Héctor Leiva, fiscal: “Los que cometen estos delitos actúan en condiciones que favorecen la impunidad”

Qué dificultades enfrentan fiscales y policías para identificar a los autores de hechos de violencia rural y qué herramientas se requieren para ello son preguntas que responde el jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía.


Héctor Leiva, jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía, responde por escrito a las preguntas de La Tercera con las cuales se busca conocer las razones de los escasos resultados que obtienen fiscales y policías al perseguir delitos catalogados como “violencia rural”, como son los robos con intimidación a camioneros e incendios a recintos públicos y privados.

¿Qué herramientas necesita la fiscalía para obtener resultados y condenar a los autores de violencia rural o actos terroristas?

La fiscalía ha hecho formalmente sus observaciones para reformar la Ley 18.314 que regula y castiga conductas de carácter terrorista, en aspectos que dicen relación con la exigencia subjetiva de la normativa (hoy además de probar el tipo penal base debemos probar la finalidad de infundir miedo en la población, lo que resulta difícil en la práctica), y en la necesidad de incorporar herramientas investigativas como agentes encubiertos e informantes que sí están consideradas en delitos de drogas, de lavado de dinero, sexuales e, incluso, en algunos delitos patrimoniales. Esto permitiría a las policías obtener información de mejor calidad sobre quienes desarrollan estas acciones.

¿Por qué las policías, que actúan bajo la dirección de la fiscalía, no logran obtener evidencias para identificar a los responsables?

Quienes cometen estos delitos actúan en condiciones que favorecen la impunidad. Normalmente con ausencia de testigos, en lugares despoblados donde no hay cámaras, en horarios en incluso condiciones climáticas adversas que dificultan la investigación. Utilizan guantes para no dejar huella y pasamontañas para no ser reconocidos e, incluso, hemos constatado que recogen los casquillos de las municiones que disparan para no dejar evidencias. Cuando no hay detenidos en flagrancia, debemos desarrollar investigaciones que por su complejidad requieren de mayores diligencias y tiempos de respuesta. En los pocos casos en que hay testigos las personas no quieren declarar, por miedo.

Hay casos en que hay detenidos por receptación de vehículos robados, pero luego el tribunal declara ilegales las detenciones. ¿Hay fallas en el proceder de la policía?

Hay que hacer el análisis caso a caso. En las situaciones que menciona, la fiscalía no ha compartido el criterio del tribunal y por lo mismo ha formalizado y seguido adelante con la investigación a pesar de la declaración de ilegalidad de las detenciones. Lamentablemente, para la receptación de vehículos la ley no contempla la posibilidad de un recurso de apelación por la ilegalidad de la detención, como sí ocurre en los robos, tráfico de drogas y otros delitos.

¿Es necesario mejorar los procedimientos de Carabineros y la PDI para evitar estas situaciones?

Sin duda, considerando que muchas veces la posibilidad de una condena se frustra por situaciones de este tipo. Este año en el juicio por el ataque incendiario a una iglesia de Padre Las Casas dos de los acusados fueron absueltos porque el tribunal cuestionó el procedimiento policial en el que fueron detenidos a bordo de un vehículo, junto a las otras dos personas que resultaron condenadas. Durante 2018 la Fiscalía Regional puso en marcha un observatorio judicial de violencia rural que realizó un análisis estadístico y jurídico de la totalidad de sentencias absolutorias (…) Este diagnóstico nos servirá como insumo para seguir trabajando en la capacitación de las policías y otros organismos colaboradores para mejorar falencias.

¿Por qué la fiscalía decide no perseverar en delitos graves?

Nos gustaría que en todos se lograra la identificación de los responsables y tener pruebas para condenarlo, pero cuando no ocurre necesariamente debemos adoptar decisiones como la de no perseverar. Como ocurre en cualquier otra fiscalía del país, aquí se deben usar racionalmente los recursos con que se cuenta -que siempre son escasos- y concentrarlos en casos de mayor gravedad o con probabilidades de un resultado. Y como expliqué antes, en estos casos desarrollamos investigaciones que por su complejidad requieren de mayores diligencias y tiempos de respuesta. A modo de ejemplo, en la investigación por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay trabajamos durante 3 años para identificar a las últimas personas que llevamos a juicio.

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