El Presidente Gabriel Boric estaba molesto y realizó un gesto ofuscado.

Pasadas las 12.59 horas del viernes 30 de diciembre de 2022, el equipo de comunicaciones del Mandatario había hecho uno de los anuncios más importantes en su primer año de gobierno y que implicaba un compromiso personal adoptado en campaña por el Mandatario frenteamplista: la entrega del listado con 10 indultados por el Presidente que habían sido detenidos en el marco del estallido social y que incluían, además, al exfrentista Jorge Mateluna.

La molestia de Boric -que estaba junto a la ministra Camila Vallejo y al exministro Giorgio Jackson a punto de despegar desde el aeródromo de Tobalaba a Viña del Mar por los incendios- se debió a que el documento tenía un error. Así lo hizo ver a los medios de comunicación el equipo de Marcela Ríos, entonces ministra de Justicia, 30 minutos después: Luis Castillo y Sebastián Montenegro no debían aparecer en el listado y sí correspondía que estuvieran Alejandro Carvajal y Matías Rojas.

Por una desprolijidad se incluyeron nombres diferentes en la nómina que había sido visada por el jefe de gabinete del Presidente, Matías Meza-Lopehandía, uno de los mentores políticos de Boric en la universidad y que había seguido el proceso de los indultos desde su inicio.

Finalmente, a las 15.12 minutos Presidencia entregó la lista final con 13 indultados, que incluida definitivamente a Castillo y Montenegro.

A un año de esos hechos, la decisión del Presidente Gabriel Boric sigue como una marca en la gestión del gobierno que ha sido utilizada reiteradamente por la oposición para acusarla de avalar la violencia ocurrida durante el estallido social. La reciente detención de Luis Castillo en Copiapó en un confuso incidente en estado de ebriedad reabrió la herida e hizo temer al oficialismo de que el asunto impactara en los resultados del plebiscito del 17 de diciembre.

Las dudas por Castillo

El nombre de Castillo siempre fue motivo de controversia interna. Fuentes del Ministerio de Justicia aseguran que la ministra Ríos advirtió que no era buena idea indultarlo debido a su amplio prontuario. Había sido condenado por siete delitos, entre ellos robo y maltrato a Carabineros. De hecho, hay ministros del gabinete que coinciden en la versión de que el Presidente Boric no lo tenía en su lista.

Pero ya era demasiado tarde. Una vez difundida la lista, quedó instalada la duda sobre el grado de conocimiento del Presidente de los antecedentes penales de los indultados, una interrogante que el gobierno se ha negado a responder.

Por ello, la oposición y algunos sectores del oficialismo mantienen firmes sus cuestionamientos a los indultos, y los errores que se produjeron en su divulgación. Fallas graves que provocaron la salida de Meza-Lopehandía del gabinete presidencial y la renuncia de la ministra Ríos antes de enfrentar una acusación constitucional en el Congreso que no prosperó.

La decisión

La mañana del viernes 30, Meza-Lopehandía llamó a cada uno de los presidentes del oficialismo. Con los de Apruebo Dignidad el tono era de celebración. Y es que en ese sector varios habían presionado desde el principio para que el Presidente cumpliera su promesa.

De hecho, la idea original era hacer el anuncio durante los primeros meses de gobierno, dada la presión creciente de los familiares. En ese momento la encargada de contenerlos era la ministra Ríos.

Pero luego hubo un cambio de planes. El comité político de ese momento, entonces integrado por la exministra del Interior Izkia Siches y por Giorgio Jackson como cabeza de la Segpres, determinó con el Presidente que había que esperar el plebiscito del 4 de septiembre. En ese momento en el Ejecutivo estaban confiados en el triunfo del Apruebo que consagraba una Constitución afín a las demandas sociales que gatillaron el estallido. De ser así, la noticia sería bien recibida. Pero ganó el Rechazo, y por amplio margen.

Con el triunfo del Rechazo y la llegada de la ministra del Interior, Carolina Tohá, el plan se atrasó. La idea ahora era hacer el anuncio el 24 de diciembre, en la previa de la Navidad. En las conversaciones que tuvo el comité político entre octubre y noviembre para evaluar el tema la nueva jefa de gabinete manifestó su oposición a la idea de anunciar indultos. Quienes recuerdan esos diálogos sostienen que Tohá advirtió que el anuncio iba a resucitar los cuestionamientos sobre la violencia que se originaron en el estallido social. Pero el Presidente tenía la decisión tomada.

Cuando llegó la fecha acordada, se desataron los incendios en Valparaíso, lo que obligó a postergar. En ese entonces la decisión estaba en manos del Presidente, Ríos y Meza-Lopehandía.

Todo ocurrió una semana después, el 30 de diciembre.Ese día las familias de los “presos del estallido” llegaron a las afueras del Ministerio de Justicia para hacer presión.

Mientras, en La Moneda, se realizaba un consejo de gabinete en el que el Presidente arengó a los ministros a tener un buen segundo año de gobierno. En ningún minuto se habló de los indultos y, más allá del comité político, los ministros no estaban enterados del anuncio.

La idea inicial del comité político era que al salir del consejo fuera Vallejo quien entregara la información de los indultos, pero finalmente la vocera no lo hizo y todo se informó a través de los comunicados.

A esa hora, la ministra Tohá se encerró en su oficina en La Moneda, calculando los costos políticos que traería la decisión y los efectos sobre el acuerdo por seguridad que en esos días negociaba con la derecha.

En la tarde, Boric, desde Viña del Mar, aseguró que los indultados “no son delincuentes” y que, pese al error, no había sido una decisión improvisada.

La Secom entregó una minuta a todos los ministros que traía varias consideraciones, además del número de beneficios que había otorgado cada antecesor de Boric.

“El estallido social fue un conflicto político y social que configuró un contexto excepcional y que, en consecuencia, exige una respuesta excepcional por parte del Estado que permita reconciliar no sólo a quienes se encuentran condenados, sino también a sus familias y a sus grupos más cercanos”, decía el texto.

Otro argumento esgrimido fue que “este es un compromiso adquirido ante la ciudadanía que debe materializarse. En política es importante cumplir las promesas”.

De todas formas, en el gabinete sabían que era complejo entregar vocerías del tema y en la instancia de despliegue comunicacional, en la que participó la Secom, se discutió qué ministros estarían a cargo de explicar las confusiones que había dejado la decisión del Presidente. En un minuto se propuso a la exministra Ana Lya Uriarte, pero finalmente Meza-Lopehandía les encargó esa tarea a Vallejo y Tohá.

No acabó todo ahí. Porque poco a poco se fueron exponiendo los expedientes de cada uno de los indultados y el Presidente llegó a sostener que estaba convencido de la “inocencia” de Jorge Mateluna, lo que motivó un conflicto entre poderes del Estado y la respuesta inmediata de la Corte Suprema.

Secuelas

Una semana después, el viernes 6 de enero, Boric llegó pasadas las 21 horas a su casa en el barrio Yungay. Lo esperaban sus mejores amigos para compartir un asado. Ese día, dicen en el entorno del Mandatario, ha sido de los más difíciles en el cargo, ya que fue cuando decidió pedirle la renuncia a la ministra y también a Meza-Lopehandía, su escudero en el gobierno, por los errores cometidos en la decisión.

Este jueves, a las 12.30 horas, a poco menos de un año, el Presidente bajaba las escaleras de La Moneda cuando fue consultado por La Tercera: “¿Se arrepiente de los indultos?”.

El Mandatario no quiso responder.