El gobierno de Nicaragua liberó este martes a más de 1.000 presos comunes, por lo que, con esta decisión, habrían sido excarcelados cerca de 4.000 convictos en 2021, una cifra que se eleva hasta los 26.000 desde 2016.
“Con este paso a la convivencia de más de 1.000 familias, el día de hoy estamos alcanzando ya a 26.000 familias que han sido reunificadas desde 2016 (...) Mañana vamos a dar los datos precisos porque no los tengo aquí en este momento”, dijo la vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, en un comunicado, según reportan medios oficialistas afines al presidente del país, Daniel Ortega.
La medida, que implica “una nueva oportunidad para enderezar el camino”, ha sido justificada por la Presidencia en base a las fechas navideñas, que representan “alegría y felicidad” para los ciudadanos de Nicaragua.
“26.386 personas, o sea familias, han pasado al régimen de convivencia familiar (...) incluyen a traqueros, otros los llaman terroristas, criminales, pero, al fin y al cabo, recibieron la generosidad del pueblo nicaragüense y fueron puestos en libertad”, indicó.
Sin embargo, el gobierno de Ortega no ha dado datos sobre los presos políticos que permanecen en las cárceles del país. Cerca de 160 están entre rejas y han denunciado, a través de sus familias, malos tratos y torturas, según recoge el diario “La Prensa”.
En noviembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos acusó al gobierno de Nicaragua de desacato por no cumplir las medidas adoptadas por el organismo respecto a la liberación de más de 20 presos políticos.
El ente defendió que las posiciones adoptadas por Ortega y Murillo constituyen un acto de desacato a la obligatoriedad de las decisiones dictadas por el organismo, a la par que va en contra del principio internacional de acatar sus obligaciones convencionales de buena fe, recogió el mismo periódico nicaragüense.