En diciembre del año pasado, la Corte de Apelaciones de Copiapó rechazó la solicitud de la Fiscalía Regional de Atacama para desaforar al diputado de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, considerando que las conductas por las que se intentó llevar a juicio al legislador no revestían la responsabilidad penal atribuida y que los antecedentes aportados por el ente persecutor resultaron insuficientes para privarlo de su fuero.

Según el Ministerio Público, el legislador habría facilitado un acuerdo para que la Municipalidad de Tierra Amarilla desistiera de una demanda ambiental en contra de la Minera Candelaria. La compañía habría pagado US$7 millones a cambio de que el exalcalde, Osvaldo Delgado, condenado por delitos de corrupción y ya fallecido, revirtiera las acciones contra la minera.

El diputado había sido formalizado en octubre, pero al rechazarse el desafuero, el proceso no podía continuar.

“El Ministerio Público tiene el convencimiento de que en este caso hay antecedentes suficientes tanto de la existencia de un delito como de la participación del honorable diputado en el mismo”, indicó entonces la fiscalía, anunciando que buscarían la forma de revertir la situación, apelando ante la Corte Suprema.

Frente a la insistencia del Ministerio Público, la defensa del diputado, presentó en enero un recurso en el Tribunal Constitucional (TC) que fue declarado admisible, suspendiendo la causa.

Este viernes, en tanto, el Tribunal Constitucional dio a conocer su veredicto respecto a la presentación que los defensores del parlamentario hicieron bajo el argumento de que la jugada de la fiscalía estaba fuera de la normativa legal.

En su resolución, el TC acogió la tesis de la defensa -liderada por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz- y declaró inconstitucional la apelación que había realizado el ente persecutor.

De esta manera, el caso llega a su fin, en la práctica.

“Estamos muy satisfechos con la sentencia del TC, porque acoge nuestro planteamiento y consolida definitivamente el rechazo del desafuero del diputado Jaime Mulet, lo que significa que se ha acreditado su inocencia. Ya hemos pedido su sobreseimiento definitivo y esperamos que la investigación penal en contra del fiscal regional Alexis Rogat avance en su formalización, porque las acusaciones del Ministerio Público eran falsas. Es fundamental esclarecer y sancionar la investigación irregular que se siguió contra el diputado”, indicaron en una declaración los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz.