El descargo de Elizalde tras decisión de la CPC de acudir al TC para modificar la nueva ley de delitos económicos

Este viernes, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), se refirió al escrito presentado por la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) ante el Tribunal Constitucional (TC) para modificar la ley que sistematiza y penaliza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, reforma recientemente aprobada por el Congreso.

En entrevista con radio Cooperativa, el ministro Elizalde cuestionó que los empresarios no se hicieran parte del debate en la etapa legislativa del proyecto y esperaran su aprobación para acudir a mecanismos de control constitucional.

“Llama la atención que tras años de tramitación de esta iniciativa, una vez que la aprobó el Congreso Nacional, incluso el Presidente presentó indicaciones para mejorar el texto que fueron, a su vez, aprobadas por el Congreso; cuando el proyecto es sometido a control preventivo por tener normas orgánicas constitucionales, en ese momento se presente entonces téngase presente, la pregunta es porqué no se participó antes del debate, porqué no se hicieron valer estos puntos de vista antes”, se preguntó el exsenador socialista.

En su presentación, el gremio empresarial -que agrupa a la industria, la minería, la banca, la agricultura, el comercio y la construcción- solicitó al TC tener presentes “las consideraciones y vicios de inconstitucionalidad contenidos en preceptos del proyecto de ley”.

“Llama la atención por decir lo menos. Nosotros creemos que esta es una buena ley, una ley que garantiza que quienes cometen delitos de cuello y corbata respondan ante la Justicia con sanciones efectivas, que son un desincentivo para la comisión de estos delitos que dañan a tantas personas. Esperamos que finalmente el TC resuelva lo que corresponda, para proceder a la promulgación y que entre en vigencia esta ley”, cerró Elizalde.

La medida se aprobó por el Congreso el pasado 15 de mayo, pero el Ejecutivo introdujo un veto acotado al proyecto con el fin de realizar correcciones formales y -según explicaron desde la cartera de Justicia- evitar errores en la transición de un delito a otro y posibles ambigüedades en la interpretación de la norma.

Casi un mes después, el 20 de junio, ambas cámaras del Congreso visaron el veto introducido por La Moneda y el proyecto quedó en condiciones de convertirse en ley de la República, pero antes deberá sortear la revisión del Tribunal Constitucional.

En concreto, el proyecto “sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente”, y modifica diversos cuerpos legales, adecuando las penas aplicables, en pos de “abordar la conmoción y el rechazo social que generan los delitos de naturaleza económica y su impacto en el orden público económico”.

Esta propuesta era parte de los 31 proyectos de la agenda de seguridad que acordaron tramitar con rapidez el gobierno y el Congreso hace algunas semanas.