“Tomé conocimiento de un rumor el 7 de junio”: Miguel Crispi dice que se enteró de caso Democracia Viva nueve días antes de que estallara el escándalo

Tras su negativa para comparecer en dos citaciones anteriores, el jefe de asesores de La Moneda y militante de Revolución Democrática (RD), Miguel Crispi, finalmente se presentó este lunes ante la comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga los líos de platas políticas, caso conocido a partir de los convenios entre la seremi de Antofagasta y la fundación Democracia Viva.

Los 13 legisladores que integran la comisión buscan establecer responsabilidades políticas por irregularidades en los convenios entre reparticiones estatales y fundaciones. Con miras a ese objetivo, citaron a Crispi para conocer el rol del exsubsecretario de Desarrollo Regional en relación a un cuestionado programa subejecutado por la fundación ProCultura en Antofagasta. Crispi se desempeñó en la Subdere hasta septiembre de 2022.

Este tipo de contratos desató una crisis política de proporciones para el gobierno del Presidente Gabriel Boric, luego que el 16 de junio pasado, el medio regional antofagastino Timeline diera a conocer una serie de convenios por $426 millones que Carlos Contreras, entonces militante RD y secretario regional ministerial (seremi) de Vivienda de Antofagasta, autorizó en favor de Democracia Viva, la fundación de Daniel Andrade, también militante RD en esos días. Contreras había sido el jefe de gabinete de la diputada y expresidenta del partido oficialista Catalina Pérez y Andrade era hasta entonces pareja de la legisladora. La fundación debía ejecutar mejoras en campamentos bajo un giro que no tenía cuando se visó el traspaso de los dineros.

Andrade y Contreras fueron expulsados de RD y la militancia de Pérez en la tienda fue suspendida.

En su exposición ante los legisladores en Valparaíso -en una sesión que se extendió por más de tres horas-, Crispi admitió que tuvo conocimiento de la situación de Democracia Viva de manera informal nueve días antes de que estallara el caso, tras lo cual -dijo- sostuvo un diálogo con la entonces subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas.

El 24 de junio el gobierno solicitó a Rojas su renuncia. Esa misma jornada, la ahora exautoridad debió referirse a un correo electrónico que fue filtrado y que recibió el 2 de mayo desde la Asociación de Funcionarios del Serviu, en el que le informaron sobre las particularidades de la fundación y sus lazos con el ministerio que encabeza Carlos Montes. Rojas confirmó que estaba al tanto de las irregularidades y que “no alcanzó” a advertirle al titular del Minvu.

Adelantándose a la presentación de Crispi, el diputado de Renovación Nacional y presidente de la comisión, José Miguel Castro, explicó a La Tercera que la sesión buscaba abordar cómo Crispi “reaccionó con estos hechos, de qué manera él se involucra con Revolución Democrática, y de esa forma poder establecer claramente si La Moneda mintió o no mintió”.

El jefe de asesores de La Moneda llegó al Congreso previo a la sesión y estuvo algunos minutos en la oficina de la Segpres. El diputado Castro fue a darle la bienvenida. “Yo lo saludé. Espero que se diga la verdad y se respondan las preguntas”, dijo el legislador opositor. Allí estaban también los diputados Andrés Celis (RN), Gonzalo Winter (CS) y asesores de la Segpres.

Ya en la sesión, en la sala Carlos Lorca, del segundo nivel del Congreso, consultado por los diputados Yovana Ahumada (Ind.) y Juan Carlos Beltrán (RN) por las fechas en que el gobierno supo del caso, Crispi recalcó que “el Presidente de la República se enteró el día 16 de junio”.

“Como jefe de asesores tomé conocimiento de un rumor el día 7 de junio”, reveló a continuación, indicando que uno de los integrantes de su equipo de asesores (de quien no dio el nombre) le hizo saber de la situación en un diálogo, tras lo cual él derivó esa información a la subsecretaria Rojas.

“Le digo a la subsecretaria que tome el caso, que lo investigue”, señaló.

El asesor de gobierno precisó que no hubo una comunicación escrita, por mail o mensajería, y que la solicitud a la subsecretaria la hizo mediante un llamado telefónico.

“No fue por escrito. Le dije (a la subsecretaria) que se investigue y se tomen las decisiones que se tienen que tomar donde corresponde”, expuso.

Sobre el actuar de la exautoridad del Minvu, evitó hacer una evaluación.

“Este es un asunto muy delicado, porque los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar cuando están frente a un hecho que revista características de delito. No solamente en este caso, es una función sensible que tiene que ver con que los funcionarios tienen el deber de garantizar que no haya un mal uso de recursos, lo que no se contradice con cierta prudencia en el momento de recabar antecedentes. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) tardó dos meses en investigar los antecedentes para tomar una definición. Yo desconozco los antecedentes que tenía a la vista la subsecretaria, no los conozco, lo que puedo decir es que cualquier funcionario público que tiene responsabilidad la ejecuta, eso es lo que se espera, con cierta prudencia”, argumentó.

Consultado si se arrepentía de haber visado con su firma el proyecto de renovación de fachadas de ProCultura con el Gobierno Regional de Antofagasta, el otrora subdere dijo que firmar era lo que procedía tras la evaluación técnica. “Si yo no hubiera firmado habría estado en falta”, señaló.

“Alberto Larraín no es conocido mío”, dijo sobre el cofundador de Fundación ProCultura; “sobre la ‘manito’ de pintura, no es una manito de pintura. Acá hay un trabajo de muchos años, cuando hay una restauración patrimonial, uno se da cuenta de que no es una ‘manito’ de pintura”, manifestó frente a los cuestionamientos de algunos legisladores.

En su exposición, Crispi también enfatizó la diferencia de este caso con lo ocurrido entre el Minvu y Democracia Viva.

“Mi exposición no tiene que ver con esta fundación, tiene que ver con defender un procedimiento”, dijo, detallando que la entidad cuestionada está ejecutando proyectos desde 2009 y se vincula con la región desde antes de que asumiera Ricardo Díaz como gobernador, durante el gobierno de Sebastián Piñera, a través de la Intendencia de Antofagasta.

“La idea de que sea ProCultura la institución que colabora con el gobierno regional no es ni siquiera de Ricardo Díaz, es del gobierno anterior, del exintendente, ese es el inicio”.

Al comenzar la sesión, el exdiputado dijo respetar “la labor de fiscalización” de la Cámara de Diputados y manifestó su intención de colaborar, admitiendo que se generó una situación incómoda por su negativa inicial a comparecer. Los diputados de la comisión pidieron a Crispi explicaciones por esa negativa.

La sesión se desarrolló en modalidad mixta, presencial y telemática. Partió pasadas las 10.30 y se interrumpió algunos minutos por un temblor. Estaba autorizada para durar tres horas y superó en veinte minutos ese límite.

Crispi dijo que decidió asistir luego de escuchar la opinión del contralor Jorge Bermúdez, autoridad que hace dos semanas en la misma comisión sostuvo que “cualquier persona en un Estado democrático que está en una posición de poder tiene el deber de rendir cuentas”.

Ante la querella de diputados del Partido Republicano en su contra, Crispi explicó que como funcionario de gobierno pudo haber accedido a una defensa judicial financiada con platas públicas, precisando que no lo hizo y contrató en forma personal al abogado Luis Hermosilla para que lo representara.

“Parlamentarios se querellan en contra de un asesor de gobierno, por tanto, lo obligan a contratar un abogado y a prepararse para su defensa en fiscalía (...) Luego esa misma persona es citada a una comisión investigadora donde se le hacen preguntas orientadas a debilitar su defensa en la fiscalía. Creo que debe haber un debate respecto a los alcances de cómo se usan las herramientas del derecho con objeto políticos”, comentó Crispi.

“No corresponde, al menos por un tema de decoro, que se haga alusión a que me están haciendo preguntas para luego darle ventaja al Ministerio Público. Yo no estoy aquí para defenderme, no tengo nada que ocultar”, afirmó, cuestionando el carácter de algunas preguntas que le hicieron. En esa línea, dijo que pudo haber planteado que asistiría a la comisión una vez finalizado el proceso judicial que enfrenta.

Por otro lado, Crispi recordó que en su condición de asesor no tiene firma para oficiar o solicitar sumarios.

“Con el rumor que tuve en mis manos, no habría caracterizado eso como delito”, apuntó.

El senador Juan Ignacio Latorre es otra de las figuras de RD que conoció el caso con anticipación. Antes de que se revelaran los convenios, la directiva nacional de RD, que encabezaba entonces Latorre, sostuvo un reservado encuentro telemático con parte de los involucrados, en el que se detallaron los antecedentes respecto del conflicto de interés y la existencia de una investigación de la prensa regional.

Al día siguiente de que se conociera ese dato, a principios de julio, se le preguntó a Latorre si había informado a autoridades del gobierno antes de que estallara el escándalo. El senador aseguró que no puso en conocimiento ni al ministro de Vivienda, Carlos Montes, ni al exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Al ser consultado si había alertado a otras autoridades de La Moneda, guardó silencio. “No le informé ni al ministro Montes ni a Jackson”, reiteró sin responder a la pregunta directa de la prensa que lo conminaba a despejar si lo había hecho en el caso de otras autoridades. Cuando se le preguntó específicamente por Miguel Crispi, el senador dijo: “No voy a responder eso”.