qué irregularidad apunta y qué pasó con ese monto?

La empresa ha tratado de explicar que esto responde a un mecanismo de compensación y que fue una medida pensada desde la fatiga y del daño que causó la pandemia en las estructuras de costos de la industria. Sin embargo, es una versión que no resiste mucho análisis. Hay raciones proyectadas para el resto de la industria, pero para la empresa Soser están las 700 mil, las 600 mil o las 290 mil raciones (...). Se aumentó específicamente para esa empresa y para ese periodo en particular. Sé que no fue una medida de compensación general para la industria. Sobre en qué se ocupó la plata, dónde fue a parar o en qué se usó, es algo que yo desconozco y es la razón por la que la fiscal (Constanza) Encina está investigando.

¿Se está recién escarbando algo que es más profundo?

Creo que la fiscal ha ido encontrando otras dimensiones u otras aristas de la investigación. Lo que ocurre justamente en torno al lobby que existe en el seno de Junaeb y que es una cuestión histórica y que eventualmente puede generar procesos de captura. Este servicio público administra uno de los presupuestos más grandes del Fisco y tuvo procesos de captura incipientes. Quizás desde ahí se generaron todas estas redes, influencias e intereses que hoy se están investigando. (...) Espero que el proceso que está llevando a cabo la fiscal permita conocer la verdad de lo que ha ocurrido con Junaeb en las últimas décadas, tengo la impresión que esta es una situación que se acarrea desde hace décadas.

¿Qué responsabilidad le atribuye a Camila Rubio, su predecesora?

Como jefa de servicio tiene responsabilidades, comenzando por las administrativas, que serán determinadas eventualmente en un sumario, y las responsabilidades civiles o penales que las deberá determinar la fiscal. (...) No veo en qué escenario el jefe de servicio, que fue quien firmó las resoluciones que permitieron aumentar las raciones, puede decir “no tenía idea, no sabía”.

Ella es la cara más visible, pero han surgido otros nombres. ¿Hay alguno de ellos que siga dentro de Junaeb?

En los cargos de jefatura, no. Excepto una funcionaria que fue sujeto de medidas intrusivas, pero no tiene algún cargo de jefatura. La institución tiene que colaborar con la fiscal. De hecho, ya ha habido dos decomisos de servidores para acceder a correos electrónicos.

El abogado del senador Sergio Gahona (UDI) aseguró que la vinculación del parlamentario con el caso “es por haber realizado una activa fiscalización”. ¿Lo llamó el senador alguna vez?

No he tenido interacción (con él).

¿Y con el senador Calisto?

Sí, porque él es de una región donde hay una beca, la beca Patagonia Aysén, sobre la cual estamos permanentemente dando cuenta. Pero más allá de eso no tengo interacción con las personas involucradas y, si las tuviera, sería en el marco de mi trabajo.

¿Calisto estaba fiscalizando?

Sí, (sobre) la cantidad de becas y cuál era la demanda insatisfecha. De hecho, tuvimos una reunión incluso en la oficina para hablar sobre eso.

¿Cuándo fue eso?

Tiene que haber sido hace un mes y medio, dos meses atrás.

¿Antes de que estallara el caso?

Sí, por supuesto. (...) Creo que ambos, y todas las personas que han sufrido medidas intrusivas, tienen todo el derecho de defenderse. Además, es una dimensión de la investigación que no conozco.