Durante estos días estaba contemplado que el gobierno ingresara indicaciones al proyecto de ley de Universidades Estatales, las cuales recogían una serie de aspectos que habían solicitado los parlamentarios de la Nueva Mayoría. Entre ellas, se buscaba incluir que si un plantel rebaja o pierde su acreditación, el rector podría ser removido de su cargo. Tras la intensa polémica que se generó una vez conocida dicha indicación, el Ejecutivo resolvió no incluir esta facultad, lo que es acertado.
Una medida así atentaba contra la autonomía de las instituciones estatales y abría la puerta para que en el futuro se plantearan medidas similares en planteles privados. Asimismo, distorsiona los efectos de la acreditación, la cual no tiene como fin incidir en el destino de las autoridades, sino que su objetivo está en el mejoramiento continuo de la institución, trabajo que muchas veces excede el periodo de un rector.
Poner excesiva presión sobre el sistema de acreditación -como, por ejemplo, lo es la elegibilidad para recibir alumnos con ayudas estudiantiles- llevó a escándalos de corrupción en el pasado. Incluir una consecuencia tan drástica como la descrita, exacerbaba esa situación.
Si bien es clave promover la calidad, deben buscarse los mecanismos adecuados para ello, y en ningún caso éstos debieran poner en riesgo la autonomía de las instituciones.